Tras bambalinas
Contra todo lo que oficialmente se pueda decir, la publicación del libro El Rey del Cash y las revelaciones de GuacamayaLicks han generado en el ánimo del Presidente un lado irascible, que ha querido ocultar con ironías y sardónicas burlas sobre la sucesión en el 2024.
Además, el mandatario vive ahora un “encontronazo” con el Poder Judicial, porque varios jueces se sublevaron y han concedido amparos contra la puesta en operación del plan piloto de la reforma educativa y el traspaso de presupuesto 2023 de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
El enojo del Presidente ya se trasladó también al titular de la SEDENA, quien olímpicamente mandó a volar a los diputados federales de la Comisión de Defensa, que querían interrogarlo sobre la mega fuga de datos de seguridad nacional, presuntamente robados por el grupo de hackers “GuacamayaLicks”.
De acuerdo con dichas revelaciones, el secretario filtró, indebidamente, cerca de 200 informes CONFIDENCIALES a su correo personal, amén del hallazgo sobre la venta de granadas y armamento a grupos delictivos, desde el mismísimo Campo Militar número Uno, localizado en Lomas de Sotelo de la Ciudad de México.
Para acabarla, este desplante de Don Crescencio se da en medio de una nueva crisis de violencia, tras la masacre de 12 personas en un bar de Guanajuato y el secuestro express de un alcalde con su esposa y miembros de su gabinete que, si bien fueron liberados, refleja el estado de cosas en el país.
Lo más preocupante es que, las insolencias se dan con esa misma actitud ya muy LópezObradoresca de “No me vengan a mí con eso de que La Ley es la Ley”. Ahora amenaza con no obedecer el fallo, de Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito de Guanajuato.
Ella concedió a Ángel Castro Gómez, miembro del organismo no gubernamental Uniendo Caminos México, una suspensión provisional que impide por ahora transferir al Ejército, el control operativo y el presupuesto de la Guardia Nacional y analizará en breve la suspensión definitiva.
Así pues, la actitud del Presidente de la República, remarcada por el desprecio del Secretario de la Defensa al Poder Legislativo, es un mal principio para la implementación generalizada de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, dispuestos a intervenir hasta en trivialidades viales de civiles.
Quizá, bajo estos parámetros, ahora muchos entiendan porqué para López Obrador, se ha convertido un asunto de “urgente y obvia resolución”, la salida del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para colocar a un magistrado todavía más “a modo” de sus intereses.
Mal mensaje es, también, el anuncio de la mutilación del Instituto Nacional Electoral (INE), para disminuirle consejeros. La única lectura que subyace de todo esto es: el mandatario busca asumir definitivamente un control absoluto en la vida nacional. Y por el lenguaje que ocupa, Adán Augusto será el elegido.
Al puro estilo del guion de Mario Puzo, el ex notario público dijo que le da “lástima” que “…detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía”. Imagen y semejanza. El credo político-mesiánico de AMLO se trasluce en las palabras del Secretario de Gobernación.
“Con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia civil los ayuden en tareas de seguridad y por otra negándole a los mexicanos esta posibilidad”, dijo el del andar pausado, el de la “vocecita”, que hoy utiliza el tono bajo.
Pero NO, secretario. Nadie les pide un favor. Es su obligación constitucional intervenir cuando la Seguridad Nacional o la Seguridad Interior del territorio están en riesgo y hoy, todas las masacres, todas las apariciones de grupos armados, ameritan la intervención de las Fuerzas Armadas. Para eso no hay pretextos.
Otra cosa muy distinta es pretender dejar permanentemente a los militares en las calles, para intervenir en cualquier cosa, incluso en protestas civiles. Es el gran pretexto para empezar a acallar a los adversarios, a los que no piensan como los miembros de la 4T. Los hipócritas son ustedes.
Pero ahora López Obrador quiere aplastar, pulverizar incluso la autonomía de las universidades públicas, como la UNAM, la UAM, el IPN; para así apuntalar definitivamente su proyecto ideológico-político de cara al último golpe de su transición.
Esa es la transformación que quiere, pero no la que necesita el país. Por eso duele el silencio de los académicos, catedráticos de esas instituciones. Con su mutismo acreditan el mote de élite dorada; viven en la tibieza de sus cubículos intelectualoides. Por eso no reaccionan.
La toma de planteles, los paros de labores no tienen explicación, salvo el intento de desestabilizar todo el sistema de educación superior en México para imponer nuevos rectorados, nuevos profesores que comulgan con la izquierdización socialistoide que no resuelve los problemas del país, pero nos hace populares.
Mal augurio es que la coordinadora de las Universidades del Bienestar, Raquel Sosa, diga a los alumnos que protestaron por la pésima calidad, las malas instalaciones, la falta de docentes: “No estén de ociosos, no anden en la calle nomás protestando”.
En medio de la opacidad, en dichas universidades no han entregado cerca de 600 títulos de egresados, no se sabe como fue su desempeño durante la pandemia, y muchas no tienen condiciones materiales ni físicas para regresar a clases presenciales. Los alumnos temen que sus estudios no sean reconocidos.
“Somos tres veces NINIS: ni maestros, ni clases, ni instalaciones”, dicen ahora con sorna los pasantes de medicina integral y salud comunitaria de las Universidades del Bienestar de Baja California, Oaxaca, CDMX y Yucatán que protestaron frente a Palacio Nacional.
Pero, aún así, lo más triste es ver la docilidad con que los mexicanos están aceptando esta nueva condición, como se observó el pasado miércoles 12 de octubre, durante la marcha de estudiantes universitarios que protestaron, entre otras cosas, por la acelerada militarización que vive el país.
Quizá porque varios de los contingentes de la UNAM, UAM e IPN responden más a los intereses de quienes quieren intervenir la autonomía universitaria, que a la indignación por la futura presencia permanente del Ejército y Marina en las calles del país.
La docilidad se hizo más evidente porque, justo ese día de la marcha, entre muros la Cámara de Diputados dio el paso final para la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. No hubo más de 2 mil asistentes en el plantón frente a Palacio Nacional, en el Zócalo.
En el vacío quedaron ahogados los reclamos: “¡Los pueblos indígenas resistiremos en la lucha en contra de los megaproyectos que saquean nuestras tierras…!”. En pleno día “De la Raza”, el Congreso Nacional Indígena protestó contra la militarización “que asesina a nuestras familias”.
Sus reclamos fueron acallados con la consigna “¡Presidenta” “¡Presidenta”!. Mientras, los diputados de MORENA, PT, PVEM y mayoría del PRI, consumaron el arribo de los militares a las calles: 339 votos a favor, 155 en contra, 2 abstenciones. Consummatum est
Los mismos que en el 2017 salieron a las calles con pancartas de “No a la Militarización”, ese miércoles 12 de octubre tomaron la tribuna para festejar el “cambio de opinión” de López Obrador. Al centro de la foto, el dueño sempiterno del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.
“Mucha militarización y poca educación”, fue el reproche que resonó en las calles del viejo centro de la Ciudad de México, pero dentro de Palacio, el presidente ocupó su “mañanera” para “destapar” otras 40 “corcholatas”, pero de la oposición.
¿Es un honor qué?
