Uso de razón/Pablo Hiriart
La Cámara de Diputados ha sesionado en estos días porque la CNTE le dio permiso. Y ese permiso es condicionado a que no voten en el pleno el dictamen de reforma educativa que aprobaron en comisiones todas las fuerzas políticas, salvo el PT.
La reforma educativa quedó “congelada” por voluntad de un grupúsculo autoritario y bravucón. ¿Dónde están las autoridades para garantizar que las instituciones democráticas funcionen?
Carecen de autoridad moral para actuar porque fueron ellas las que, en años anteriores, dieron carta de normalidad a la toma del Senado y de la Cámara de Diputados.
A caballo entraban a San Lázaro a repartir fuetazos.
Llamaron a no pagar los recibos de la luz en Tabasco y hoy en ese estado se deben más de doce mil millones de pesos a CFE.
Mal acostumbraron a sus huestes a no respetar la ley y a desafiar a las instituciones por la vía del bloqueo, las tomas violentas y la apropiación de bienes públicos y privados.
Ahora que tienen el gobierno en las manos no pueden actuar contra la CNTE porque son socios de las mismas tropelías.
En la Cámara de Diputados no se puede hacer la voluntad de la mayoría porque Morena carece de autoridad moral para hacer respetar la regla número uno de la democracia: mandan las mayorías, con respeto a las minorías.
Por eso la pregunta: ¿qué deben hacer los ciudadanos pacíficos, que son mayoría, para evitar que manden las minorías violentas?
El gobierno ha dicho una y otra vez que no se aplicará la ley a la CNTE, sino que se buscará llegar a un acuerdo por la vía del diálogo.
Preparémonos para más adelante, cuando la falta de crecimiento económico haga estragos en los grupos que más creyeron en la 4T y se sientan defraudados: van a tomar fábricas y unidades productivas de los “fifís” y “conservadores”.
¿Las autoridades procederán legalmente contra ellos? Ni de chiste. Eso es lo que viene para la época de las vacas flacas y no haya dinero con el cual cubrir completos los programas sociales.
Los socios radicales de la 4T tomarán las riendas, ante el incumplimiento de las metas y propósitos del gobierno en materia de crecimiento económico y reparto más equitativo de la riqueza.
A estas autoridades les tomaron la medida con el bloqueo a vías férreas en Michoacán, que causaron pérdidas diarias estimadas en mil millones de pesos al día. No hubo ninguna consecuencia.
No se atreven a actuar contra los suyos, y están dispuestos a sacrificar democracia y legalidad con tal de no romper con sus aliados más radicales.
Un grupo de interés tiene secuestrada a la Cámara de Diputados, que es la representación nacional, porque no le gusta lo que ahí se va a aprobar.
Una ínfima minoría, violenta y gangsteril, cierra por la fuerza y abre cuando quiere los accesos al recinto legislativo de San Lázaro y decide cuándo hay sesión y cuándo no, qué se vota y qué no se vota.
Eso se les permite a los aliados de Morena que mantendrán secuestrada la Cámara hasta que ellos palomeen la reforma educativa que ya fue aprobada en comisiones.
Lo mismo ocurrirá en otras esferas de la vida nacional, a medida que el desencanto crezca y sectores radicales apremien, con tomas y usurpaciones de activos de “los conservadores”, una mayor profundización de la 4T a la manera en que ellos la entienden.
Hoy no se puede cumplir con la voluntad de la mayoría en la Cámara de Diputados por las amenazas de una minoría provocadora y pendenciera.
El mensaje es claro y no cae en el vacío: no importan las leyes y quien manda es el que grita más fuerte.
Si no hay corrección en estos días y se aplica la ley a los grupos chantajistas, el futuro cercano estará cada vez más en manos de grupos que no creen en la legalidad.
Aún hay tiempo para enmendar el camino, que es extremadamente riesgoso.La conjunción de un estancamiento económico, con grupos extremistas que le exijan -por la vía de los hechos- resultados al gobierno y se hagan justicia (social) por propia mano, es el camino al caos.
Poner a la CNTE en su lugar e impedir que sabotee el trabajo de un pilar de la vida democrática, como es la Cámara de Diputados, sería una buena señal de que habrá legalidad y respeto a la vida pública y a la propiedad privada.
Hasta ahora las señales son negativas.
Lo que se congela no es sólo una reforma, sino la vida democrática, y se hipoteca la legalidad en la nación.
