Tras bambalinas

El caso Yunes, dejó al descubierto exactamente lo que es Morena en sus élites más altas: son corruptos, desleales, traidores y criminales. Extorsionaron a una familia, que de por sí tenía mala fama. Le dieron dos posibilidades: cárcel o exculpación.

En este momento, las elecciones judiciales del 1º de junio próximo no se estarían desarrollando, de no haber sido por el voto impío de ese, al que hoy escupen en la cara los morenistas, y niegan la afiliación a su partido, como si tuvieran autoridad moral para reprocharle nada.

El origen sucio de esa contienda de magistrados y jueces, quedará más marcado que el paso del caballo de Atila, que la separación del Mar Rojo y que la distancia del cielo a la tierra. Sin esa suciedad mayúscula, hoy la 4T no estaría ni cerca de poder cumplir el capricho último de Andrés Manuel López Obrador.

Pero el Karma existe, y la maldición cae sobre muchos, en especial sobre Adán Augusto López, quien vio con claridad que la defenestración de Yunes Márquez, sólo quedará como estigma y reproche a él, y a todos aquellos que hicieron posible, con chantajes, que aquel diera su voto definitivo por la reforma judicial.

Por eso, mandó un mensaje brutal a Luisa María Alcalde, lideresa de Morena: “la única presidenta que yo reconozco se llama Claudia Sheinbaum”, y ordenó a su bancada en el Senado, no reunirse con aquella otra, que buscaba ordenarles no aceptar la afiliación del ex panista.

Es curioso, porque hoy precisamente es Adán, quien se encuentra bajo fuego en el Edén, en una paradoja bíblica siniestra, porque algunos lo relacionan con los hechos de violencia que han ocurrido en Tabasco y Chiapas los últimos meses, mientras él alienta la campaña política de su favorita con el apoyo ilegal de empresarios.

Morena se descarna entre sus propias miasmas, porque además los últimos hallazgos impresionantes del huachicoleo en Sonora y Baja California, embonan perfectamente con los relatos sobre “El Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, que se ventilan en Estados Unidos.

La ruta de la corrupción es tan grande precisamente como el Mar Rojo. De hecho, es del tamaño del Golfo de México, pues el buque “Torm Agnes”, de la empresa china Tianjin Yuanhang, pasó por ahí y cruzó por el canal de Panamá, subió por el pacífico, llegó a Guaymas y Ensenada.

Un negocio de 18 millones de litros de combustibles y miles de millones de pesos que hasta la fecha la autoridad fiscal no investiga, pese a que se saben los nombres de las empresas que cargaron el combustible en puertos y usaron una zona federal para esperar instrucciones.

Todo esto es lo que tiene a la presidenta de México contra la pared en sus negociaciones con Trump. Ha tenido que ceder a todas las exigencias de El Bárbaro del Norte y elaborar un catálogo de 18 acciones que, en algunos casos, simplemente son la expresión de buenos deseos.

No se sabe a cuántos delincuentes más tendrá que entregar la 4T, ni si los pactos o acuerdos con aquel implicarán concesiones lesivas para el país porque, como se ve, Estados Unidos quiere apropiarse de territorios enteros, como Groenlandia; o de las tierras raras y minerales de Ucrania.

Además, quiere cambiarle de nombre al Golfo, y quizá aplastar las concesiones ferroviarias del transístmico para beneficiar empresas estadounidenses. Trump querrá apoderarse del único paso comercial naviero que supla al caduco Panamá, sin ninguna participación de China.

De ahí pretenderá apoderarse de todos los bienes y materias primas que esas rutas cruzan, y que sólo el crimen organizado ha sabido explotar de manera más que eficiente, a base de fuego y muerte, lo que ha sembrado al país de fosas clandestinas que algunos estólidos, como Noroña, no quieren ver.

Por todo esto, resulta preocupante la reciente aprobación en el Congreso, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que exenta de trámites y requisitos de transparencia a las Fuerzas Armadas, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En términos prácticos, con eso, Morena institucionaliza la “adjudicación directa” y sin licitaciones, que tanto se usó en el gobierno de López Obrador en más de un 80% de casos. Bastará ahora con decir que los proyectos son “prioritarios y estratégicos”. Pero además podrán firmarse para casi un siglo.

Con dicha ley, se elimina la necesidad de firmar nuevos convenios cuando aumente el monto o el plazo de un contrato en más del 25 por ciento, como antes lo requería la ley. A partir de ahora, ese margen podrá ser rebasado sin que se modifiquen los acuerdos formales.

Los contratistas ahora podrán solicitar hasta un 50 por ciento de ajuste por costos indirectos y de financiamiento, cuando antes solo podían pedir hasta el 25 por ciento. Es decir, habrá una serie de ventajas a los futuros socios, que sólo en los tiempos del PRI se vieron. Quizá eso es lo que piensa vender ahora MORENA.