Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa
TRAS BAMBALINAS.- De la verdad histórica, a la verdad por decreto
Por JORGE OCTAVIO OCHOA.- Cuesta trabajo decirlo y más aún admitirlo, pero México es un país de criminales. El grado de violencia al que se ha llegado revela una profunda descomposición social empujada por la demagogia, la tolerancia y la incapacidad oficial.
Más de 250 mil desaparecidos en Mexico, según datos de la PGR. Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014.
Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración.
Cadáveres deambulando en tráileres, turbas enardecidas segando vidas, poblaciones enteras defendiendo criminales, revuelta nacional por los desaparecidos que nunca volverán. Esa es, a grandes rasgos, la crónica de nuestros últimos días.
El reciente linchamiento de cuatro hombres, entre ellos un agente de la Procuraduría General de Justicia estatal, a quien quemaron vivo refleja el grado de confusión y "quiebra" moral en que han caído amplios sectores de la población ante la ausencia de ley y de autoridad.
En esos casos ¿a quién se aplicaría la amnistía? ¿A los que prendieron fuego a un ser humano estando vivo? o ¿a las hordas de pobladores que protestan por los operativos policiacos?
Toda esta sucesión de hechos se dio en tan sólo una semana, como si se tratara de un país en guerra civil: Metepec, Hidalgo, el linchamiento; Acatlán, Puebla, dos policías federales baleados y asesinados; municipios de Jerécuaro, Apaseo el Grande y Villagrán en Guanajuato, enfrentamientos entre huachicoleros y federales.
A esto hay que añadir los actos de brutalidad entre pseudo aficionados al futbol (Tigres y Monterrey) que mantienen al borde de la muerte a otro aficionado; o la soterrada violencia que desde hace años ejercen bandas de porros en las inmediaciones de la UNAM y de los CCH
Y en medio de esta descomposición, la protesta social por la desaparición de 43 jóvenes que, según todos los indicios, fueron asesinados por bandas del crimen organizado que actualmente gobiernan toda la montaña de Guerrero en medio, no sólo de la incapacidad, sino de la complicidad de los alcaldes.
Como colofón: el pulular macabro de camiones frigoríficos repletos de cadáveres, que no encuentran acomodo ni paz porque sus familias no los encuentran o simplemente no los buscan para no verse involucrados en actos delictivos.
Es toda una crónica de descomposición, donde todo se pierde, incluso el hilo conductor, el principio y el fin. De pronto, los asesinos y victimarios se convierten en víctimas y así vemos como salen de la cárcel los criminales de todo rango: tanto los asesinos confesos de Ayotzinapa como los ladrones de Veracruz o Chihuahua.
Los de cuello blanco y los de metralleta en mano, todos por igual, liberados por un sistema judicial que ahonda el sentimiento de irritación, de impotencia, de desesperación de un pueblo que no encuentra asidero, ni paz, ni confianza, porque una élite política decide el destino de todos.
A esto hay que añadir la rapiña institucionalizada que instauraron PRI, PAN y PRD durante el tiempo que fueron gobierno. Sólo basta releer el reportaje publicado por REFORMA el martes pasado, para ver como PRI, PAN y PRD hurdieron todo un esquema de reparto de cuotas y asesores "fantasma" para desviar dinero.
Lo más grave es que este hurto lo desarrollaron desde la mismísima Cámara de Diputados que, se supone, debiera ser la vigilante de que los otros Poderes no abusen de sus facultades ni usen indebidamente la riqueza nacional.
Desde 2002 se detectó que PRI, PAN y PRD acordaban en San Lázaro el otorgamiento de costosas plazas de trabajo, con sueldos de ensueño, "tanto para operar sus propios asuntos como para cubrir compromisos personales y políticos”. Aviadores y asesores con sueldos de hasta 90 mil pesos mensuales.
La colocación de estos "superasesores" se llevó a cabó a través de la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de Abril Renée Aguayo, quien está vinculada al priista Jorge Carlos ramírez Marín, quien según el reportaje "otorgó plazas, incrementos y liquidaciones a conveniencia".
También está la Secretaría de Servicios Parlamentarios, donde hay 29 asesores, pero sólo trabajan 3 y los otros "dobletean" como asesores. El otro espacio involucrado es Comunicación Social.
Pero ¿Cómo creer que "ternurita" y el "rebaño sagrado" solucionarán este estado de cosas cuando vemos como otorgan "licencias", "perdones" y Comisiones como los casos Chiapas, Rosario Robles y Sergio Mayer? A la luz de esos datos, todo indica que los que vienen, son igual a los que se van. ¡Pobres mexicanos!
