Uso de Razón/Pablo Hiriart
Los reglones turbios del caso García Luna
En la audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2018 ante el juez de Distrito Brian M. Cogan, en la Corte de Brooklyn, sucedió algo extraño que no ha sido aclarado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y aquí tampoco se le ha prestado atención. ¿Por qué?
Resulta que en esa audiencia del caso Joaquín Guzmán Loera (el Chapo), Jesús Zambada García, el hermano del Mayo, líder del cártel del Pacífico, no sólo dio el nombre de Genaro García Luna como receptor de sobornos de parte de su organización criminal, sino también el de otro ex funcionario: Gabriel Regino.
De ninguna manera se puede prejuzgar sobre la culpabilidad de García Luna ni de Regino, pero es notable el tratamiento distinto que el gobierno de Estados Unidos dio a ambos personajes involucrados por Zambada.
García Luna fue acusado por el hermano del Mayo de haber recibido sobornos del cártel del Pacífico cuando era director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, y como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
Gabriel Regino, en esa misma sesión, fue señalado por Zambada de haber recibido millones de dólares del cártel cuando era subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital mexicana.
A raíz de esas declaraciones en la Corte de Brooklyn fue detenido García Luna. Y Gabriel Regino no fue tocado ni citado a declarar. Ambos fueron acusados de lo mismo, en la misma audiencia, por el mismo personaje. ¿Por qué el trato tan abiertamente diferenciado?
Extraño, por decir lo menos. Tal vez arroje algo de claridad sobre ese trato desigual conocer cómo se dieron exactamente las cosas ese 20 de noviembre de 2018 ante el juez Cogan y el jurado que llevaba el juicio contra el Chapo Guzmán.
De acuerdo con la versión estenográfica de la sesión, Jesús Zambada mencionó, a pregunta expresa del defensor del Chapo, la entrega de dinero a García Luna en un par de ocasiones.
Fue entonces cuando el abogado de Guzmán Loera, William Purpura, preguntó a Zambada:
-Y en 2005 hay un caballero llamado Rajino, R-A-J-I-N-O, ¿correcto?
Zambada: Correcto.
Purpura: ¿Quién es Rajino?
Zambada: Era el secretario de gobierno cuando López Obrador fue secretario de Estado del gobierno de la Ciudad de México, el estado de México.
Púrpura: ¿Qué relación, si hubo alguna, tuvo Rajino con Obrador?
En ese momento interrumpió Gina Parlovecchio, asistente del Fiscal de Estados Unidos:
-Objeción.
Accedió el Tribunal: Ha lugar.
Purpura: ¿Cuánto dinero le pagó a Regino en 2005?
Zambada: No estoy seguro, pero fueron unos pocos millones de dólares.
Purpura: ¿Y por qué se le pagó?
Zambada: Se le pagó porque se decía que era el próximo secretario de Seguridad y si ese fuera el caso, era para nuestro…
En conclusión: los testigos protegidos dicen únicamente lo que el gobierno de Estados Unidos quiere que digan.
Involucran, con verdades o mentiras, a quienes las autoridades de ese país quieren involucrar. Si empiezan a hablar sobre personajes o temas inconvenientes, los callan y “ha lugar”.
En este caso querían a García Luna y a nadie más de los señalados en el juicio.
No hay intención de hacer justicia, sino de obtener elementos para usarlos cuando les sea estratégicamente necesario, otorgar favores políticos a otros gobiernos a cambio de concesiones para el gobierno de su país. Y, también, para dirimir pleitos entre el Ejecutivo de Estados Unidos y la comunidad de inteligencia.
García Luna es un policía formado por la DEA y por la CIA. En Estados Unidos se movía como por su casa. De hecho, se fue a vivir allá.
Ahora, dicen las informaciones provenientes del norte, “negocia” declararse culpable de alguno de los cargos que le imputan (podría ser el menor, mentir a autoridades de migración) y así evitar el juicio. A cambio de dar información, claro está.
¿Información que García Luna tiene de la DEA, de la CIA y del papel de agentes y autoridades de Estados Unidos en el combate a las drogas? Claro que no.
Como dice la noticia proveniente de EU, hay una “negociación”.
En medio del caso García Luna están los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos y el papel tenebroso de los testigos protegidos.
A las autoridades del norte le interesan nombres de personajes mexicanos para hacer favores a cambio de ventajas para sus intereses, o para tener la sartén por el mango a la hora de negociar con el vecino del sur.
Y García Luna dirá lo que el gobierno de Estados Unidos quiera oír. Genaro conoce como nadie las reglas del juego.
