Opinión/Rafael García Tinajero Pérez
Hace meses el Dr. Hugo López Gatell, vocero y al parecer estratega principal del gobierno federal contra la pandemia, calificó como la materialización de un escenario catastrófico, casi imposible de concretarse la muerte de 60 mil personas a causa de la COVID-19
Hoy, 9 de Septiembre, avanzamos con rapidez a los 700 mil contagios y 70mil decesos , cuestión de uno o dos días, y es predecible, de acuerdo a los pronósticos del Instituto de Métricas y Evaluaciones en Salud de la Universidad de Washington, que para el primero de diciembre de este año, nuestro país estará reportando , si no hay una modificación drástica de las políticas públicas seguidas hasta el momento, más de 130 mil muertes.
Hoy somos el cuarto país del mundo con mayor mortalidad y contagios en términos absolutos; una de las mayores tasas de letalidad y el que tiene en términos absolutos y relativos la mayor mortandad entre el personal de salud.
La pandemia , sin duda, está fuera de control a pesar de que el presidente y el subsecretario de salud digan lo contrario.
El 79% de los fallecidos no ha tenido la oportunidad de recibir cuidados intensivos, muchos han muerto en su casa o han arribado demasiado tarde a los hospitales.
Todos los pronósticos oficiales han fallado.
El personal sanitario que atiende COVID está cansado y exhausto.
El Dr. Gatell ya está hablando de rebrotes cuando no hemos superado la primera ola de la pandemia, así que se está llamando rebrote a lo que seguramente será un repunte.
No nos engañemos, la pandemia en México, está fuera de control.
México ha tenido que enfrentar la peor crisis económico-sanitaria de su historia, con un ilimitado número de carencias en salud . Y a la vez, por una economía mermada, frágil y en picada.
En crisis como Estado tiene un papel que jugar como principal garante de la seguridad , salud, patrimonio y bienestar de los ciudadanos. Es la institución obligada a intervenir con toda su fuerza y con todos sus instrumentos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Su esfera de acción está en todas las áreas y debe enfrentar la crisis de forma integral, pues las implicaciones de una pandemia de las características de la COVID-19 son tales que afecta todos los aspectos estructurales y dinámicos de nuestra sociedad.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido la de restarle importancia a la pandemia de COVID-19.
Desde la preparación previa, hasta la semaforización que hoy vivimos, pasando por el periodo de lo que se llamó “ sana distancia”, las medidas tomadas por el gobierno han sido defectuosas . La narrativa gubernamental ha estado caracterizada por la autocomplacencia, mensajes contradictorios, subestimación del peligro y consecuencias de la epidemia en México, medidas de protección que no son atendidas, ni siquiera por el Presidente de la República . Las cifras de contagios y defunciones han sido cuestionadas y los pronósticos han sido equivocados recurrentemente . Muchas medidas sanitarias fueron improvisadas y estuvieron mal diseñadas, al no fundamentarse en evidencia científico-técnica relevante , un sustento presupuestal, un marco legal adecuado ni las estrategias necesarias para una coordinación efectiva entre autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales.
A lo largo de la pandemia, el gobierno asumió la falsa disyuntiva entre lo sanitario y lo económico . No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo ni de manera estricta. Se consideró que atentaría en contra de la actividad económica. El gobierno se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa. Sin ese sustento para las familias era imposible que millones de personas pudieran observar distanciamiento social y continuaron saliendo y contagiándose . La estrategia del gobierno federal fue la de monitorear la pandemia a través de muestreo limitado y no representativo, somos uno de los países del mundo que menos muestras ha tomado. Por tanto, el número de casos quedó sub-reportado y el de fallecimientos está sub-registrado. Aún así, la autoridad levantó el distanciamiento
En lo económico y social el panorama es igual de desolador. Se pronostica que el PIB caerá más de 8% en 2020 y tendrá una recuperación muy lenta. El plan del gobierno para paliar la crisis económica y de empleo fue tímido, tardío e insuficiente. Los empleos han colapsado, sobre todo los informales y de bajos salarios. Millones de miembros de la clase media caerán en pobreza. La violencia intrafamiliar se ha multiplicado, se ha agudizado la brecha digital y la pandemia está teniendo graves consecuencias en el aprendizaje a distancia la mayoría de los niños y adolescentes. La pobreza y la desigualdad en están empeorando.
Desde luego el gobierno no es el único que debe actuar en una crisis como esta , el comportamiento de la ciudadanía es clave para confrontar una epidemia. Pero alguien tiene que tomar la batuta y ese es el Estado. Para ello, la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad es crucial y quien debe guiar esos esfuerzos es, como lo establece la Constitución, el Presidente de la República y los órganos ejecutores que dependen de él . Quizás uno de los más graves errores que se cometieron desde el principio fue dejar la responsabilidad de la lucha contra la pandemia en el Subsecretario de Promocion y prevención de la salud y no en el órgano colegiado que la Constitución y la Ley General de Salud prevén para una Emergencia Sanitaria, el Consejo de Salubridad General que tiene en estos casos facultades legislativas y ejecutivas y cuyos decretos son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades administrativas del país. Su presencia en esta ocasión a sido limitada y débil, en la sombra , se ha encargado de emitir acuerdos y lineamiento sin la fuerza jurídica necesaria , esto ha traído como consecuencia una grave falta de coordinación entre poderes públicos y órdenes de gobierno , fuente del caos que ha caracterizado las estrategias frente a la pandemia, podemos decir con certeza que desde el punto de vista jurídico han habido graves lapsus por los que alguien deberá responder.
Las medidas que las autoridades han implementado para combatir la crisis muestran la limitada capacidad técnica con la que el gobierno mexicano cuenta, y la ausencia de responsabilidad para hacer frente a un reto de estas dimensiones . Las consecuencias han sido graves en lo sanitario y lo económico. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado de haberse tomado otras medidas para enfrentarla? ¿Cuál pudo haber sido el impacto en el empleo, la pobreza y la quiebra de pequeñas empresas de haberse tomado acciones de política pública que los protegieran?
Es pues momento de dar un golpe de timón , de hacer un análisis de lo sucedido, de tomar decisiones con base en criterios científicos y técnicos que se materialicen en políticas públicas que en su conjunto conformen una política de Estado, para frenar los contagios y muertes y disminuir las consecuencias económicas, sociales de la más grave crisis sanitaria que haya vivido México. De que el Presidente de la República, con todas sus atribuciones constitucionales y legales instruya al Secretario de Salud para que reúna en forma expedita al Consejo de Salubridad General y éste analice la estrategia que hasta el momento ha seguido el Estado Mexicano para enfrentar la pandemia y asumiendo su función constitucional tome el mando y genere las políticas públicas que, mediante decretos de cumplimiento obligado, constituyan la Política de Estado para controlar la pandemia y todos los efectos perniciosos que en los ámbitos sanitario, económico, social y político ha generado y generará.
Es por Mexico y por la salud, la vida y el bienestar de ésta y las futuras generaciones de mexicanos.
