Visiones y percepciones/ Etelberto Cruz Loeza
VISIONES Y PERCEPCIONES.
Etelberto Cruz Loeza.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
CONTRAPESO DE LOS PODERES REPUBLICANOS
Mostrando que las instituciones republicanas mexicanas están fuertes, lozanas y vigorosas, por tercera ocasión, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervino y cambió estructuras municipales y del poder Legislativo - federal y local -.
Ahora, -Ya lo había hecho con la petición de destitución de dos delegados políticos de la ciudad de México y dando parte al poder judicial para la detención de los ya exfuncionarios – el pasado martes 16 del presente, desintegró en menos de 30 minutos la conformación de los cabildos de Coacalco, estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, de Puebla, que involucran a 26 servidores públicos, entre ellos, a sus presidentes municipales, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda, respectivamente, ya que ordenó destituirlos y consignarlos por desacato a sentencias de amparo. Y, también ordenó la consignación de 14 ex funcionarios de Coacalco, entre ellos al ex alcalde, David Sánchez Isidoro, quien actualmente es diputado federal por el PRI y que debe ser detenido por la PGR.
En el caso de Coacalco, lo que motivó la destitución y consignación del presidente municipal, Erwin Javier Castelán, así como de nueve regidores, derivó de un laudo laboral que inició en 2013 y que ganó un trabajador en 2015, a quien se le tenía que pagar, en un principio, 2 millones, 369 mil 890 pesos; hoy, el monto asciende a 4 millones, 120 mil pesos. El trabajador demandó despido injustificado y pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones. La sentencia obligaba al ayuntamiento a dar cumplimiento al laudo al que fue condenado. (Es el mismo esquema que ordenó la destitución de Ricardo Monreal, delegado político de Cuauhtémoc. Asunto que está en litigio pues Monreal trata de demostrar que se atendió la sente3nciaa, pero la jefatura de gobierno del Distrito Federal no le entregó el dinero que implicaba la sentencia y, actualmente, está en los tribunales.)
El asunto de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, está vinculado con un predio - de 20 por 20 metros cuadrados, del inmueble ubicado en la calle 3 norte, sin número, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta - - que no debió expropiarse. El gobierno de Pablo Pérez Maceda informó que agotará los recursos legales para defenderse del fallo, ya que el pago se incumplió en la administración de Enrique Ramos Bernardino.
En el caso del ex alcalde Davis Sánchez Isidoro, actual diputado por el PRD en la ciudad de México, es igual al de José Manuel Ballesteros, ex jefe delegacional de Venustiano Carranza, a quien se ordenó consignar por desacato, el año pasado.
Ambos asuntos son inéditos porque la PGR tiene que evaluar si el fallo de la Corte retiró el fuero o si se debe iniciar un proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de la ciudad de México.
Por incumplir una sentencia de amparo, la ley castiga con cinco o diez años de prisión o cinco a diez de inhabilitación para ejercer cualquier puesto público.
Y realmente son inéditos y muestra que cuando se quiere se puede ser el contrapeso de los abusos de los otros poderes republicanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en cartera-agenda dos casos más de no ejecución de sentencia: uno de ellos relacionado contra el actual jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, y su secretario de administración David Velázquez Velázquez, de quienes están por presentarse en el pleno y llegar a una sentencia. EL jefe delegacional afirma que el diseño de la administración pública de la ciudad de México no concede a las delegaciones facultades plenas para cumplir sentencias laborales. En los casos de reinstalación propiamente dependemos de la administración central para la creación y otorgamiento de las plazas. (Éste es el argumento central del caso de Ricardo Monreal, quien está entre dicho, pero se está defendiendo.)
El artículo 107 da la Constitución federal establece en su fracción XVI, que solo en caso de incumplimiento justificado, la Suprema Corte puede otorgar un plazo razonable para que proceda el cumplimiento de la sentencia, término que puede ampliarse a petición de la autoridad. Sin embargo, cuando es injustificado o transcurrido el plazo, la SCJN puede separar del cargo al titular de la autoridad responsable y consignarlo ante el juez del distrito. La medida también se toma contra aquellas personas que ocuparon con anterioridad el cargo de autoridad y no cumplieron la sentencia.
La semana antepasada, el pleno de la SCJN ordenó la destitución del cargo y consignación de diez regidores, entre ellos Bernardo Baranda Ruiz, actual presidente municipal, así como de dos secretarios de Paraíso, tabasco, por desacato a una sentencia de amparo.: No cumplieron con un fallo de 2012w que tuvo su origen en un laudo laboral que ganaron 23 ex trabajadores del ayuntamiento, a quienes en 2006, se les debió pagar 38 millones, 913 mil, 081 pesos y reinstalar en sus plazas.
Bienvenida sea la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
