Una elección muy costosa
El gobierno de México envía un mensaje muy claro con su propuesta de presupuesto federal y política de ingresos para el 2024: Mantener a la 4T en el poder le costará muy caro a la población, incluso un mayor endeudamiento y un fuerte desequilibrio en las finanzas, con un mayor gasto y un menor ingreso de divisas.
Se trata de una apuesta muy riesgosa porque todo el gasto público que pretende erogar a lo largo del 2024 el gobierno Federal no es garantía de un triunfo de Morena en la presidencia de la República, menos con la muy probable nominación de una candidata, Claudia Sheinbaum, que es malquista.
Por el contrario, lo que si es un hecho es que el gobierno federal y el gabinete económico abren la puerta a un fin de sexenio con fuerte inestabilidad financiera y económica. Simplemente el nivel de endeudamiento se disparará y las finanzas se verán fuertemente presionadas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador proyectó que la deuda pública represente un 48.8 % del producto interno bruto (PIB), es decir un incremento del 5.2 puntos del PIB con relación a lo observado en 2018, es decir antes del actual sexenio.
En los hechos este aumento de deuda pública genera un aumento de la deuda per cápita, es decir la deuda que cada mexicano debe en proporción para cubrir el total de la deuda pública. La deuda de cada uno de los mexicanos subirá en 14 mil pesos y llegará a 127 mil pesos por habitante, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
Los analistas coinciden en que este incremento de deuda y mayor gasto público generará mayor inflación y posiblemente luego un frenón económico, es decir el país crecería mucho menos a como ha ocurrido en los últimos años, cuyo crecimiento del PIB es ya de por sí mínimo.
El gobierno obradorista utiliza la narrativa del combate a la pobreza y a la justicia social para justificar su propuesta de paquete económico y financiero para el 2024, que debe aprobar la Cámara de Diputados. Sin embargo, la realidad es que en el fondo se esconde una intención totalmente electorera. Hacer ganar a Claudia Sheinbaum al costo que sea, cueste lo que cueste.
Para apuntalar esa aseveración, tomamos como referencia los propios datos del presidente López Obrador y del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes han negado un uso electoral del presupuesto y las finanzas públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, pero reafirmando la decisión de elevar deuda y gasto social.
Por ejemplo, una parte importante de recursos se destinarán a las obras emblemáticas del discurso político del presidente. El Tren Maya, el Tren Suburbano CDMX-Estado de México, Petróleos Mexicanos y programas sociales bajo el sello Bienestar, para apuntalar el discurso.
Los mayores incrementos de presupuesto ocurrirán en la Secretaría de Energía con un alza de 273.2 por ciento anual en términos reales, y un presupuesto total de 193 mil 179.1 millones de pesos.
De las Secretarías, las que tendrán más presupuesto con relación al 2023, son Gobernación, con 31.8 por ciento; Bienestar, 25.2 por ciento; Marina, 21.3 por ciento, y Hacienda y Crédito Público, con 7.2 por ciento.
Por el contrario, la Secretaría de Salud registra un fuerte recorte, es decir le quitarán 122 mil 668 millones de pesos. Esos recursos pasarán a la operación del IMSS-Bienestar de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pero no implica más servicios y de mejor calidad, sino pasar una burocracia de un lado a otro.
Programas de ayuda a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, así como los que se otorgan a madres sorteras, a hijos en etapa de estudios básicos y secundarios, así como a trabajadores agrícolas, entre otros, tienen un incremento importante, precisamente en un año electoral, pero rubros como educación, seguridad y protección ciudadana apenas registran un aumento presupuestal del uno por ciento respecto al 2023.
El gobierno estima que la proporción entre ingresos y gasto público genere un déficit público de 5.2% del PIB, es decir faltante de recursos, el mayor porcentaje de desequilibro gasto-ingresos desde 1988.
