Política gourmet
EL DINOSAURIO CHAMAQUEADO
* La experiencia de Ignacio Ovalle en el servicio público no permite creer que lo engañaron
* El desfalco millonario en Segalmex no lo cometieron viejos priistas, sino nuevos morenistas
* Bajo la óptica presidencial, lo que hicieron los subordinados lo sabía el jefe principal
HUEVOS A LA MEXICANA.- Que el hoy ex director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, se rodeé de malintencionados y perversos priistas y ex priistas no es nada nuevo. Echándole un vistazo a su currículum dentro de la administración pública, queda claro que el actual coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), un organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo viene haciendo desde 1966. Su hoja de vuelo nos dice que tiene cara de todo, menos de novato: Fue funcionario en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari… ¡Todo un neoliberal conservador! Tanto, que hasta inventó los tortibonos, que se hicieron famosos en la década de los ochentas. Bajo este contexto, no se vale que voces malintencionadas quieran embarrar a este buen hombre de impecable y envidiable trayectoria política en los fraudes multimillonarios que se han descubierto en la Conasupo de la 4T, un desfalco que supera, hasta el momento, los 15 mil millones de pesos y por el cual ya han sido liberadas 22 órdenes de aprehensión, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para igual número de funcionarios y ex funcionarios de Segalmex bajo los cargos de delincuencia organizada, peculado y “lavado” de dinero. Se trata de personas que, de acuerdo al Presidente Andrés López Obrador, son mañosos priistas que chamaquearon y engañaron a quien fuera su jefe cuando ambos coincidieron, en 1976, en el Instituto Nacional Indigenista (INI).
LECHE, TORTILLAS Y TRANSAS.- En lo particular, me parece que se le puede obsequiar el beneficio de la duda al Presidente López Obrador cuando asegura que en su administración no se acepta la corrupción y que, quien comete un delito, más temprano que tarde será castigado porque en la llamada 4ª Transformación “no son ‘tapadera’ de nadie”. Sin embargo, si también nos basamos en la retórica presidencial (lo ha dicho una y otra vez en sus conferencias mañaneras) de que “el Presidente siempre está enterado de todo lo que hacen sus colaboradores”, resulta inaudito e inverosimil que el señor Ovalle Fernández no estuviera enterado del escandaloso latrocinio que se estaban cometiendo sus subordinados en Segalmex. Repito, el señor no es ningún novato y con tantos años en el servicio público seguramente sabe al derecho y al revés todas las malas mañas de aquellos a quenes convocó para que fueran sus subalternos. Por lo tanto, eso de que lo engañaron priistas de malas mañas, acostumbrados a robar y a hacer negocios en lo oscurito suena como el argumento más pueril de toda la historia. ¡Por favor! ¿O acaso desde el obradorismo no están acusando, juzgando y sentenciando al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa por todos los delitos que cometió su infame súper policía Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos? Definitivamente tanto la FGR como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que llegar hasta el fondo de esta nueva “estafa maestra”. Caiga quien caiga.
MERIENDA RANCIA.- El Presidente López Obrador tiene una obligación gigantesca de aquí a que concluya su gestión (le quedan 18 meses por delante): Demostrar que, efectivamente, él y el movimiento que encabeza son diferentes a aquellos que los precedieron. Pero lamentablemente esa misión se ve muy difícil de concretar, porque el 90% de los colaboradores del tabasqueño emanaron y se graduaron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). ¡Incluso él mismo salió del tricolor! Por amistad y lealtad no puede ni debe cobijar con el manto de la impunidad al señor Ovalle Fernández y tampoco puede salir a lavarle la cara bajo el argumento de que “es una buena persona” porque, sí efectivamente lo es, debe ser el mismo Ignacio Ovalle quien diseñe su defensa ante las autoridades y no el Presidente de la República quien lo exonere por la vía del “fast track”.
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