Participa Daniela de los Santos en foro sobre regulación de la marihuana
MÉXICO, DF, 27 de enero de 2016.- Hoy, frente al agotamiento del modelo de regulación del uso, consumo y transporte de la mariguana, y a la política prohibicionista ineficaz, no se podrá construir un espacio pacífico que garantice la protección de los derechos de las personas, si en este no se conciben alternativas claras respecto de lo que se prohíbe, capacidad institucional, legitimidad legal y respaldo social, concluyeron los integrantes del Panel Regulación en relación con la Seguridad Pública, realizado en el marco de las mesas de debate sobre la regulación del uso de la mariguana y en el que la diputada federal, Daniela de los Santos expuso las conclusiones del mismo.
De acuerdo a un comunicado de prensa, ahí mismo, participó también la Dra. Catalina Pérez correa del CIDE, Amaya Ordorika Imaz, representante de la Comisión Mexicana de defensa y promoción de los Derechos Humanos y el Dr. Fernando Gomez Mont, ex Diputado Federal y promotor de varias Reformas Constitucionales en materia de justicia y Derechos Humanos, quienes se refirieron a éste como un tema urgente, debido al aumento en la tendencia del consumo de la droga.
Como referencia de ello, señalaron que los procesamientos en materia de sustancias y drogas realizados por las autoridades, el 58% de fueron por posesión de marihuana.
Por tanto, es necesario que se realice una efectiva despenalización del consumo, regular la siembra, cultivo y transportación, así como llevar a cabo efectivas acciones policiales de control y prevención en términos de bienestar social, seguridad y salud, a través de instituciones fuertes y funcionarios capacitados.
Expresaron que si bien es cierto, la adicción es un problema médico, la criminalización ha obstruido la atención y el acceso a medidas de rehabilitación, reduciendo significativamente el presupuesto para ello, lo que rompe con la cadena secuencial para el combate del problema, que debería comenzar con políticas públicas de prevención.
Concluyeron pues que, si bien es cierto, la ineficacia de una ley, no la invalida; si obliga a realizar un análisis para reconocer de qué forma afecta su aplicación, así como a construir alternativas para solo implementar aquellas prohibiciones que tienen un amplio respaldo social, así como legitimidad legal e institucional, para que ello permita su eficacia.
