Tras bambalinas

EL MÁS CORRUPTO DE LOS TRES

En México se ha registrado, en estos últimos 5 años, la implementación de una estrategia para el desarrollo de empresas de “alta gama”, que involucra a los sectores del turismo y comunicaciones, de las que nace una nueva élite política y económica que evidentemente tendrá un impacto transexenal.

Si recordamos, una de las primeras acciones del actual gobierno federal, fue renovar las concesiones de playa en el Pacífico, por Guerrero, Nayarit y Jalisco, a un grupo empresarial que se ha expandido y tiene conexiones con la industria de la construcción.

Al otro costado de la cintura del país, en la península, el régimen se empeñó en crear una obra imponente de infraestructura, llamada Tren Maya, con la pretensión de detonar crecimientos turísticos y desde ahí lanzar el progreso de Tabasco y Chiapas.

En tanto, en el Golfo se ha fortalecido un enclave político-criminal que pasa de Tamaulipas a Veracruz, para dominar los puertos marítimos, y se busca tender un tren transístmico, que llegue hasta Oaxaca, para cerrar la pinza que podría colocar al país como una potencia comercial, para bien y para mal.

Todo esto se ha hecho, muchas veces, a contrapelo de las leyes. Por medio de jueces venales, que tuercen la ley y conceden amparos. Permiten o bloquean, según quien sea el poderoso brazo de la política o el dinero que los mueve. El hecho es que, según los políticos, el Poder Judicial es el más corrupto de los tres

No aportamos nombres, porque ya está comprobado cómo se las gasta el actual gobierno contra todos los que considera sus “adversarios”, con la apertura de carpetas, así sean de hace 20 años. Y miedo sí hay, porque esa es precisamente una de las sensaciones que se ha empeñado en crear la 4T.

El tema es que, bajo el inmenso paraguas de un gobierno supuestamente “humanista”, se ha empezado a crear también una estructura criminal de negocios, que amenaza entronizarse con el anzuelo de que es una “transformación”, aunque sólo sea simulación.

Los negocios ilegales, forjados a través de adjudicaciones directas de Pemex, son la constante. De ahí surge la principal línea de investigación, que revela un entramado que podría incluir un Cártel Latinoamericano, con embajadas a manera de ínsulas de protección.

Existe en México un posicionamiento geopolítico criminal, en el que China juega un papel específico. No es anecdótico que se haya descubierto el sábado, a tan sólo 800 metros del Zócalo, un tugurio solo para asiáticos, donde había 800 dosis de cocaína y evidencia de la “trata” sexual.

Hay también, estrategias de ideologización, a través de personeros de Cuba que llegan a México contratados como Médicos, y el gobierno de la 4T no da ni una sola explicación a sus conciudadanos. Tenemos también una red de ecuatorianos, que ocupan puestos en los gobiernos federal y local de la CDMX, con Morena.

Hay pues, una lucha geopolítica que a los vecinos del norte los tiene molestos y preocupados, por la estrategia de alienación que viene desde Asia, con la distribución masiva de fentanilo. Millones de jóvenes del vecino país han muerto. No por nada, hace unos días la DEA reveló 4 hechos irrefutables:

1. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son responsables de “la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”

2. Operan libremente en parte de México gracias a la red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el Ejército y la política.

3. Ambos Cárteles tienen presencia en 50 estados de la Unión Americana.

4. El Cártel de Sinaloa es el principal proveedor de fentanilo en USA

Por todo esto es que las investigaciones de Reporte Indigo, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, son fundamentales para la apertura de expedientes, que podrían detonarse en los próximos días, en la medida que se desarrolle el caso Arturo Zaldívar, que podría ser el más escandaloso de la era moderna.

La denuncia del magistrado Alberto Roldán, abrió una válvula de presión en la que han estado sometidos muchos jueces, a los que propios y extraños tachan de corruptos, dependiendo el lado de interés en el que se encuentre cada uno. Pero los más corruptos, dicen algunos, son los que van contra López Obrador.

El régimen, y ahora su candidata, continúan su labor de zapa. “La mayoría de los jueces son corruptos”, dice Sheinbaum, para debilitar al Poder Judicial, más allá de querer depurarlo. En esta lógica, desde el Ejecutivo Federal se desató una lucha frontal, que llega incluso al abierto desacato del Presidente y del Congreso.

Los fallos de la Suprema Corte, para los otros dos Poderes, valen un reverendo pepino. Por órdenes del Presidente, el Senado se ha negado a concluir el proceso para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información ((INAI).

Esto pareciera no preocuparles, pese a que, dependiendo del resultado de las elecciones, puede redundar en responsabilidades civiles y hasta penales contra los legisladores y contra el mismísimo López Obrador cuando concluya su mandato. Por eso le apuestan a la continuidad, con mayoría absoluta.

La revista Proceso publica en su edición electrónica de esta semana, un extracto de los casos en que el Ejecutivo federal y el Congreso han incurrido en desacato, entre los que destaca el fallo emitido el 14 de abril de 2023, en el que invalidaron la reforma al Código Penal Militar que permitía a los integrantes del Ejército intervenir comunicaciones privadas sin previa autorización judicial.

La Corte ordenó al Congreso informar sobre el cumplimiento de esta sentencia y otra relacionada con indígenas implicados en procesos penales militares. El plazo venció el pasado 19 de abril, pero hasta la fecha el Congreso no ha informado.

La Corte ordenó también el 22 de mayo del 2023, la desclasificación como de “seguridad nacional”, de las obras prioritarias del gobierno federal. Esto es: el Tren Maya, Dos Bocas, AIFA. Hasta el momento, toda la información permanece reservada por 5 años.

Es por eso que el escándalo de “Arturito” Zaldívar, el ex ministro, toma una relevancia fundamental. Podría descubrir el tamaño de las presiones y amenazas que desde lo alto de Palacio Nacional, han sufrido algunos de esos jueces, para no otorgar más amparos que detengan las “obras estelares” del régimen

En el Lópezobradorismo dicen “no tener un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”. Torcer la ley, en lo que a ellos importa, no es ilegal. Es hacer justicia. Es por este tipo de confusiones, que luego caen en contradicciones del subconsciente:

"Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel (@lopezobrador_) por una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia. Nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México". Estando ahí Zaldívar, no se sabe cuál es el verdadero destino de esa justicia selectiva.