Sin odio, discriminación, violencia y muerte/Gerardo A. Herrera Pérez
El acceso a los derechos humanos, para quienes tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexual, ahora positivados por el Estado mexicano, no se pueden entender sin la participación de personas y organizaciones de diferentes estructuras y representantes de diferentes cuerpos y cuerpas, durante ya más de cuarenta años; esta lucha fue encabezada por personas disidentes sexuales, quienes utilizando el modelo de incidencia política, lograron romper un paradigma heteronormativo, para transitar a un modelo sentado en la diversidad social, cultural y sexual, que hoy se abraza en las leyes, las estructuras operativas y en el diseño de la política pública.
Entre los derechos más significativos por el impacto que se generó en el mundo, fue el matrimonio igualitario, concubinato, la adopción, el cambio de identidad de género, y otras cuestiones relacionadas con procesos contractuales, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, entre otros temas con enfoque de respeto a los derechos humanos y no discriminación.
En más de cuatro décadas, de manera aun desigual, no homogénea, las poblaciones lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), disfrutan de diversos marcos normativos y del diseño de políticas públicas a su favor, incluso en algunos espacios se cuentan con las estructuras operativas para la atención de la población en comento, como en la Ciudad de México, o Michoacán, Morelos, y seguramente otras entidades.
Los primeros avances en el marco jurídico fueron en el 2001, cuando se incluyó el párrafo tercero al artículo primero constitucional, en el cual se determinaba la prohibición de la discriminación, más tarde, en 2011, se aprobó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en dicha reforma, se modificó el párrafo quinto del artículo primero constitucional, en el cual se adiciono la palabra sexual, para precisar que nadie puede ser discriminado en razón de su “preferencia sexual”, por fin, se visibilizaba un segmento de población en la Constitución, situación que lo logramos antes de que se incorpora también a las poblaciones afrodecendientes o de talla baja, que aun piden la incorporación a este párrafo.
Si bien la población con orientación sexual no hegemónica se incluyó al texto constitucional, en dicha modificación no se alinearon los conceptos de orientación sexual e identidad de género, vulnerando con ello, los derechos humanos de las poblaciones trans cuya lucha sobre sus cuerpas está siempre presente, y acompañadas de poblaciones feministas.
Los mecanismos de opresión que han recibido durante siglos las poblaciones disidentes sexuales, fortalecieron su lucha expresada en diferentes estrategias y tácticas de movilizaciones, en las calles, sobre las avenidas principales, en las plazas, en los parques, frente a los edificios públicos; también se han generado protesta por invisibilidad, primero, después, por los estigmas y prejuicios, la violencia, la discriminación y la muerte de personas LGBTTTI, un pendiente del Estado mexicano.
Todo ello, permitió construir los puentes de comunicación con los actores políticos y sociales y se dieron los primeros entendimientos para el reconocimiento de derechos; y en esta que podríamos decir es la última etapa, del 2011 a la fecha, a través de la propuesta y la incidencia directa en procesos políticos y legislativos con distintos actores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Reitero, hoy no es homogéneo la manera como en todo México, las poblaciones LGBTTTI, logran disfrutar de todos los derechos, no obstante, observamos un avance significativo, pero se requiere de un mayor organización, no solo de los liderazgos, sino de las personas, es decir, se necesita seguir empoderando con voz, poder y valor a las personas de las comunidad diversa sexual, así como crear y desarrollar la conciencia social en la población, para descolonizar sus ideologías machistas, misóginas, racistas, neocolonialistas, homófobas, xenófobas, transfóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas.
En el caso de Michoacán, el trabajo político, se ha venido realizando por la sociedad civil y las organizaciones, desde el siglo pasado y en estas dos décadas en acciones de incidencia política para avanzar en la protección de los derechos humanos, libertades y el compromiso del Estado de atender la dignidad humana. Lo anterior ha contribuido a un cambio de paradigma sociocultural que ha favorecido la comprensión de esta realidad social como un asunto de derechos humanos y no discriminación.
Fueron años de picar piedra, en Michoacán era un tema que reiteradamente me dijeron que no estaba en la agenda política del Estado, que era mal visto, que no había posibilidades, que tuviera cuidado, que vivíamos un estado de repudio a lo anormal. No baje la guardia y con un conjunto más de personas logramos establecer una agenda, la cual se cumplió de manera sobrada, no solo a favor de la diversidad sexual, sino de todos los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que va desde la Ley antidiscriminatoria, pasando por cuestiones de derecho de familia, la única reforma integral en materia de igualdad aprobada en 2014 en el H. Congreso del Estado, el establecimiento de los días contra la discriminación, contra la homofobia y en apoyo a las personas que viven VIH/Sida, apoyadas por los legisladores Eleazar Aparicio, Ernesto Núñez, Raymundo Arreola, entre otras muchas acciones.
A la vuelta de los años, tenemos un nuevo paradigma social, cuando menos en la letra positivada, porque continua existiendo discriminación, violencia y muerte; por ello, hay que continuar trabajando en fortalecer las acciones para la creación y desarrollo de la conciencia social.
Esta lucha no se explica sin la presencia de varias organizaciones y la construcción de una agenda política, la emoción y pasión y una lucha bien pensada, con método, en incidencia política, de lo contrario en tan poco tiempo imposible todos los avances.
