Tras bambalinas

México, en la séptima palabra

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. A la luz del debate sobre la reforma al Poder Judicial, lo único que queda claro, es la enorme soberbia y ambición del partido Morena y su “régimen transformador”.

Tienen el control territorial, con 22 gobernadores. Dominan absolutamente las Cámaras de Diputados y Senadores. Están en ruta de desaparecer a los órganos autónomos. Quieren opacidad total, e impunidad.

Este fin de semana terminó de aplastar al poder judicial y a los 8 ministros sublevados de la Corte. La presidenta Sheinbaum ya dejó claro: no se reunirá con ellos. Si quieren hablar, que lo hagan a través de la Secretaría de Gobernación.

El Diálogo de Poderes, al que obliga la Constitución, está roto. El régimen inicia una reforma, “para mejorar la justicia”, sin acuerdo alguno, en un país en el que no existe el Estado de Derecho y priva la violencia.

Malas noticia: es claro que, más allá del “Maximato”, lo que se ha instaurado en México, es una corriente ideológica de partido de Estado, más autoritario que el antiguo PRI, con decisiones a mano alzada y falsas encuestas populares.

Dictado de las masas, le llaman ellos. México ha entrado a sus horas más negras, de coacción, persecución política, amedrentamiento de opositores, prevalencia del crimen organizado y profunda corrupción.

Como lo señalamos hace una semana en este mismo espacio, Morena desoyó absolutamente el mensaje póstumo de Ifigenia Martínez. “Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas”.

“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario...

“Es tiempo de altura de miras. Es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades”. Claudia Sheinbaum desatendió este mensaje. Solamente usaron el símbolo que es Ifigenia. Fue un acto hipócrita. Los puentes están rotos.

Efectivamente, el sistema de justicia está destrozado. Es de pánico entrar en el ámbito del Ministerio Público o de los juzgados, sobre todo porque existe la certeza de la colusión que hay entre delincuencia y agentes judiciales.

Sin embargo, deja mucho qué pensar una reforma que nace de un partido de Estado, con el control total de los Poderes y con los genes de la traición y la persecución política del adversario.

En México se cometen, al año, 30 millones de delitos y el 99% de los delincuentes evade la justicia. De cada 100 delitos que se ejecutan en México, 96 quedan impunes.

Lo peor: en la búsqueda de justicia, más del 37% de los reos en los penales de este país, están privados de la libertad sin sentencia. Son casi 87 mil que podrían pasar un año o 10 en la cárcel sin que se sepa su situación legal.

Las fiscalías y los Ministerios Públicos son el otro lado de la destrozada justicia a la mexicana, al iniciar mal las averiguaciones, violar “el debido proceso”, torturar o coaccionar a los detenidos, redactar erróneamente las actas ministeriales.

Los amparos, a la luz de lo que ha ocurrido estas últimas semanas, son letra muerta y, para rematar, lo que prevalece hoy es la prisión preventiva oficiosa. Es de terror la situación que vive el país.

Para redondear este terrible panorama, Morena prepara reformas al artículo 19 constitucional. Incluirán el delito de defraudación fiscal, en el rango de faltas que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Cualquier opositor del régimen que sea acusado por esta causa, podría quedar en la cárcel hasta por 2 años. Con la nueva estructura de dominio judicial por parte de un solo partido político, el tema es sumamente delicado.

El cierre que se le ha dado al caso Ayotzinapa es demoledor. Todo mundo sabe en dónde está parte de la responsabilidad por los 43 desaparecidos. Hubo una confusión, pero hoy se le quiere lavar la cara a las Fuerzas Armadas.

Quizá, algún día, esto también quieran resolverlo con un simple: “¡Perdón!”. El Poder Legislativo se ha convertido en la falange ejecutora, pese a estar inmerso en la corrupción, dictámenes y decretos desastrosos, que luego deberán corregir.

Las increíbles discordancias entre los artículos 94 y 97 de la Constitución, demuestran claramente la sumisión y el dictado de órdenes desde el Ejecutivo. Los 500 diputados, 128 senadores y más de 20 congresos estatales no lo vieron.

No saben cuál será el procedimiento para elegir al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero han empezado con una infame tómbola para despedir a 711 juzgadores, en un proceso que nadie entiende.

Eso es, ni más ni menos, ruptura de la ley, aplastamiento del adversario, autoritarismo, que puede devenir en dictadura porque hoy, está más que comprobado, existe contubernio del régimen con el crimen organizado.

En el país pululan las ejecuciones, las balaceras, los actos de terror, pero, a la luz de la reforma judicial y lo que ocurre en Sinaloa, Guerrero y Chiapas, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad puede convertirse en un sistema de represión.

Exculpan al gobernador Rocha Moya, protegen a Evelyn Salgado y a su padre, Félix Salgado, a prófugos como Javier Corral, hoy flamante diputado federal de Morena, presidente de la Comisión de Justicia.

Pero a los adversarios, incluso muertos, que ya no pueden defenderse, les dictan sentencias anticipadas y filtran documentos en los que ponen en entredicho su inocencia o su honestidad.

Esto hicieron en el caso de Alejandro Arcos Catalán. A través de su odiada némesis, el diario Reforma, filtraron la versión de que el asesinado alcalde de Chilpancingo, se había reunido previamente con el cártel criminal de “Los Ardillos”.

Dieron a entender así, que andaba en “malos pasos”. Pero a la hija de Félix Salgado Macedonio no la molestan ni con el pétalo de una investigación. Ambos gozan de fuero constitucional, pese a sus probados lazos con criminales.

Todo esto demuestra que la clase política de México está podrida. La estructura del poder, los tres niveles de gobierno, están tocados por la mano maldita de La Maña, para financiar campañas.

Sin embargo, los presuntos implicados gozan de libertad. Rubén Rocha Moya, pontificando entre cadáveres, cuando debiera rendir declaración ministerial por el reciente asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Persecución y violación de derechos, es lo que se dibuja en el horizonte de la política mexicana. Hoy los mexicanos están en la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.