Tras Bambalinas
La columna vertebral del discurso ideológico de la izquierda en el poder, encabezada por Andrés Manuel López Obrador es: “ir a las causas de la pobreza, la marginación y el rezago”. Y centran las culpas en el neoliberalismo, el capitalismo y el enriquecimiento histórico de los grandes potentados.
Es la misma alocución de los gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe, animado con reproches y acusaciones a lo que, en México, el régimen de la 4T llama “los conservas”, como si no tuvieran culpa alguna del cáncer de corrupción que sufre el continente desde hace décadas.
No se puede atacar las causas, cuando un sistema está infectado desde sus raíces. En México, gobernadores, alcaldes, diputados locales y federales, senadores, a todos los niveles, el crimen organizado lo ha envenenado. Coalcomán y Santo Tomás de los Plátanos son la prueba irrefutable.
Tiene signos de metástasis. En los últimos 25 años, el 98% de las denuncias de peculado, desvío de recursos y fraudes de funcionarios públicos han quedado impunes. Y ahora, con el régimen de la 4ª transformación, la opacidad de la corrupción correrá su manto sobre el ex presidente López Obrador.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, ha abierto en ese lapso de 25 años, mil 185 carpetas de investigación, pero sólo 24 han terminado en sentencias. La impunidad es el rasgo distintivo de la clase política mexicana de todos los signos.
Este dato refleja la magnitud del problema. Los políticos se dan “regalazos” de navidad con dinero del erario. No rinden cabalmente informes de lo que hacen, pero levantan el dedo flamígero contra los adversarios y repiten la letanía de un líder que hoy permanece protegido por cientos de militares.
Ahora resulta que la empoderada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que suplirá al INAI, informó al periodista de El Universal, Alberto Morales, que no dará datos de las denuncias, quejas o investigaciones que existan contra el ex presidente López Obrador porque son “confidenciales”.
Tampoco se dará informe alguno de los ex titulares de la Secretaría de la Función Pública, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad, Gobernación, Hacienda, CFE, Pemex, IMSS, ISSSTE y Comunicaciones y Transportes porque “podrían afectar su honor, prestigio y buen nombre”.
Pareciera información de 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero es la respuesta que encontrarán los reporteros de investigación y organismos de transparencia, porque el ex presidente se ha blindado, para que el futuro no lo alcance.
En medio de este panorama, y lejos de crear su propia personalidad y estilo, la nueva presidenta ha retomado ese discurso, con las mismas pausas, con la reseña histórica de privatizaciones de la CFE, Pemex; el megafraude de Fobaproa, como el origen y la causa de todos los males.
El problemita es que, cuanto más lo repiten, empiezan a caer en su propio hoyo, porque brota entonces el caso Segalmex; el enorme robo cometido a través del INSABI y los fracasos de proyectos que ahora sólo drenan nuestros impuestos, dígase Mexicana, Tren Maya, Dos Bocas, Megafarmacia.
Durante 6 años en la presidencia y más de 12 en el gobierno de la CDMX, esta izquierda que ahora presume santidad y reparte perdones a través de Morena, no hizo nada por combatir la corrupción. México no sólo no ha mejorado. Está peor, con un cuerpo diplomático envilecido.
Es difícil recordar qué personajes de la política y del sector privado fueron a la cárcel por actos de corrupción. De hecho, la descomposición de la élite política se ha acelerado, pero, si en algo nos consuela, éste no es un problema privativo de México.
Se ha extendido por todo el continente, y tenemos muchos casos perfectamente comprobados, de ex presidentes que han ido a la cárcel por corruptos.
De Perú, destacan los ejemplos: Alan García, Alberto Fujimori y Pedro Castillo. De Ecuador tenemos los casos de Abdalá Bucaram y Rafael Correa. En Venezuela, el caso más conocido es el del popular Carlos Andrés Pérez.
Luego vino la deriva dictatorial de Hugo Chávez y el actual, Nicolas Maduro. En Colombia, tenemos el caso de Álvaro Uribe. En Argentina, Carlos Saúl Menem, acusado de contrabando de armas a Ecuador.
Cristina Fernández, ex presidenta argentina fue inhabilitada a perpetuidad por la concesión de obras. De Guatemala, los casos más sonados y recientes son los de Alfonso Portillo; Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
De Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado; y Arnaldo Alemán. Estos dos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. En Panamá, están los casos del general Manuel Antonio Noriega; Ricardo Martinelli.
Todo esto, sin contar los casos muy particulares de Díaz Canel, en Cuba y Daniel Ortega, en Nicaragua, que se han convertido en la muestra más detestable de lo que implica la entronización de una persona o de grupos en el poder.
Todos estos figurones políticos, estuvieron relacionados con fraudes, desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado y, en particular, con el narcotráfico.
Todos ellos, hablaron alguna vez de la necesaria unidad latinoamericana. De la pobreza endémica de nuestros pueblos y del enriquecimiento de unos cuantos. Pero terminaban en la comodidad de opulentas mansiones.
¿Con qué autoridad moral puede hablar un mandatario de corrupción, y de privatizaciones fallidas, teniendo encima los casos de Segalmex e Insabi, sin dedicar al menos una mañanera para informar al pueblo qué pasó ahí?
Vale la pena una reseña histórica en ambos casos, porque todavía sufrimos las consecuencias de la opacidad reciente con que actuó Andrés Manuel López Obrador.
LOS CHEQUES DE HULE, EN CHIAPAS
Nos enteramos ahora que en Chiapas,(¡Otra vez Chiapas!), el IMSS Bienestar no pagó a tiempo sus prestaciones de fin de año, como bonos trimestrales y de productividad. Y cuando pagó, lo hizo con “cheques de hule”, que rebotaron.
Los pagos de aguinaldo se hicieron con cheques sin fondo, nos cuentan trabajadores que piden anonimato. Por si fuera poco, les dieron una tarjeta, TOKA, que tampoco tenían fondos.
En este tema, está envuelto el actual senador Chiapaneco-Tabasqueño y ex secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, porque él fue el último encargado de ver cómo se llevaba a cabo la transición desde el INSABI.
Nos dicen que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó en 2019, durante el primer año de Cruz Castellanos en la Secretaría de Salud, un desvío o faltantes de 258 millones de pesos.
La ASF señala que se transfirió dinero del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud a cuentas externas. Se hicieron pagos injustificados y se compraron medicamentos y vales de combustible de forma irregular.
El escandalito quedó en el silencio, pero la irregularidad en los pagos y la forma turbia de resolver los problemas, queda como legado de esos gobiernos que se dicen “de izquierda”, toman los recursos y después ya no les alcanzan.
En resumen, es tiempo ya de que la señora presidenta asuma su propia personalidad. No es posible que siga atizando el discurso de odio y polarización, cuando los suyos son tan culpables como los otros a los que acusan.
Las mentiras van a reventar como palomitas de maíz, cuando el año próximo se vean los niveles de participación de la llamada Reforma Judicial, y descubramos que el volumen de votantes resulta inversamente proporcional, al número de militantes que tiene Morena y su sobornada feligresía.
Ir a las causas, implica también una inevitable amputación. ¿Tendrá el valor Señora?
