Preocupación obligada
Son muchas las bajas del ambiente de polarización presente. La mesura es una de éstas, que preocupa más cuando quien la pierde es quien más poder o influencia tiene. En medio de todos los problemas que existen y del reclamo de unos y otros por distintas consideraciones es sabio que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña señale que lo que les corresponde hacer a los juzgadores de cara a las manifestaciones con motivo del día de la mujer es callar y escuchar.
Ojalá y eso fuera el signo de nuestros tiempos por parte de las autoridades frente al reclamo social ante muchos de los asuntos presentes: callar y escuchar. Desde luego que en su momento hay que definir postura, también hay que actuar como bien lo hace la ministra Piña, quien se ha vuelto un referente en estas difíciles horas del país y del régimen de legalidad. Ciertamente, como reacción a quienes salen a la calle a visibilizar la desigualdad y la violencia de género, lo más prudente es callar y escuchar.
La manifestación pacífica se acompaña por la indignación desbordada de algunas. Pero es un tema menor que no debe distraer para entender la causa del reclamo. Lo que debe ponerse al descubierto es la discriminación de siempre y la violencia creciente hacia las mujeres, así como la indiferencia o incapacidad de reconocerlo y a actuar en consecuencia. No sólo es un tema de percepción, es una realidad.
En este mismo contexto de desencuentro y reclamo debe preocupar la manera como la polarización en la sociedad norteamericana, a raíz del grave problema de salud pública que representa el consumo ilegal del fentanilo aborda el tema de su relación con el vecino. México está en el banquillo de los acusados, lo hacen las autoridades, los políticos en receso, las agencias, los legisladores, los medios de comunicación y la sociedad en general. La evidencia es concluyente: las autoridades del país no han podido contener el avance de la criminalidad.
La retención por criminales de cuatro norteamericanos y el homicidio de dos de ellos acontecido en Matamoros Tamaulipas recrea en el país vecino la idea de ausencia de autoridad y justicia en México. Las imágenes a ello conducen. No es un tema de amarillismo como dice el presidente López Obrador, es una realidad que adquirió dimensiones mayores porque de por medio estuvieron personas de origen norteamericano. Este tipo de situaciones son recurrentes en muchas partes del país y que, a fuerza de su reiteración, se han vuelto parte del paisaje. El juicio y condena contra García Luna ratifica el prejuicio contra México, por más que el presidente López Obrador pretenda verlo como asuntos del pasado. La realidad es que fue la justicia norteamericana la que actuó, no la mexicana.
La respuesta gubernamental discrimina entre nacionales y extranjeros. Días antes militares acribillaron en Nuevo Laredo Tamaulipas a cinco jóvenes; la masacre no tuvo una atención semejante a la de Matamoros, que es todavía más grave no sólo por la cantidad de fatalidades, sino porque los autores son autoridades. No hubo conferencia de prensa con prominentes funcionarios como sí ocurrió en los hechos delictivos de Matamoros. Dos estándares a partir de la nacionalidad. La igualdad ante la ley no existe.
México vive su peor amenaza por la indignación que existe en el país vecino al norte. No debe soslayarse. La idea de acciones punitivas de fuerzas armadas en territorio nacional debe rechazarse y en eso se deben cerrar filas más allá de las actitudes del presidente López Obrador y de la responsabilidad de su gobierno por la complaciente respuesta al crecimiento del crimen organizado en las fronteras y en muchas otras partes del país.
El deterioro de la situación de seguridad y de imperio del estado de derecho obliga a una seria reflexión, debate y propuesta a manera de revertir la situación. Afortunadamente hay experiencias exitosas en materia de seguridad que indican el camino hacia delante es abatir la impunidad, sin desconocer que desde ahora es necesario actuar con determinación para hacer frente al problema de la violencia y la deficiente capacidad de las autoridades para llevar a los responsables a la justicia. La amenaza del vecino se conjura actuando con determinación y eficacia contra el criminal.
