Para contar
Periodista, juez, magistrada y Corte.
La prudencia del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó una atrocidad mayúscula en el caso de este columnista, perseguido y agredido desde el sistema de justicia.
Recibió la instrucción de proceder contra el periodista, toda vez que se había levantado la suspensión que lo protegía para llevar a cabo su defensa en libertad.
Para la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, el proceso estaba concluido y por lo tanto procedía la ejecución de sentencia, aun a sabiendas de que todavía existía como última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resolvió cerrar el caso en diciembre pasado, en periodo vacacional, cuando juzgadores y abogados disminuyen actividades, salvo las urgentes y apremiantes.
Las notificaciones a las partes involucradas se realizaron de inmediato.
De no estar alerta los defensores, el periodista estaría encerrado, en espera de aclaraciones, correcciones y justicia.
Para hacer frente al despropósito del colegiado de apelación, los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores interpusieron cuatro recursos: revocación a lo resuelto por la magistrada, amparo, queja y Recurso de Revisión dirigido al máximo tribunal de nuestro país.
La magistrada Rodríguez Escobar, como juez y parte, desechó el juicio de amparo. Imposible que prosperara el amparo contra lo que ella misma había resuelto.
El desahogo del recurso de revocación contra el cierre del proceso tomaría su tiempo. La magistrada no se apresuraría a revisar lo que cuestionaba su propia decisión.
Lo que no pudo impedir es que el Recurso de Revisión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces actuó con celeridad para cubrir lo hecho de manera ilegal. Reactivó la suspensión y protección para el periodista.
La queja contra la magistrada se desvaneció al corregirse el error.
En un primer momento, el juez Alfredo Silva Juárez procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado de apelación, sin apresuramiento, respetando los tiempos legales.
No actuó con la rapidez que quizás quería la magistrada, para que el caso acabara como parecía planeado, con el periodista encerrado y complicando su defensa.
Probablemente el juez se percató que algo andaba mal. Si bien los juzgadores están obligados a obedecer instancias superiores, no se trata de que se avienten de cabeza al precipicio, porque se volverían cómplices y validarían una acción irregular.
El juez fue prudente y, en el lapso que la ley le daba para hacer su trabajo, recibió nuevo oficio del tribunal colegiado, en el que se le pedía cancelara el trámite iniciado.
Quedaba claro que el periodista estaba en todo su derecho de acudir a la Corte.
La magistrada rectificó, consciente de que sus decisiones no pueden brincarse al máximo tribunal, aunque su acción ilegal, había dañado al periodista y a su familia.
El Recurso de Revisión fue admitido en la Corte a través de acuerdo firmado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución, que en su oportunidad será evaluado y votado por todos los integrantes de la primera sala del máximo tribunal: Alfredo, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Medios de comunicación, organizaciones civiles, comunicadores, defensores de los derechos humanos y legisladores se han sumado al reclamo de justicia del periodista, al advertir graves violaciones a los derechos humanos en el proceso penal, en el que ya ha obtenido dos resoluciones de inocencia.
Corresponderá a la Corte hacer análisis detallado del asunto.
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