Visiones y percepciones/Etelberto Cruz Loeza
VISIONES Y PERCEPCIONES
SE RENUEVA LA ESPERANZA
INICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RAMÍREZ BEDOLLA.
Finalmente en fecha casi crítica, la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en resolución salomónica y con el perfil Leopoldesco de la elección federal del 2006 – reconoció que presencia de la delincuencia y que influyó en determinados municipios – (incluso anuló el resultado), pero ese porcentaje – el 2.2% - no fue determinante para el cómputo final de la elección - , ratificó el triunfo del señor Alfredo Ramírez Bedolla y será titular del poder Ejecutivo de nuestro estado por el sexenio 2021-2027.
Michoacán tiene nueva administración estatal y, naturalmente se renueva la esperanza, sin embargo, varios escenarios no cambiarán, permanecerán invariables y se ignora cuándo serán positiva y socialmente diferentes:
1°. Los tiempos en los cuales se configura la decisión de esta institución, son, en la práctica, evidente falta de respeto a la sociedad, a la ciudadanía y a los contendientes, al ofrecer su determinación inapelable en tiempos críticos: de minutos de prelación al acto que están determinando. ¿Habrá manera de que los tiempos se acorten? Para todos, tanto para los que solicitan la protección de la justicia federal en materia electoral e impugnan como de los impugnados e inicialmente declarados electos. Aunque es posible preparar todo: gabinete, grupo de transición-entrega recepción, Libro Blanco, etc., etc. ¿qué necesidad existe para andar a las prisas?
2° En nuestro caso, los escenarios y factores señalados como protagonistas – inseguridad y narco delincuencia -, ahí están y son inocultables, y tan lo son y están, que se anuló el cómputo del proceso en 4 municipios y, curiosamente, ese efecto del vació de poder y de carencia de ingobernabilidad, ahí continuarán, pase lo que pase. No desaparecerán como por arte de magia o ensalmo.
3° Sucederá lo mismo con la insolvencia financiera. También, ahí continuará porque, si bien los gobiernos populistas dan triunfos y producen Ejecutivos populares, pero no son garantía de gobernabilidad, honestidad, efectividad=eficiencia y transparencia. En tanto no haya verdadera voluntad y acción de limpiar=revolución administrativa, esta situación semeja el suplicio de Tántalo: llenar un barril sin fondo y darle comer a musarañas y, por otro lado, que la actitud de la presidencia de la República repitió la cerrazón de Luis Felipe Calderón Hinojosa con su tierra, Michoacán. Está la realidad.
Del inicio del siglo XXI a la fecha, nuestro estado no ha tenido aceptables titulares que ejerzan el poder Ejecutivo con honestidad, transparencia, eficacia, gobernabilidad y ofrezcan clima de seguridad social que genere tranquilidad social; unos por el apellido, otros por el populismo y los compromisos se sienten, o se saben dueños del estado, y han dado al traste con la administración, que se sintetiza en insolvencia e inestabilidad social; viene al caso los juicios del Dr. Salvador Nava, exgobernador de San Luis Potosí: Lo que la gente pide es que haya honestidad en el gobierno y que se hagan bien las cosas. Quiere Buen gobierno, que se cumplan las leyes. Quiere que quienes ocupen los cargos públicos sirvan al pueblo y no se sirvan de los puestos; que quienes gobiernen no se enloden con delitos y complicidades. Pienso que se debe gobernar, no mandar.
Iniciada ya la nueva administración, Ramírez Bedolla, están frente a ella y él, el gobernador en funciones, ahí están los retos, que no son otra cosa que la realidad.
Y la realidad muestra que uno de los principales retos es la inseguridad y la protección ciudadana, pero no solamente la referente a los delitos del llamado alto impacto, que ya rompió todos los registros en todos los apartados de ese sector de la inseguridad, que no viene al caso referirlos uno por uno, pero los más alarmantes por su boom en menos de un sexenio son los llamados feminicidios y los infanticidios, más los robos con violencia.
Como complemento a este tipo de violencia está la generada por la delincuencia o narcodelincuencia y sus efectos directos y que, pese a la educación cívica, social y al apoyo a los jóvenes y sus programas asistenciales, ahí está y está como la pandemia COVID-19, con una dinámica que rompe todos los registros y que, además de que está focalizada, no se ha podido ni detener ni disminuir, menos aplanar.
Mas está la “otra violencia”, la política, la mal, o bien calificada, identificada como terrorista, la que amparada en luchas sociales, en facciones políticas, en grupos de presión, se manifiestan, se hacen presentes, aparte de manifestaciones, bloqueos, con actos vandálicos, hasta asesinatos, robos, chantajes y secuestros; para no ir demasiado distante, están los actos de quema de las instalaciones de una de las facciones de la mal llamada sección XVIII del SNTE=Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Michoacán, el imparable bloqueo de las vías del tren en la ruta Lázaro Cárdenas-Morelia, que a los actores políticos y autoridades jurisdiccionales tratan en lenguajes distintos y no existe comunicación que establezca las bases para una solución definitiva. Y como complemento, se hace presente la de los grupos de presión – usualmente personificados en grupos gremiales que basan sus acciones en insatisfacciones de pago por su trabajo realizado o en incumplimientos de promesas políticas o en minutas que, según ellos, fijan y vinculan a compromisos.
Lo peor de todo no son únicamente estos actos con comportamientos, no casi si no totalmente delictivas, sino que significan pesos que se deben tomar de donde haya, porque no están presupuestados y como todo se les satisface, no hay dinero que alcance y, como complemento, no se ha hecho un diagnóstico de cada caso, el término dentro de la negociación es pago de bonos, de plazas, de nombramientos por tiempo indeterminado, realmente se desconoce qué tan veraz, cierto, real es el universo de la deuda de cada caso y este mecanismo es la rutina de cada semestre, de cada ciclo, de cada día y de cada año.
Independientemente de los costos económicos, están los costos políticos y los costos a particulares. Nuestro estado tiene ya sus bien entrados 30 años en esta sucia dinámica financiera, política y social; mas esta situación debe parar y resolverse.
Michoacán no debe continuar siendo rehén financiero, político de grupos de presión a los que les importa muy poco el estado, su sociedad y sus problemas.