Perfiles/Arnulfo Mora
*Sindicato-gobierno, compleja relación
Las relaciones gobierno municipal y su sindicato se encuentran en un nivel bajísimo como pocas veces en la historia de ambos. Reclamos, paros, marchas y hasta huelgas las ha habido. Pero las circunstancias de hoy no tienen par.
Dígase lo que se diga, en estas relaciones laborales, como en casi todas, las rigen las posturas políticas y por eso se extraña aún más el tono que envuelve la revisión contractual entre la autoridad de Itzé Camacho y el gremio sindical.
Y es que ambos son ahora afines al partido Morena y el líder sindical, Humberto Soberano, es diputado federal suplente.
Los une también su pasado partidista porque tanto Itzé Camacho, hoy alcaldesa, y Soberano Ramírez, antes fueron destacados militantes del PRD, del que incluso, el sindicalista llegó a ser regidor, antes que Itzé Camacho fuera Secretaria Municipal en el gobierno de Arquímides Oseguera.
Vienen pues de la mano como militantes de la izquierda política.
Cierto, ocupan hoy responsabilidades legalmente distintitas, pero que su visión política debería mantenerlos en una “amorosa” línea.
Sobre todo y pese a todo, hoy en esta coyuntura en que el partido Morena, el de estos personajes, basó su oferta en cambiar radicalmente el trato y el servicio a la sociedad. Desde luego va implícito el manejo y uso transparente de los recursos públicos.
Hasta aquí todo es política y afinidades al mismo partido, pero también es política de grupos y esto los hace diferentes.
Fuera de lo ya expuesto, los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes son servidores públicos porque su trabajo es servir a la sociedad. Itzé Camacho y su equipo de trabajo y de gobierno tienen el mismo papel, pero con mayor responsabilidad. La ley pues los convierte en la calidad de patrones de sus trabajadores.
Lo complejo y lo difícil de esta relación es la Ley y las responsabilidades de cada parte. Ahí ya no hay partidos ni grupos.
El sindicato tiene la responsabilidad de velar porque se cumplan los compromisos pactados en favor de los trabajadores y luchar por mejorarlos. La autoridad debe velar por cuidar que los recursos que compromete con el sindicato no descarrilen la operación de la administración.
Los recursos que administra y aplica la autoridad no son otra cosa que los ingresos que obtiene de los ciudadanos vía impuestos. No hay subsidio alguno que para estos casos llegue de otro nivel de gobierno.
Los sueldos y prestaciones de toda la plantilla de trabajadores convertidos en servidores públicos son producto de lo que la sociedad cubre vía impuestos.
Ahí de nuevo debe unir la visión y responsabilidad del sindicato y la administración. Tener el ánimo, la disposición y compromiso de equilibrar lo que se puede otorgar en una negociación como la que están llevando a cabo.
¿Cuánto cuesta mensual o anualmente al presupuesto el contrato actual que tiene el sindicato? ¿Cuánto más del presupuesto se le puede asignar a las mejoras o hasta cuánto puede disponer la autoridad para evitar una huelga sin arriesgar la operación del gobierno?
Recalco aquí que los servicios que presta la autoridad a los ciudadanos ya van pagados a través de los impuestos. No es pues una empresa que puede cargar más costos a los servicios que presta. Los servicios a la sociedad no son sujetos de inflación.
La autoridad no puede incrementar los impuestos porque le resulte más caro brindarlos.
El problema no es nada nuevo para las dos partes. Se arrastra de años y más de un alcalde han agravado la crisis otorgando prestaciones buscando quedar bien por miras políticas personales.
Dieron prestaciones que a la larga cuestan más al erario sin beneficios tangibles para los trabajadores. Citaré solo dos ejemplos: El que la administración absorbe los impuestos por el trabajo que mandata la ley y el que cada sindicalizado tenga cada mes tres días de permiso con sueldos cubiertos.
Y no, no es culpa de los trabajadores ni del sindicato. Es la irresponsabilidad de quienes “quedaron bien”, pero le abrieron boquetes financieros al presupuesto con graves daños a los ciudadanos, porque en estas negociaciones, las partes solo piensan y negocian para saltar el momento, sin cuidar los derechos de los que pagan sus impuestos.
No se trata de discutir la razón del sindicato en el monto y porcentajes de incrementos que reclama. Se trata de medir juntos el tamaño del pastel y que este se reparta con equidad entre los trabajadores.
Un buen resultado en la revisión será un buen resultado para todos, desde luego también para los ciudadanos.
Sindicato y gobierno deben actuar de buena fe porque solo así podrán transitar de la mano en favor de los que ambas partes sirven y se deben.
Una huelga no podrá resolver la falta de recursos de la administración. La administración tampoco debe escatimar lo que está en posibilidades de mejorar. Sería perverso estallar una huelga solo por capricho de una de las partes.
Un problema para las dos partes es que los costos y los acuerdos ambos ignoran a los ciudadanos.
Los tiempos de cambio debieran orillar también a que den la cara a los que pagan los costos o los platos rotos cuando se suspenden o desmejoran los servicios públicos.
Midiendo los ánimos que se manifiestan, lo prudente sería prorrogar un paro de labores para que las dos partes se den el tiempo de reacomodar las posturas a la realidad financiera de la administración y a la pretensión del sindicato.
De no haber cordura, esta administración y su sindicato vivirán el resto del periodo en permanente conflicto que, dicho sea de paso, será entre dos posturas partidistamente afines, pero ajenos al sentir de quienes les llevó al poder y que les cubre los beneficios que por ahora tienen. HASTA LA VISTA.
