Tras bambalinas
Semana Santa, manto Sagrado a la impunidad
Él no puede revivir a los 40 muertos en Ciudad Juárez, pero sí ocultar culpables, o desaparecer instituciones. En Semana Santa existen los milagros. Ahora será el Instituto Nacional de Migración (INM) el crucificado.
Para lograr la impunidad, demuele instituciones, las pulveriza, para dejarlas sin alma. “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!” Se escucha la letanía, oficia el Padre Solalinde. Francisco Garduño se suma al grupo del manto sagrado.
Por obra y gracia del señor de los pretextos, la legión de impunes del sexenio crece: Florencia Serranía, Ignacio Ovalle, Francisco Garduño, Manuel Bartlett y, ¡claaro! Delfina Gómez.
Para ellos gracia, para los enemigos burla. “Que se me hace que te mandó Maru, "Mi amor"”. Abuso de poder. ¿Dónde está la CNDH? ¿Por qué impunemente el Presidente de la República puede responder así? Violencia política de género.
Sin embargo, al margen de las “revelaciones” de Solalinde, el hecho es que la Secretaría de Gobernación, que “dirige” Adán Augusto López, mantiene un contrato de prestación de servicios con una empresa privada.
Es Camsa, encargada de la vigilancia y seguridad del Centro Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) incendiado en Ciudad Juárez,.con la que firmó un monto mínimo de asignación de 76 millones y máximo de 190 millones.
El contrato está vigente por todo el año. La cancelación podría tener repercusiones legales y financieras. Sin embargo, sus propietarios tendrán que asumir también las consecuencias jurídicas de la desgracia.
Eran los encargados de la vigilancia, custodia y traslado de “todo tipo” de valores, y bienes, tanto muebles como inmuebles, públicos y privados. El INM podrá desaparecer, pero el delito no.
¿Por qué ni Garduño ni Adán comparecen, al menos ante Comisiones del Congreso de la Unión? Porque tienen la protección divina del amo de las impunidades. El tamaño de la opacidad existente en México es ya escandaloso.
Por mucho que quiera demoler al INAI, al INE, a la Corte o al Congreso, el caso Segalmex y los movimientos de José Ramón López Beltrán en Houston, quedarán en los archivos históricos.
Sea como sea, los silencios del gobierno mexicano ya son escandalosos y resuenan a nivel internacional. La semana pasada quedó al descubierto el impune tráfico de personas sin que ninguna autoridad intervenga.
Más de 100 indocumentados fueron encontrados por mera casualidad, porque fueron confundidos con turistas secuestrados por un grupo armado que opera en San Luis Potosí.
Buscaban a 17 personas que desaparecieron en el trayecto de Guanajuato a Saltillo y fueron encontrando grupos de más de 20. Eran indocumentados. Las desapariciones forzadas en México se ha vuelto un hecho común.
Funcionarios de los 3 niveles de gobierno, son cómplices del crimen organizado que se enseñorea por amplias zonas del país. Esto se concluye en un análisis elaborado por el Comité de la ONU contra Desaparición Forzada.
Una comisión de ese organismo realizó una investigación, derivada de la situación crítica que atraviesa el país desde hace tiempo. Hace exactamente un año, urgió al gobierno de López Obrador a abandonar el enfoque militarizado de seguridad.
Le planteó convertir a la Guardia Nacional en un organismo de carácter civil. La única respuesta que se vislumbra hasta el momento es la desaparición del Instituto Nacional de Migración.
No hay ninguna explicación orgánica, más que la filtración de la noticia por parte de un sujeto que, para colmo, no sabemos si es prelado religioso, representante de organizaciones de derechos humanos o simple civil.
El hecho es que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas, en un fenómeno que involucra también el desplazamiento violento de comunidades enteras a las que el crimen organizado despojó de sus tierras y propiedades.
Pero la Secretaría de Gobernación sigue protegida por ese manto divino y su titular iniciará campaña por la presidencia de la República, como si realmente tuviera merecimiento alguno. Con él, seguramente se irá Francisco Garduño.
El problema es que el Presidente no ha entendido que, tener tantos protegidos, lo convierten en cómplice de los males que se persiguen. Esos son los demonios que acosan a López Obrador.
Y la semana pinta para ponerse peor para él y sus seguidores. El liderazgo de Mario Delgado y Citlalli Hernández están en la tablita. Es muy probable que el Tribunal Electoral les ordene dejar el cargo en agosto próximo.
Ello, porque al puro estilo “Alito”, del PRI, promovieron un artículo transitorio de última hora, para extender su gestión hasta el 2024. Esto, según la magistrada Janine Otálora, es violatorio del principio de periodicidad.
Si este proyecto es aprobado, se desatarán los demonios de Morena. Los grupos internos iniciarán una carnicería abierta. Si AMLO decide imponer al grupo de Claudia, la diáspora en Morena será de dimensiones bíblicas.
