Teléfono rojo
· El doloroso y costoso final de los órganos autónomos
· Saldrá más cara su liquidación que su mantenimiento
· Auditorías para sancionar cobro de moches en el Inai
Oficialmente ya están muertos.
Así lo planteó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, así lo asumió el actual gobierno y así lo aprobó el oficialismo en el Congreso de la Unión.
Pero nadie sabe cuándo ni cómo terminarán los organismos autónomos creados para transparentar la administración pública y ser contrapeso al gobierno.
Y por ello más de tres mil trabajadores penan inútilmente en busca de su destino: ¿serán liquidados, reacomodados o simplemente despedidos?
Hay versiones distintas en cada uno de ellos -la Cofece, el IFT, el Inai, el Coneval, la CRE, la CNH y Mejoredu-, a veces sostenidas en la esperanza y en otras en las promesas presidenciales.
Porque de acuerdo a la versión oficial, emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López- se respetarán sus derechos laborales.
Los tiempos corren, los plazos para la extinción se acercan, no hay recursos para operar ni liquidar, tampoco leyes secundarias y cada uno de ellos trata de resolver su situación.
MORIR DE ZOZOBRA
He aquí un panorama de incertidumbres:
En la Comisión Federal de Competencia Económica la idea es transferir a gran parte del personal a otras áreas de gobierno, pero no está definido sin ley reglamentaria.
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones los mil 600 empleados buscan cómo contactarse con la Agencia de Transformación Digital del Gobierno con SICT y Jesús Antonio Esteva de cabezas.
La labor de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación pasará a la SEP de Mario Delgado, pero los 600 trabajadores no saben cuántos tendrán acomodo.
Por ahora, descabezada por la renuncia de Etelvina Sandoval para acomodarse en el gobierno federal, Mejoredu sólo tiene dos comisionados -Silvia Valle y Florentino Castro- y por lo tanto la Junta Directiva está imposibilitada para sesionar.
Gestionaron y lograron del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, una partida especial de 300 millones para cubrir salarios y gastos de operación, pero sólo aplazan su agonía seis meses.
AUDITORÍA AL INAI
Situación especial vive el Inai.
El organismo hasta ahora garante de la transparencia gubernamental y acceso a la información pública es investigado de cerca por el auditor federal David Colmenares.
En días deberá difundir por ley su reporte y contempla 14 pliegos de responsabilidad administratoria sancionatoria y cinco de observaciones por unos nueve millones de pesos.
Gran parte de ellos serán solventados en el cierre institucional, pero seguramente vendrán denuncias y consignaciones por corrupción y moches, con señalamientos para el ex comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Por ahora el presidente del Instituto, Adrián Alcalá, ha entregado toda la información disponible bajo el principio de no proteger a nadie ni fomentar impunidades para limpiar la imagen del Inai.
Otro tema será el destino de los 750 empleados, pues se le asignaron 499 millones de pesos para el primer trimestre del año y las liquidaciones requieren unos 300 millones.
Como conclusión podría hacerse un señalamiento: desaparecieron los siete órganos dizque para ahorrar dinero, pero los gastos de liquidación son superiores a los del mantenimiento.
Aunque se logrará el objetivo final del gobierno: no ser observado ni vigilado por ente regulador alguno.
