Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

De la preocupación, al miedo

México cerrará el 2019 con un ánimo de creciente preocupación. La reforma fiscal, que entrará en vigor el año próximo, aparejada con la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en el Congreso en agosto pasado, configuran este panorama pesimista.

La reciente afirmación del Presidente López Obrador sobre la confiscación de bienes abre este espectro, porque literalmente da un viraje aberrante a los principios del derecho. Ahora, todo aquel que esté sometido a juicio penal, será culpable hasta que demuestre lo contrario.

Y si el Estado se equivoca, y resulta que las pruebas eran infundadas o falsas, el gobierno de la República sólo te devolverá el monto del avalúo de los bienes que te hayan embargado durante el juicio aunque, todos sabemos, ese monto se fija bajo criterios que no corresponden al valor real.  

También, bajo la figura legal denominada: Discrepancia fiscal, el Estado podrá monitorear tus cuentas bancarias en tarjetas de débito o de crédito y cotejar tus ingresos con los gastos. Si por iniciativa propia se te ocurrió dar asesorías, vender cursos, preparar comida o vender algo en efectivo, te pueden llamar a cuentas.

En los hechos, el régimen empujará, con estas medidas, a revertir prácticas que empezaban a tomar cartas de naturalización y normalización como el tener tarjetas bancarias, ahorrar dinero y utilizar los medios digitales como nueva forma de transacción comercial.

Con tanto espionaje y supervisión oficial, volverán los acuerdos comerciales en efectivo, aunque tampoco ahí habrá escapatoria, pues nadie puede esconder una casa, un auto, una lancha o lo que desees comprar en efectivo, pues de uno u otro lado de la transacción siempre hay un rastro.

Todos seremos vistos como presuntos delincuentes.

En un Estado democrático y de derecho, la supervisión de cuentas bancarias y la expedición de facturas debiera ser un factor de tranquilidad, porque obliga a todos a realizar prácticas legales. Pero, si por desgracia usted cae en las redes de facturación de un mercader del lavado de dinero, pues la cosa se pone mal.

La lógica nos dice que esto opera sólo para los grandes contratos y las transacciones superiores a los 7 millones de pesos, pero en el “sistema” del SAT, quedan registradas esas operaciones si usted recibió facturas de uno de esos pillos. Sus datos aparecerán en las búsquedas que la policía fiscal realice.

Acuérdese que ahora la defraudación fiscal de personas físicas o morales, se equipara con delincuencia organizada.

De ahí la advertencia que parecía anodina: “todos a portarnos bien”. Es un aviso, sin que nada nos garantice que habrá justicia, si observamos el tema a la luz de la investigación a los casos Medina Mora, Manuel Barttlet, Rosario Robles, sólo por dar los ejemplos más notorios.

No es por defender a ninguno, pero mientras a la familia del ex ministro Medina Mora se le congelaron cuentas y se les investigó “hasta por debajo de las piedras” para hacerlo renunciar a su cargo en la Suprema Corte, a Manuel Barttlet simplemente se le exime, porque todo ocurrió en años anteriores.

Esto nos demuestra fehacientemente que la corrupción no se ha terminado, sólo ha tomado nuevas formas.

SONIDOS DE ALARMA REPICAN EN TODOS LOS SECTORES

Pero la preocupación ya no es sólo de algunos cuantos. En el mundo académico empiezan a mirar con el ceño fruncido estos cambios acelerados que empieza a sufrir el país, sobre todo porque no hay una lógica de planeación, supervisión, medición ni transparencia.

El doctor Tomás Ejea Mendoza, profesor de la Unidad  Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advirtió la semana pasada que México empieza a virar del modelo “neoliberal” a un “Estado benefactor” sin que existan dos pilares fundamentales:

• Una democracia no sólo electoral, sino también participativa
• Sin que se haya acabado la corrupción.
  
   
  
  El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, dijo que el actual sistema de planeación democrática de México es absolutamente irreal, al igual que la Ley de Planeación.
  
  “Se requiere, dijo, una reglamentación útil que sirva como instrumento de gobierno, por lo que resulta sustantivo hacerse cargo del sistema judicial para establecer normas y leyes que permitan un correcto funcionamiento dirigido hacia un Estado benefactor, que no desea eliminar la propiedad privada, sino que transiten conjuntamente”.
  
  Esto no está ocurriendo.