Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa
TRAS BAMBALINAS. Partidos políticos, corruptos con dinero; más corruptos sin dinero
Por JORGE OCTAVIO OCHOA.- En medio del debate que les costó la chamba a tres comentaristas de radio, resulta que un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República advierte que sería nocivo para la salud pública, levantar la canasta del dinero a los partidos políticos en México.
Una de las primeras preocupaciones –señala el estudio- es por la influencia del dinero privado en la formación de políticas públicas, mediante el apoyo a candidatos. Otra fuente de preocupación es el factor de equidad en la contienda electoral.
Sin embargo, para el caso de México, el peor de los fantasmas es la relación entre donadores privados y los partidos que los reciben, más aún cuando se piensa que el origen de esos recursos, pueden provenir incluso del crimen organizado.
Todo mundo parece coincidir –y nosotros estamos de acuerdo con esa tesis- en que los partidos deben mantener el financiamiento público porque precisamente son entes de interés público que, al menos en teoría, representan los intereses de la sociedad.
En los hechos -todos lo vemos- el ciudadano común no tiene acceso a la vida interna de los partidos, porque éstos no están diseñados para incorporar voces aisladas y sólo les resultan rentables personajes o agrupaciones que representan un sector o suman más clientela.
Sin embargo, aun así, son la única vía posible para procesar el diálogo político y lo que la mayoría pedimos, no es que los maten de inanición, sino que los sometan a un más estricto escrutinio sobre el uso que dan al financiamiento.
Lo deseable sería que, así como el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales rinden cuentas del estado que guarda la nación y sus entidades, los partidos informaran de la situación que guardan sus finanzas internas y en qué utilizaron el dinero que se les entrega.
Es aberrante descubrir –y ustedes lo verificarán en la próxima discusión del Presupuesto del 2018- como los partidos reciben más recursos que las Universidades Públicas y sirven una cuarta parta que lo útil que nos podrían ser aquellas.
Vivir apapachados por el presupuesto, paradójicamente los ha alejado de la sociedad, porque ellos no tienen que esforzarse para convencer a nadie. Emiten sus ridículas campañas mediáticas y poco les importa si convencen a nadie.
Se han aconchado, han creado consciente o inconscientemente un caparazón que no sólo cierra las puertas al ciudadano común, sino que prohíja la certeza de que son entes que sólo maman de la ubre del gobierno, creando una burocracia política que sólo sirve a sus intereses.
Esta percepción es lo que ha generado un creciente descontento popular, más aún cuando los propios dirigentes de esos institutos políticos lejos están de ser un ejemplo de probidad y decencia.
Las dirigencias nacionales de los tres principales partidos están salpicadas, no parecen acreditar una línea de decoro y pundonor. Ochoa, Anaya y Barrales, en el mejor de los casos, han utilizado su influencia política para enriquecerse de manera “irregular”, diríamos.
Entonces, en medio de la disyuntiva, lo que se pensó en México, fue mejorar los sistemas de fiscalización, que impidiera a los partidos el desviar los recursos que se les facilitan. El problema es que ese árbitro ha cumplido tarde y mal su trabajo. Véase el caso de Coahuila.
La semana pasada lo decíamos en este mismo espacio: de qué sirve una autoridad electoral, el INE, a la que el Tribunal del ramo tiene que enmendarle la plana y rehacerle la tarea para advertir, a toro pasado, que tal o cual partido rebasaron los topes de campaña.
Un estudio del Senado señala que en México se han creado los mecanismos para garantizar, entre otras cosas: la igualdad de recursos materiales (estableciéndose un límite a los gastos de campaña, con un monto determinado dependiendo el cargo al que se aspira.
En teoría, todas las erogaciones realizadas por los candidatos y/o los partidos políticos deben ser transparentes y tener un origen lícito. Para ello se ha creado una autoridad electoral que vigila, controla y califica que las elecciones se hayan desarrollado conforme a derecho.
A esta autoridad corresponde la imposición de sanciones “efectivas” pero esto, en los hechos, no ha ocurrido, y ahí tenemos los ejemplos concretos del caso Pemexgate, Amigos de Fox y Monex..
El propio análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República admite que las autoridades electorales han resultado poco efectivas y hasta omisas para hacer cumplir la ley, como se vio en el caso Monex.
Es evidente que, a la luz de la refriega política y la guerra sucia en la que se embarcan los partidos, los recursos públicos que se les entregan son insuficientes y siempre buscan mecanismos para hacer circular más y más dinero.
¿Por qué los partidos requieren esas sumas descomunales? ¿Son para comprar el voto en mano? ¿Son para comprar conciencias de Consejeros y Magistrados Electorales? ¿Por qué estos últimos no son sometidos rigurosamente a la aplicación de la Ley 3 de 3?
En México, los mecanismos de regulación del gasto de partidos ha resultado insuficiente, pese a que existen un buen número de candados y requisitos:
La fiscalización incluye un sistema informático para contabilidad en línea y un padrón de proveedores para controlar el gasto erogado por los partidos.
A partir de ello, el INE creó el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El SIF es la plataforma de Internet que utilizan los partidos políticos y candidatos independientes para registrar ante el INE sus operaciones de ingresos y egresos.
El RNP es el instrumento que permite a la UTF verificar quiénes son las personas físicas y morales que están celebrando contratos de bienes y servicios con los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes de acuerdo a lo dispuesto en la LGMDE.
Esta ley que establece que solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, aquellos proveedores inscritos en el padrón del Registro Nacional de Proveedores del Instituto.
El hecho concreto es que, sujetos a un sistema permanente de escrutinio, los partidos políticos no han dejado de caer en excesos en el uso de recursos, que la autoridad electoral ha tenido que sancionar con multas y recortes.
¿Qué pasaría si de golpe y porrazo se decide eliminar el gasto público en partidos? ¿Cómo se vincularán las autoridades electorales, hacendarias y judiciales para vigilar que los recursos no tengan un origen irregular o ilícito?
No, no parece ser la mejor opción el cancelar esta derrama de recursos. Pero lo que sí puede hacer el Estado es reducirla y terminar ya con la vida artificial de institutos políticos cuya representación político-electoral bien cabe en un elevador.
