Visiones y percepciones/Etelberto Cruz Loeza
¿Son lo mismo? ¿Aplicar la ley es represión?
La presente administración Federal y de hecho todas las administraciones estatales, están cortadas con la misma tijera y usando el mismo patrón: no reprimir.
La memoria histórica de su origen podría estar en los movimientos sociales – estudiantiles – de 1968, que culminó con el sangriento evento del 2 de octubre de ese año, en cuya chispa no se han podido poner de acuerdo ni terminó con la aceptación de la responsabilidad histórico-política de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República en ese aciago año y se reafirmó con el llamado Halconazo del 10 de junio de 1970, para derramar la gota en esa administración Federal y cuya responsabilidad se le atribuyó a Luis Echeverría Álvarez y a funcionarios cúpula del área de seguridad pública del Departamento del Distrito Federal.
Por esos eventos esos gobiernos y esos protagonistas políticos fueron calificados como represores y todos los gobernantes huyen a esos calificativos para su administración.
Muy posiblemente, a partir de ese momento los manifestantes se apropiaron de las calles y tomaron como un derecho natural la manifestación y surgieron los grupos de presión que hicieron del derecho constitucional de asociación como su propiedad indisputable y pobre de quienes violaran sus actividades derivadas de la manifestación: tomas de avenidas, de instalaciones públicas y privadas, tomas de vías de tren, entradas a aeropuertos, a empresas comerciales y financieras, vandalismo, saqueo, robo, confrontación social, etc.
Desde esa fecha a nuestros días muchos han sido los caídos de uno y otro lado y pocos los recuerdan: han sido héroes anónimos, por un lado y por el otro, líderes sociales que cumplieron con su alta responsabilidad. Pocos los recuerdan a todos ellos. Y muchos de estos grupos de presión, y de estas acciones son, modus vivendi y utilitaristas, lo que no es nuevo.
La actual administración Federal, encabezada por muchos que surgieron de la lucha en las calles, en cuya cabeza está el señor Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad de México, tiene como divisa “no represión”. Son bastantes los eventos en los cuales ha dejado constancia de esa actitud: No Reprimir”.
Los días iniciales y de media semana anterior se llenaron de imágenes, palabras y tinta de los sucesos en Guadalajara y la ciudad de México. Fue muy curioso ver la actitud de las fuerzas del orden: testigos impasibles antes los destrozos que realizaban los integrantes de los contingentes.
¿Ésa es la nueva realidad?
En la literatura y en la teoría sociológica y en X,Y Z espacio hay textos sobre esta actitud pública: ejemplifico: Sófocles, en Ayax dice…Nunca las leyes de una ciudad serán efectivas si allí no reinara el temor…Ten sabido que…donde se deja que cada uno haga su antojo, por próspera que sea, aunque soplen vientos propicios, lentamente se habrá de hundir la nave de la cuidad.
Y Régis Debray, en La República Explicada a Mi Hija, afirma: La República está herida de muerte. El incivismo del Estado es el peor de todos. Un Estado de derecho que ya no tiene el valor de perseguir a quienes violan sus leyes, porque teme complicaciones, abre el camino a la tiranía; y esto es tan cierto como que la paz a todo precio conduce a la guerra. La laxitud daña tanto a la libertad como al autoritarismo.
En esos días y en otros muchos y en otros años, desde hace casi dos generaciones- 52 años – en Guadalajara, en la ciudad de México, como en muchas partes de la República y de cada uno de los estados, y en particular de nuestro estado, vimos imágenes que confirman estas palabras: el Estado renunciando al legítimo derecho de hacer legítimo uso del monopolio de la fuerza pública para cumplir su responsabilidad social, política y constitucional de ofrecer seguridad y confianza al tejido social, a la sociedad.
Son Estados temerosos y antidemocráticos.
Y ese temor los orilla, los lleva, a aplicar un relativismo de los valores, entre ellos los valores de la democracia, del principal y esencial de la democracia: el principio de la mayoría, de que la Mayoría manda y la minoría debe aceptarlo.
Si bien, en nuestro país desde Mariano Otero – en 1848 -, se presentó el derecho de las minorías de ser escuchadas y representadas y en nuestra legislación político-electoral está considerado este derecho y específicamente existen posiciones para que estas minorías sean representadas – que se haya pervertido, esos es cuestión convenenciera de los partidos políticos -, la realidad es que los grupos de presión, por convenir a sus intereses de grupo o de X,W,Z, protagonistas político económico y sociales -, no han dado pasos hacia la formación de partidos políticos – que sería lo lógico y congruente - ni se sujetan a la legislación constitucional y administrativa y hacen uso de la fuerza y abusan de la actitud “incívica” de las autoridades.
Además, estos gobiernos, desde esas fechas, - 1968 a la fecha - , que fueron llevados al poder por partidos políticos de la llamada izquierda o derecha o centro, aplican el relativismo de los valores: les importa mucho más la minoría que la mayoría; mucho más los pocos, que los muchos, que los integrantes del tejido social.
Y eso es, política y éticamente un error.
No es lo mismo reprimir que hacer uso del derecho del monopolio de la fuerza para contener, disuadir, convencer y hasta aplicar la fuerza, pero hasta y como la última instancia
Real y democráticamente, somos un Estado, una nación y un país, y su sociedad, de instituciones que nos llevaron por lo menos dos siglos para crearlas, desarrollarlas, mejorarlas y consolidarlas, que, muy seguramente, no son perfectas, pero sí mejorables.
Y si bien, por nuestra democracia, porque vivimos en un sistema democrático, como lo dijo el Gral. Carlos Galván Ochoa, en su célebre discurso del 22 de octubre del 2019, a nombre de las Fuerzas Armadas…”tenemos un gobierno que representa aproximadamente a 30 millones de mexicanos, cuya esperanza es el cambio que les permita subsanar lo que ellos consideran un déficit del Estado para dicho sector poblacional y que se sustenta en corrientes pretendidamente de Izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”, a quien le importa muy poco las instituciones y por eso, -regreso al discursos señalado, “ante los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido el fortalecimiento del Ejecutivo”, desea, si no desaparecerlas, si desgastarlas mucho más hasta hacerlas inoperables, no funcionales.
La autoridad - el gobierno, el Estado, el presidente de la República - , está obligado a respetar el Estado de Derecho, la Constitución política y las leyes que de ella emanan y cumplir y hacer cumplir la Constitución, donde sobresalen los artículos 6°, 7°, 87°, 88°, 89° - señalo las fracciones V y VI -, los Derechos Humanos y sus Garantías individuales y ejercer legalmente el monopolio del uso de la fuerza pública para conservar y ofrecer a la sociedad nacional seguridad interior en el país.
Como sociedad debemos demandar, exigir, reclamar que el gobierno, el Estado, no renuncie a sus obligaciones constitucionales y que no aplique selectivamente ni el uso de la fuerza, ni la aplicación de los instrumentos de procuración y administración de la Justicia.
Sobre todas las cosas, que la autoridad, el gobierno, el mismo Estado, preserven el Estado de Derecho; que no sea omiso ante los vandalismos y flagrantes violaciones la normalidad democrática; que se aplique la ley, sin partidización alguna, porque, inicial y finalmente, gobierna a más de 120 millones de mexicanos, no únicamente a los poco más 30 millones que votaron por él.
