Será en los tribunales donde se decidirá la reforma electoral: Germán Tena
MORELIA, Mich., 01 de marzo de 2011.- Será en los tribunales donde se decidirá el futuro de la reforma electoral para Michoacán, sentenció el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Tena Fernández, quien recordó que ya se interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la no publicación de los decretos por gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. Al respecto, el jefe estatal panista también indicó que desde el Congreso del Estado tanto el PAN como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrían unirse para promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que aún se valora, pues no han transcurrido más que poco más de 10 días y existe un plazo de 30 días para hacerlo. Germán Tena indicó que tanto el Ejecutivo estatal como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han demostrado que están dispuestos a todo con tal de que la legislación electoral quede como está, pero anticipó que el PAN en contraparte hará uso de todas las herramientas jurídicas para que la reforma electoral se publique y entre en vigor para el proceso electoral de este año. A juicio del líder del blanquiazul, la reciente presencia del ex magistrado Leonel Castillo en Morelia obedeció a un interés del gobierno estatal y del perredismo por tratar de justificar públicamente las medidas que han tomado para no avalar la reforma electoral que se requiere en Michoacán, pero el intento fue fallido, toda vez que el ex presidente de la Sala Superior del TEPJF indicó que también al Congreso del Estado le asiste la razón en sus argumentos. Además, Tena Fernández aseguró que finalmente los que tomarán la decisión en torno a la procedencia o no de la reforma electoral en Michoacán serán los actuales magistrados electorales y no los ex miembros de esa institución. Finalmente, insistió en señalar que el Ejecutivo estatal incumplió con un mandato constitucional y del Congreso de la Unión al no publicar en tiempo y forma la reforma electoral, situación que el Legislativo trató de enmendar y a la que evidentemente se negó la administración estatal.
