Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa
La moral, un árbol que da nopales en la 4T.
Por JORGE OCTAVIO OCHOA. Dicen que, para ser líder o dirigente de algo, lo primero que se necesita es: tener autoridad moral.
Y si de lo que hablamos es de un Jefe de Estado, esta premisa adquiere una dimensión fundamental.
Sin embargo, en México y quizá como en gran parte del mundo, uno de los requisitos que no se ha cumplido desde hace décadas es precisamente ese.
La moral ha sido, en nuestro caso, un mero árbol que da nopales; enredado entre discursos labiosos y grandilocuentes, pero sin sustento en los hechos.
Hoy, contra todo lo que esperábamos millones de mexicanos, con Andrés Manuel López Obrador y su llamada 4T, ha pasado igual.
El discurso sobre la autoridad moral fue uno de los ejes fundamentales de un movimiento que, todavía hoy, se nos quiere hacer pasar como transformación.
Esto es FALSO. Estamos inmersos en una lucha de lodo; donde unos y otros se descarnan y dejan a la luz del día el lado más infame de sí mismos.
La lucha contra la corrupción se ha convertido en persecución de los adversarios, y perdón o simple remoción de los leales que transgredieron la ley.
Para muestra, un botón: a la fecha, poco o nada ha explicado AMLO sobre la remoción de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública.
Quedaron en el anecdotario de la historia, las denuncias y posibles evidencias del enriquecimiento ilícito de la ex funcionaria y su esposo John Ackerman.
Pero no sólo era ella. Se mencionó también a sus hermanos Neftalí y Pablo como altos funcionarios y superdelegados de la 4T.
Su despido se dio hace poco más de dos meses; quedó sepultado en el silencio, y por una razón que no tiene nada qué ver con el combate a la corrupción.
Contra los designios de López Obrador, Irma Eréndira se atrevió a impulsar la candidatura de su hermano, Pablo Amílcar contra Félix Salgado Macedonio.
No fue por los rumores y evidencias sobre adquisición irregular de inmuebles, junto con su esposo John, por más de 60 millones de pesos.
Nunca respondieron, por ejemplo, el por qué recibieron un terreno de 253 metros cuadrados en Coyoacán, regalado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Esto ocurrió en la época de Marcelo Ebrard, según una investigación del portal Latinus.
Todos los bienes fueron adquiridos cuando ambos recibían un salario de investigadores de la UNAM.
Irma Eréndira fue despedida y simplemente regresó al Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
En las últimas declaraciones públicas, su marido John se atrevió a escribir que no estaban obligados a explicar “nada a nadie” sobre dichas propiedades.
Simplemente dijo que era “patrimonio privado, que alcanzamos a construir con gran esfuerzo y con las generosas aportaciones de nuestros familiares”.
Así se enterró ese penoso asunto, y con ello se sepultó toda la AUTORIDAD MORAL que decía tener López Obrador.
A no más de dos meses de dicho escándalo, hoy el régimen está inmerso en un nuevo debate, en el que pone en juego ese discurso de la “autoridad moral”.
ÉLITES DORADAS
Y no es porque se quiera hacer, desde este espacio, defensa alguna de intelectuales o investigadores, porque cada uno tendrá que ver por sí mismo.
El problema es que, bajo un falso manto del combate a la corrupción, el régimen pretende empujar un proyecto ideológico de intervención y estatización a ultranza.
Este proyecto empezó desde que AMLO ocupó la Jefatura de Gobierno del DF, con la promoción a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Luego se convirtió en plataforma de gobierno, con el impulso a la creación de 100 universidades públicas, que ha quedado en mera dialéctica y quimera.
En medio de ese debate ideológico-político, es que hoy se discuten los abusos de la llamada “élite dorada” del mundo académico.
No dista mucho de ser cierto que, al amparo de la autonomía, en muchas universidades públicas se han cometido excesos.
Sin embargo, la persecución que hoy se ha iniciado, no está movida por eso. El objetivo final es doblegar precisamente la autonomía.
Imponer una nueva élite, una nueva jerarquía de catedráticos de presunta izquierda, que impulsen desde dentro el regreso del Estado rector.
El problema, es que López Obrador ha escogido mal a sus generales en esta lucha y, al igual que Irma Eréndira, el Fiscal parece tener también cola que le pisen,
Este fin de semana, la revista Proceso publicó un reportaje sobre otro litigio, que involucra a Alejandro Gertz Manero, en su vertiente de catedrático universitario.
El fiscal que hoy pretende meter a la cárcel, casi de por vida a 31 catedráticos e investigadores por darse vida de faraones, también tiene sus “cositas pendientes”.
El semanario asegura que Gertz posee una casa millonaria que obtuvo, a través de un litigio, de la antigua Universidad de las Américas Puebla.
El 29 de octubre de 2012 la Universidad de las Américas, A.C. (UDLA), representada por su entonces rector, Alejandro Gertz Manero, la compró.
La consiguió por 4 millones de pesos y tiene uso de suelo habitacional, según el folio 461377 del Registro Público de la Propiedad (RPP).
El pequeño detalle es que el fiscal no la registró en su declaración patrimonial y tiene impedimento de propiedad según los estatutos de la Universidad
La institución sólo puede tener ese tipo de propiedades para fines “educativos, y caritativos”, y se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social.
La casa, según el reportaje de Proceso, nunca ha tenido esos fines. Es de Gertz, y punto. VER REPORTAJE COMPLETO
LA FAMILIA CUENTA
Esta noticia trasciende, a tan sólo unos días de que su propia familia política inició una demanda penal en su contra.
Apenas el 22 de septiembre pasado, el abogado Alonso Castillo Cuevas entregó una carta al titular de la UIF, Santiago Nieto. Pide investigar al fiscal.
Se habla de delitos financieros, relacionados con el manejo de 7.8 millones de dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales.
Esto, a través de la empresa Operadora Invictus, establecida en Panamá y con oficina en la Ciudad de México.
El depósito se hizo en el banco suizo Julius Bär, en sociedad con su hermano Federico, fallecido.
Ni la esposa de Federico, ni su familia, sabían de la existencia de la cuenta en Suiza, ni de la empresa Jano Limited, creada en 1995.
Es a la sombra de estos escándalos, que se discute ahora el futuro de las universidades públicas en México.
GUADIANA, OTRO MORAL DEFENSOR DE LA HONESTIDAD
Y para no variar, López Obrador vuelve a escoger mal a otro de sus operadores para escalar la guerra contra los académicos: el senador Armando Guadiana.
Este hombre es conocido en México como “el rey del carbón”, por ser propietario de minas de dicho mineral.
Sin autoridad moral, el legislador propuso abrir una extensa auditoría a todas las universidades públicas, y el revire fue brutal:
Ahora le piden, que él informe de los gastos realizados en 2019, cuando acudió a una cumbre sobre calentamiento global en Madrid.
Él acudió como presidente de la Comisión de Energía del Senado, justo en los tiempos en que AMLO cuestionaba ya el “turismo parlamentario”.
Claro, no hay tal informe y dicho viajecito, hasta el momento, queda considerado como tal, para desdoro a la AUTORIDAD MORAL que tanto presumen.
En el mundo académico y de investigadores, consideran este ataque, como el inicio de toda una estrategia para intervenir en la vida de las universidades.
Se trata, dicen, de imponer una nueva línea administrativa e incluso política que les impedirá generar recursos propios a las universidades.
No pueden obtener pago por investigaciones, ni de patentes generadas por sus maestros y egresados.
Desde el actual sexenio, las universidades públicas ya no pueden obtener recursos por esa vía.
Ni por asesorías, elaboración de proyectos o dictaminación de obras. La reforma fiscal las obliga a enterar todos esos ingresos a la Secretaría de Hacienda.
¿A QUIÉN LE RINDE CUENTAS EL FISCAL?
Como remate, la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, advirtió en un artículo publicado esta semana: ¿A quién le rinde cuentas el fiscal?
Señala que a la Fiscalía se le ha dotado de poderes “extraordinarios”, que anula brutalmente la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
“Hoy, dice Ana Laura Magaloni, la FGR quiere extenderlo a la comunidad académica. Mañana, posiblemente, podría ser a los opositores o los comunicadores”.
Ese es el horizonte, en el que se mueve el futuro de México, bajo una visión que no tolera las críticas, ni la oposición.
