Tras bambalinas
México Patético, país de evasores; las víctimas se sienten hoy vencedores
Lo que vemos en México, es la exhibición más impúdica y nefasta del abuso del poder, la arrogancia, la prepotencia y la estulticia. No, no ganaron los más pobres, ganaron los voraces. Tenemos una nueva élite política famélica de venganza.
Somos un país de evasores. El régimen de López Obrador camufló a 15 de los suyos y los disfrazó de verde, para así esconder la sobrerrepresentación que pretendían. Engañaron a los electores y el Tribunal se hizo el ciego.
Transfuguismo, fraude electoral, traición. En el muro de la ignominia, aparecen al final del sexenio, Araceli Saucedo y José Sabino, nuevos senadores de Morena que, como las ratas, abandonaron el barco de eso que alguna vez se llamó PRD.
Pero no sólo están ellos. Están ahí los evasores electorales: Enrique Cantú Rosas, Luis Sánchez, Carmen Bautista, Elizabeth Cervantes, Graciela Domínguez, Marcela Michel López, Felicita Pompa, Montserrat Ruiz, Gloria Sánchez y Jazmín Villanueva.
Esta concesión graciosa del PVEM, ocurre después de que el SAT acusó a una empresa vinculada al Partido Verde, Asesoría Empresarial CAPIRE S.A., por fraude fiscal de mil 272 millones de dólares al emitir facturas en operaciones simuladas.
Ese Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue el que avaló la depredación más monstruosa de la selva Maya y que hoy es motivo de escándalo mundial por lo que ya denominan un “ecocidio”.
Pero no sólo eso. En uno de los fallos más aberrantes en la historia de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, decidió anular las elecciones en la alcaldía Cuauhtémoc, para quitarle así el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega.
Para ello, Morena requirió los servicios de otros esbirros, que deben pasar al muro de la ignominia, como Armando Ambriz y la nueva mayoría en el Congreso de la CDMX, donde también hubo secuaces.
Entre estos figuran los nuevos diputados locales Nora Arias del PRD, Silvia Sánchez Barrios del PRI y Luis Chávez del PAN, que se fueron a Morena para darle la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad.
El pretexto para la anulación de la alcaldía más poderosa de la Ciudad de México fue: “violencia política de género” porque, según los magistrados, Alessandra dañó a Caty Monreal, al compararla con su padre, Ricardo Monreal Ávila.
¿Qué dirán ahora cientos de morenistas, que en el 2021 acusaban a Monreal de traición, por haber operado -según ellos- en contra de su partido y permitir a la oposición ganar esa alcaldía y la mitad de la Ciudad de México?
Para colmo, es el mismo Monreal quien anunció este fin de semana, que los diputados federales de Morena no acatarán la orden de un Juez Federal de suspender la discusión de la reforma judicial.
La jueza Quinta de Distrito en Morelos, Eugenia Magaña, otorgó un amparo a 4 jueces que denunciaron que, con la reforma, se les pretende cesar de sus cargos sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización”.
Ese Monreal, al que tanto han vilipendiado los morenistas, es el mismo que anuncia, sin rubor, que “la mayoría legislativa, categórica y enérgicamente determina que no se someterá a la jurisdicción del juzgado porque no tiene competencia”.
El aplastamiento total. Lo menos que podrían hacer ahora los estudiantes de derecho que se manifestaron en El Ángel, es pedir la destitución de Ricardo Monreal de la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.
No ocurrirá. Lo más patético, es que hoy en México, millones de víctimas se sienten vencedores. Es el marco con el que cierra el último informe de Andrés Manuel López Obrador, con una cauda de personajes que bien podrían ser indiciados penalmente.
Por ahí están Javier Corral; Ignacio Ovalle, principal protegido de AMLO en el fraude por más de 16 mil millones de pesos en Segalmex; o Manuel Bartlett e hijo, que defraudaron con la compra venta de ventiladores clínicos y tierras en Cancún.
El propio López Obrador podría ser sometido a juicio en tribunales internacionales, por la devastación que propició en las selvas de Yucatán y Quintana Roo, al ordenar la tala de más de 10 millones de árboles por donde ahora pasa el Tren Maya.
El canal NTV, de la televisión alemana, difundió esta semana un reportaje en el que aglutinó todas las denuncias de ambientalistas, sobre el daño a los cenotes, a la fauna local y la tala criminal de árboles.
Pero quizá el caso más emblemático es ahora el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las truculencias que encierran la reciente “extracción” de El Mayo Zambada, el asesinato de Cuén y los presuntos nexos con el crimen organizado.
Nadie se explica aún cómo es que Rosario Heras, agente de la Fiscalía de Sinaloa desde hace 24 años, era escolta del Mayo Zambada, máximo capo fundador del Cártel de Sinaloa. ¿El gobernador no lo sabía?
Así, por mucho que quiera hacer parecer exitoso el cierre de su mandato, los hechos, los datos y las evidencias, contradicen todo cuanto dijo en su último informe de gobierno López Obrador.
Repartir pensiones y adornarse con los impuestos de otros, no es ningún logro. Morena puede pavonearse con sus indignas mayorías, pero, al igual que el PRD, en poco tiempo vivirán la vergüenza y el repudio.
Convertido Morena en el nuevo partido de Estado, hoy ventila sus propios hedores, con el fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa, donde prevaleció “La Verdad Histórica” que, según Zerón, fabricó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Guerrero es hoy, al igual que Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas, asiento del narco estado. Esa es la lectura que tienen ya en Estados Unidos y Félix Salgado Macedonio debería pensarlo dos veces antes de cruzar a ese país.
El estallido colérico del aún presidente, no fue sólo por la opinión del embajador Ken Salazar sobre los riesgos que implica la reforma judicial para las relaciones bilaterales, sino por el silencio grosero y la falta de información por el caso Zambada.
En Estados Unidos ya pulula la versión de que fue un piloto de la DEA el que comandó el vuelo "fantasma" y que fueron tres agencias de aquel país quienes armaron todo el operativo sin informarle al gobierno de AMLO.
Se dice que la Fiscalía General de la República ha solicitado las comunicaciones de la torre de control y la información de los sistemas de radares de los aeropuertos donde aterrizó la aeronave.
Sin embargo, dicen allá que la FGR no puede ponerse “exigente”, porque entonces tendría que explicar cómo demonios salió de Culiacán, Sinaloa, un avión sin permiso, y atravesó durante casi dos horas ciudades importantes de México.
Para la administración Biden, es el golpe más exitoso de los últimos tiempos contra el narcotráfico. Para López Obrador es, más que un fracaso, una escandalosa evidencia de que su gobierno toleró la movilidad del crimen organizado.
Declarar a Los Chapitos “Traidores a la Patria” es una Perogrullada. Ya lo eran desde el momento mismo en que decidieron envenenar a generaciones y generaciones de mexicanos y someter a otros a la tortura y el asesinato.
Poner en “pausa” la comunicación con la embajada de USA, lo único que logró fue una risotada sonora del gobierno de aquel país, desde el momento mismo que no respondió la carta de AMLO por el presunto apoyo económico a MCCI.
Al cierre de su mandato, queda a flor de piel no sólo la incapacidad, sino la complicidad entre autoridades federal y el narcotráfico. Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa son la evidencia y un escándalo mundial.
Por eso, la impudicia con la que hoy exhiben su triunfo da asco, al ver que, por igual, Andrés Manuel protegió también a gente como “Alito”, a los Murat, a los ex priistas hoy embajadores de México. Es toda una cauda de corruptos.
No olvidemos tampoco, la protección que dio también a Hugo López Gatell; al general Salvador Cienfuegos; a Roció Nahle; a Ana Gabriela Guevara o al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
Los renglones torcidos de Dios están en la calificación de las elecciones, cuando López Obrador sometió al INE y al Tribunal Electoral a una auténtica persecución política, que culminó con el avasallamiento de ambos.
A partir de expedientes y carpetas de investigación, dobló a cada uno. En su defecto, hubo concesiones escandalosas para familias completas, como los Taddei, los Batres, los Alcalde.
Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, fue sometida a una presión mediática por presuntas irregularidades de su esposo, su papá, su hermano.
Se dijo que ella era propietaria de un condominio en Zapopan, Jalisco, adquirido en copropiedad con su marido Miguel Leonardo Díaz Cuadras. Luego, que también es dueña de una casa en La Paz Baja California Sur.
Que la adquirió supuestamente a nombre de su papá, Eligio Soto López, pero está a nombre de ella desde el 2008. A la vez, su papá fue demandado por el despojo de 425 mil hectáreas a través de cargos públicos que ocupó.
Luego se dijo que su hermano César Soto Fregoso, ex dirigente municipal del PRI en Los Cabos, habría encabezado invasiones de predios en ese lugar entre 2010 y 2011.
Cierto o falso, todo esto demuestra que el régimen no busca purificar al aparato judicial, sólo quiere amansarlo, tenerlo bajo sus órdenes. En ello ya está puesta toda la maquinaria de Morena.
Por mucho y que digan que Claudia Sheinbaum podría ponerla en “pausa”, la ruta ya está marcada. Los fieles de AMLO están dispuestos. Es el telonazo final. Como dijimos hace una semana: Consummatum Est.
Quisiéramos decirle “¡Hasta nunca!”, pero lo cierto es que él gobernará desde Macuspana
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