Trump, el narco y los aguacates
Hay una espera angustiosa por lo que ocurrirá luego del 20 de enero. El presidente electo de los Estados Unidos ha sentenciado con insistencia que emitirá órdenes presidenciales para declarar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, establecerá aranceles comerciales del 25 % y realizará deportaciones masivas de migrantes.
A pesar de que ya es conocido el estilo pendenciero del que será por segunda ocasión presidente de los Estados Unidos y también conocidos sus alcances reales, como lo probó durante su primer mandato, hay entre la élite política mexicana quienes quieren creer que “no es para tanto”, “que el contexto es diferente” y que finalmente todo quedará en una bravata para satisfacer a sus electores.
No debemos olvidar que Trump prometió sacar a su país de los Acuerdos de París y lo hizo, que retiró fondos a la Otan y lo hizo, que amenazó con cerrar la frontera para contener la migración y lo logró poniendo de rodillas al presidente mexicano, entre muchas acciones que se creyeron improbables.
Declarar a los cárteles mexicanos como terroristas puede ser visto como una pieza clave para obligar al gobierno mexicano a negociar una agenda más amplia, y vaya que tiene argumentos. Para nadie es desconocido que en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de México existen políticos que están coludidos con las decenas de cárteles que tienen el control territorial del país.
¿Quién puede ser tan ingenuo como para pensar que las agencias de seguridad estadounidense, DEA, CIA, FBI no saben nada ni tienen pruebas de ese amasiato? Así como los mexicanos sabemos que esos vínculos criminales han venido creciendo desde hace décadas, los estadounidenses lo comprueban un día sí y otro también y usan esa información para negociar con el gobierno mexicano en turno.
La estrategia de “abrazos y no balazos”, que fue una política de cínica concesión de territorios a los grupos criminales, ha sido la confesión oficial de que los cárteles de la droga fueron incorporados a la jerarquía del poder nacional como un sector estratégico para la gobernabilidad, la operación política y la financiación de carreras públicas. Esto lo sabe todo mexicano que de ordinario transita por su territorio, produce y comercia, pues ahí escucha y mira la manera en cómo sus políticos se relacionan con la delincuencia, les dan abrazos y toman sus billetes para acceder al poder. El caso de cientos de gobiernos municipales hoy en día ilustran de sobra esta realidad.
La respuesta oficial a la amenaza de Trump, que no se desmarca de los criminales, sino que les lanza un manto de protección nacionalista —vaya los cobija con la bandera— es el reconocimiento abierto de que la clase política mexicana ha crecido hermanada con el narco y se siente en peligro si los declaran terroristas. Es decir, asumen que su destino está comprometido.
La soberanía de una nación no se defiende protegiendo a “sus” criminales, la soberanía supone un estado de derecho y el territorio. La soberanía es la garantía de la libertad, de la vida y de la propiedad que tenemos todos los ciudadanos y que el Estado debe proteger. Obligación a la cual los gobernantes suelen claudicar en aras de proteger la acción criminal.
La mejor estrategia soberana que el gobierno de la república debe implementar ya, acordando niveles de cooperación bilateral con el gobierno estadounidense, es la de ir por las estructuras de los cárteles, sus recursos financieros y quitándoles el control territorial y comercial que hasta ahora detentan.
El camino de la afirmación de la soberanía pasa no solo por hacerla valer frente a los intervencionistas exteriores sino sobre todo por la afirmación ante los enemigos de la propia sociedad mexicana, o sea, frente a los cárteles criminales.
La irresponsabilidad de los gobiernos de México y principalmente de los que aclamaron la peligrosa ocurrencia de “abrazos y no balazos”, que llevó a niveles extremos la entrega de México al crimen, es la causa que le está dando argumentos al brabucón populista de Trump.
¿Quién ignora que en Michoacán la producción aguacatera y de limón, —entre otras actividades— está siendo ordeñada por los cárteles, y que de esas extorsiones se constituyen miles de millones de pesos que financian la operación criminal de los cárteles y también se invierten en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo?
La producción aguacatera y de limón tienen una clara huella criminal. Más allá de la ostensible huella ecocida y ambos frutos están manchados de sangre, secuestro y desapariciones, y eso es lo que se comercia con Estados Unidos, es decir, se comercia criminalidad.
Si el gobierno estadounidense, ya bajo el mando del lunático Trump, busca frenar las exportaciones mexicanas que contribuyen a las finanzas del narco, de esos cárteles que declarará como terroristas, el aguacate y el limón con seguridad figurarán en la lista.
Creo que el gobierno mexicano, por sentido común y con ánimo soberano, debería replicar a Trump con firmeza y decirle que solo bajo una cooperación dentro del marco del derecho internacional y la primacía de la obligación constitucional mexicana, puede aceptar la urgencia de ir contra los cárteles para anularlos con la intención de proteger el derecho de los mexicanos y limpiar el comercio de exportación para dejarlo libre de criminales y de ecocidas.
