El poder del dinero en nuestra frágil democracia/Rafael García Tinajero

EL PODER DEL DINERO EN NUESTRA FRAGIL DEMOCRACIA.

Por: Dr.  Rafael García Tinajero Pérez.

A raíz de las acciones emprendidas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto a un presunto desvío de recursos para financiar campañas del PRI en el 2016, por parte de su antecesor, Cesar Duarte, es menester realizar algunas reflexiones sobre la importancia que ha adquirido el dinero en la política mexicana.

Al hablar del dinero no podemos hacerlo en abstracto sino en función de los intereses que éste representa y su poder para desvirtuar la voluntad del pueblo; alterar la competencia electoral; dictar las políticas públicas; corromper y representar un peligro para una democracia frágil como lo es la mexicana.

Haciendo historia podemos decir que durante la época del partido de Estado o hegemónico y la oposición testimonial, nunca se necesitó un sistema formal de financiamiento de los partidos, no era necesario, el gobierno subvencionaba al PRI, a fin de cuentas, eran uno y lo mismo, la oposición por su parte sobrevivía en la penuria gracias a las aportaciones de sus militantes, al trabajo voluntario y al sacrificio. En los 90s y hasta nuestros días, ya bajo condiciones de competencia electoral, se genera un sistema de financiamiento predominantemente público cuyos objetivos expresos son: nivelar las condiciones de competencia electoral y evitar la entrada de dinero ilegal a las campañas.

Como dice Luis Carlos Ugalde (2018), la cancha se nivelo hacia arriba, se creo un sistema oneroso de financiamiento para permitir al PRI conservar su estilo de vida y la oposición entro a una época de “vacas gordas”, se llegó así a un esquema perverso caracterizado por el dispendio, el ensanchamiento de la corrupción política en México y otros vicios que acompañan al exceso de dinero en la política.

Como dice el adagio popular, dinero llama dinero, y la política, sobre todo la de tiempos de campañas electorales se encareció y a pesar del muy generoso subsidio público con cargo al contribuyente, cualquier campaña política en este país cuesta muchísimo más que su tope máximo legalmente establecido, calculándose que por cada peso legal llegan en promedio de 3 a 5 pesos ilegales a las campañas.

Este dinero, el que reciben los partidos por que así lo prescribe la ley y el que llega de manera ilegal de diversas fuentes, va a parar fundamentalmente a los siguientes  rubros: mantener aceitada la propia estructura electoral de los  partidos; convertir o mantener como aliadas a múltiples organizaciones de carácter clientelar de diverso tipo y movilizarlas para así orientar los votos;  la compra directa del voto; lograr la mayor cobertura mediática y por último, pero no menos importante, el que queda en manos y acrecienta la fortuna personal de los propios candidatos, sus equipos de campaña, coordinadores y operadores de campo. Aún ser candidato perdedor, en éste país, es un excelente negocio.

El dinero que excede a lo legalmente asignado proviene de diversas fuentes, legales e ilegales como son: los gobernantes en turno que desvían dinero público etiquetado para fines distintos  a lo electoral favoreciendo así a los candidatos de su partido; empresarios legalmente constituidos que venden diversos bienes y servicios al sector público y que cobraran el financiamiento en tiempo de campaña por contratos y licitaciones a modo cuando el financiado asuma la posición en disputa electoral; el crimen organizado, en sus diversas modalidades, que intenta obtener el favor de la autoridad y la impunidad para proseguir con sus actividades delictivas. El común denominador de quienes ejercen este mecenazgo político es la intención de constituirse, si no lo son ya, en poderes fácticos que influyan o tomen directamente el control de porciones de la actividad gubernamental o legislativa en función de sus intereses.

Podrá argüirse que se va a prescindir de esos poderes fácticos una vez que se llegue al gobierno, sin embargo, habrá que decirle a quienes para ganar una elección recurren a ellos que en política toda donación se hace a título de inversión y que todo apoyo invariablemente va acompañado de una factura y que estos poderes fácticos no permitirán que se gobierne en contra de sus intereses.

Sin duda la autoridad electoral y judicial en nuestro país han sido rebasadas en su capacidad para fiscalizar, controlar y sancionar el flujo de dinero a las campañas cuando va más allá de lo establecido por la ley y esto es grave pues el exceso de dinero en política deslegitima el poder democrático en sus tres esferas:

La de origen, pues el poder público lejos de representar la soberanía popular expresada en la urna, termina por representar el interés de quienes logran torcerla mediante el uso abusivo e ilegal del dinero.

La legitimidad de ejercicio, pues las decisiones para decidir el gasto gubernamental, las políticas públicas y las normas se da en función del pago de facturas por compromisos adquiridos a cambio de dinero y no del interés y necesidades de la población, se rompe así con el Estado Democrático de Derecho.

La de finalidad, ya que el gobierno pierde su capacidad para ampliar, garantizar y materializar los derechos políticos, civiles y sociales de la ciudadanía al ponerse al servicio de los dueños del dinero cuyo interés pecuniario en general se contrapone al de la generalidad de la población.

El dinero excesivo en la política puede ser la primera ficha que en un efecto domino derrumbe el edificio en construcción de la incipiente democracia mexicana.