Senado frena opulencia del Poder Judicial
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Los especialistas han advertido que, ante los hechos que se suscitaron en el legislativo federal, estamos ante un hecho sin precedentes que, en nuestra actualidad, divide las opiniones. Es como si el asunto se tornara más bien político. En efecto, por un lado, la oposición, personificada en el Frente por México, abraza la causa de los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que, en argumentación, la narrativa de la derecha es muy limitada y, a grandes rasgos, se nota que no hay conocimiento de causa.
Esa solidaridad, de acuerdo con la lingüística del Frente, hay grandes irregularidades que, según ellos, afectan los derechos laborales de miles de trabajadores de este poder. Por tal motivo, no se hizo esperar su protesta abierta; es más, la manifestación que se llevó a cabo el pasado lunes, en algunos puntos del país, fue alimentada por la oposición. Fue fácil darnos cuenta de ese hecho, pues las consignas contra el gobierno federal es la narrativa que pronuncia el Frente.
Lo cierto es que, más allá de todo, las conquistas de los trabajadores, en el Poder Judicial, como en todo el territorio nacional, que salvaguardan el derecho inquebrantable de la clase trabajadora, son intocables. Es decir, no hay riesgo de que la plantilla laboral sufra algún recorte o prestación de ley. O sea, ningún efecto legislativo que se aprobó en el Senado, con la eliminación de los fideicomisos, no tiene ninguna implicación en los derechos laborales.
Los cambios, claro está, radica en la eliminación de excesivo tema financiero de los fideicomisos, así como la opulencia para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, sabemos que el recurso, en excentricidades, se aplica para temas superfluos de un gasto que, de cierta forma, parecía incontrolable por la aplicación de ellos. Aguinaldo, primas vacacionales, seguros de gastos médicos y fondos ilimitados, son solo la punta del iceberg.
Más allá del equilibrio de poderes y de la autonomía de cada poder de la nación, hay un fundamento sólido del legislativo para poner fin a ese esquema de financiamiento que, al fin y al cabo, representa una afrenta para millones de mexicanos, especialmente en la dispersión del dinero que, dicho sea de paso, se ha ido incrementando el fondo de los fideicomisos. Por ese motivo, los Senadores de Morena, junto con los aliados, dieron un golpe contundente en el pleno de la Cámara Alta, al avalar su extensión. De hecho, hubo resistencias, pero, como se esperaba, el tema salió adelante comandado por su líder, Eduardo Ramírez.
Fue, digámoslo así, como un acto de justicia ante el dispendio y el derroche excesivo. No existe, desde ningún ángulo de austeridad, cabida para el despilfarro, máxime cuando el recurso se puede utilizar para otras áreas de oportunidad. Y la pregunta es: ¿cómo actuará el poder judicial? Se sabe que, con la oposición aglutinada, habrá un recurso de inconstitucionalidad y, de paso, el tema irá a parar nuevamente a la corte. Esto nos lleva a concluir que, para el mismo caso, el asunto seguirá en un laberinto sin salida, pues los ministros, seguramente, mantendrán su postura de resistencia.
Es, desde un ángulo reflexivo, un tema que hay que analizar y debatir. No es bueno llevar el rubro al terreno de la polarización. Pero cómo, si la ministra Norma Piña se resiste a dialogar. Hay muchos elementos para construir un esquema para discutir ideas.
Notas finales
Ya que hablamos de opulencia, hay señalamientos directos de una mala gestión en la delegación de Bienestar en Michoacán, que encabeza Pantoja. Se habla de que, además de la demagogia en la atención a las personas beneficiadas, hay prácticas de nepotismo. No solo eso, de igual forma, ha trascendido que, ante la mala gestión, el control de la toma de decisiones se ha visto rebasado por el círculo más cercano al coordinador estatal. Ha dejado, en palabras más sencillas, de ser eficiente la labor de quien encabeza esa institución. Dadas esas circunstancias, se especula que, ante la pérdida de esa organización y planeación, es cada vez más fuerte la versión de que hay alianzas con Leonel Godoy y Raúl Morón, para el proceso interno electoral. El problema es que, ambos personajes del estado, no tienen fortaleza política. O sea, han quedado prácticamente en la orfandad.
A propósito, circula que trabajadores adscritos al gobierno estatal de Michoacán, en horarios de trabajo, andan realizando proselitismo político. El problema de ello es que, para colmo, está en la Ciudad de México. Son, ni más ni menos, personal del Sistema de Protección Integral. De hecho, se ventilaron nombres, desde el activismo, como Lucero Huerta, Cyndi Piña y Eduardo Herrejón. Sí es así, actuaron muy mal, diría que pésimo.