Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa
Nestora, la ley del Talión y el pacto que viene
Sin prejuzgar sobre inocencia o culpabilidad, el caso Nestora Salgado es emblemático de lo que ha ocurrido en México en las últimas tres décadas por la forma en que, en medio de soluciones populistas, el Estado pervirtió una de sus principales funciones: garantizar la seguridad nacional.
Sumido en un sistema de violencia ancestral, donde la pobreza y la marginación fueron el principal caldo de cultivo, el estado de Guerrero ha sufrido los tres tipos de violencia que describe el sociólogo noruego Johan Galtung (2004): la violencia estructural, la cultural y la violencia directa, donde la delincuencia se coloca por encima de las autoridades establecidas.
El surgimiento de las Policías Comunitarias se da en ese contexto de opresión e incluso de racismo no sólo institucional, sino social, donde los expulsados por la pobreza bajan de sus pueblos a las grandes ciudades a buscar su sustento para no morir de hambre y sólo encuentran una brutal indiferencia.
A principio de la década de los 90, en otro de los picos de violencia que ha vivido Guerrero, los abusos se multiplicaron en las montañas. Los robos, violaciones, asesinatos y desapariciones se triplicaron en medio no sólo de la incapacidad de las instituciones, sino incluso de su colusión para abusar de los marginados.
Ante la negligencia de las autoridades y el inoperante sistema jurídico, los pueblos tuvieron que organizarse y con el apoyo de ONGs y de partidos políticos, llevaron al Congreso del estado la "brillante" idea de legalizar el surgimiento de la Policía Comunitaria como entidades de "apoyo" al orden institucional.
Ante la falta de respuestas, ocurrencias.
Así, los pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero organizaron sus propios cuerpos de autoprotección y, según algunos teóricos, con ello se buscó reducir los niveles de violencia y conflicto, y desde entonces han presionado por la apertura de un marco jurídico para el reconocimiento de esta y otras experiencias autonómicas.
Hace cuatro o cinco años se buscó legalizar el papel de la Policía Comunitaria al amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero. Ahí se establece que esta policía tiene facultades para detener a presuntos criminales cuando haya denuncias, someterlos a un juicio ante la Asamblea de la Comunidad, la cual también fija una sanción, generalmente basada en trabajo comunitario.
En los hechos, esto no funcionó. La violencia se ha agudizado y lo peor es que dichas Policías Comunitarias se han convertido en otra fuente de autoritarismo, abuso de poder y perversión del autogobierno. Al menos ese es el caso de Nestora Salgado a la luz de las denuncias de los procesados por esa Policía Comunitaria.
El gobierno estatal, lejos de buscar la depuración del Ministerio Público, de las policías municipales, estatales y la Federal, aceptó a través de los partidos en el Congreso del estado, la consolidación de esos supraorganismos o como se les quiera llamar y crearon un Frankenstain legaloide que ni el abogado más ducho podría descifrar por el grado de contradicción que en sí mismo representa.
La reforma a la constitución local establece:
"El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del estado, y que implementen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará por conducto de su policía comunitaria o rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación".
Bajo este laberinto, Nestora hizo y deshizo en Olinalá.
Está comprobado que la "luchadora social" convirtió en secuestro la detención de personas. Hay un caso específico de 50, cuatro de ellos menores de edad: uno de 11, otro de 13 y dos más de 17 años. Por esto mismo se le acusó de crimen organizado.
Los días 22 y 23 de agosto de 2013, debido a denuncias de familiares de los detenidos, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo giró una orden de cateo para la Casa de Justicia de la localidad El Paraíso, municipio de Ayutla, el sitio en el que la policía comunitaria, a cargo de Nestora Salgado, operaba. En el lugar se liberaron a 42 personas.
La defensa de las personas que se encontraban privadas de su libertad dijo a Verificado 2018 que “todos los liberados se encontraban injustificadamente privados de su libertad, ya que no existían denuncias formuladas en su contra por alguna víctima directa o indirecta… Ni se aportaron, ante el Ministerio Público, las pruebas que sirvieron para proceder en contra de las mismas o los expedientes que debieron integrarse”.
Los abogados de Nestora admiten que la policía comunitaria pedía dinero por el rescate de los secuestrados. Los montos iban desde los cinco mil hasta los 20 mil pesos, para ser liberados. Al solicitar un beneficio económico, según esta versión, se acredita el delito de secuestro.
Leonel Rivero, abogado defensor de Nestora Salgado, dijo que se trataban de medidas para la "reparación del daño", tras los delitos que habrían cometido los imputados.
En suma, se ha dado una distorsión de las leyes producto de la incapacidad del Estado para combatir al crimen organizado.
En estos momentos, nadie puede decir que Nestora Salgado sea culpable, no sólo porque el propio estado le dio facultades, sino porque su proceso fue mal llevado y ella simplemente se volvió ojo de hormiga para evadir los citatorios judiciales amparada en una doble nacionalidad con la que se fugó del país.
Sin embargo, lo que sí se comprobó es la entronización de organismos paramilitares que, por barbaridades legislativas, se han filtrado en el sistema jurídico de Guerrero y de otras entidades bajo la figura de "autodefensas", creando espacios de excepción. Quisiéramos ver como funcionarían una policía de barrio con facultades extra legales de esa naturaleza para zonas como Tepito.
Lo único que se vislumbra, a la luz de dichas distorsiones, es la carta de naturalización de los linchamientos o de los actos de justicia donde los ciudadanos le cortarán la mano al ladrón en juicios públicos y sumarios.
Es decir, en Guerrero se aplicó abiertamente la ley del Talión. ¿Eso es lo que queremos para México? Si decimos SÍ, yo desde ahora pido la creación de una Policía Comunitaria en mi colonia.
De por sí ya aparecieron mantas donde advierten que los vecinos nos haremos cargo de los criminales y los lincharemos. Hagamos efectiva la más estúpida de las ocurrencias y cortémosles no sólo las manos a los raterillos y drogadictos que andan deambulando por ahí.
Esas son el tipo de soluciones que se dan al amparo del populismo.
