Opinión/Julio Santoyo Guerrero

Demonios del ecocidio: ambición, estupidez e impunidad

Julio Santoyo Guerrero.

«Yo puedo hacer lo que quiera con el terreno, por eso es mío». No me sorprendió la respuesta del iracundo propietario. Le habían cuestionado por haber convertido un predio en un basurero que ya rebosaba de material inorgánico. La lógica de dicho argumento, sin embargo, para muchos que son poseedores de tierras, parece de sentido común. Si tienes bosques, pastizales, humedales, puedes hacer lo que quieras con ellos, incendiarlos, convertirlos en un basurero, exterminar la biodiversidad, contaminar el agua, y razón de más si al hacerlo obtienes un beneficio económico. La razón económica pareciera superior e incuestionable. La economía es "progreso", es trabajo, representa ingresos, quién puede objetar semejante aspiración "legitima".

En la temporada de estiaje los bosques michoacanos son incendiados. El dato oficial señala que más del 40% de la calcinación de ellos ha sido provocado intencionalmente para hacer cambio de uso de suelo para sembrar aguacate o algún tipo de frutilla de alto valor en el mercado. La reducción de los bosques michoacanos es catastrófico, en tan sólo 25 años se han perdido más de 1.2 millones de hectáreas arboladas y junto con ellas se han extinguido ecosistemas y la biodiversidad que la sustenta.

Cada año la indignación social inunda los medios de comunicación y desde las instituciones se desmenuzan los trágicos datos. Año con año se pinta el horizonte apocalíptico que de manera insensata estamos construyendo. Pero ni la indignación social ni la condena gubernamental han sido motivo para detener y revertir el ecocidio permanente que se ha instalado en nuestro estado, particular y notoriamente a partir del frenesí aguacatero. Al paso de los meses, los datos estadísticos terminan ponderando con alegría el crecimiento de los cultivos aguacateros y el consecuente incremento en las riquezas generadas por las exportaciones del oro verde. La fatalidad ambiental: perdida de aguas, bosques, biodiversidad, contaminación de pesticidas, aniquilación de polinizadores, queda reducida a una queja marginal que siempre terminará condenada al escarnio por no compartir los valores del "progreso" de quienes, desde los gobiernos y desde los capitales, solo ven en el medio ambiente una mercancía más.

Ciertamente se ha incrementado la población sensible a los problemas ambientales. Es lógico, cada año que pasa son notorios los efectos dañinos de la pérdida de bosques y aguas y los pobladores comienzan a reconocer que su bienestar está estrechamente ligado con la existencia e integridad del medio ambiente. Sin embargo, esta toma de conciencia no se ha traducido hasta ahora en acciones que reflejen mejores hábitos y en acciones públicas para imponer políticas ambientales exigentes. La conciencia ambiental apenas está en construcción.

Aún muchos poseedores y nuevos propietarios de bosques creen a pie juntillas que en sus 20 hectáreas pueden hacer con ellas lo que les venga en gana porque al fin de cuentas ellos tienen los títulos de propiedad, lo mismo pasa con ciertos ciudadanos que creen que los espacios públicos son su basurero y que lo debe limpiar obligadamente el Estado con sus impuestos. Atrás de los criminales incendios en Uruapan, en la sierra de Madero, y en todos aquellos lugares donde la frontera del aguacate se viene ensanchando, este es el punto de partida. Y es el punto de partida para todo aquel que tira  la basura en la calle y en las carreteras creyendo que el gobierno tiene que barrer.

La sustentabilidad como horizonte económico para los pobladores michoacanos de las áreas boscosas es hasta ahora un concepto vacío, tanto como lo es para la población urbana encantada por el consumismo. La ceguera y la ambición por convertir en dinero rápido los recursos naturales es una conducta desbocada que es alentada por los capitales aguacateros que no han encontrado en las instituciones gubernamentales los acotamientos necesarios para proteger los derechos medio ambientales de todos los michoacanos.

Vivimos tiempos en que las instituciones, las políticas y las normas medio ambientales juegan un papel más testimonial que de rectoría. Esto lo saben muy bien quienes se han enriquecido a costa de los recursos naturales. Salvo honrosas excepciones y circunstancias las instituciones caminan desarticuladas y hasta en rutas contradictorias. La ausencia, hasta ahora, de nuevas y firmes políticas federales en la materia auguran la profundización del ecocidio nacional y estatal. El recorte presupuestario para el medio ambiente y el silencio permisivo de estas instituciones son un golpe demoledor para la acción en favor de nuestros recursos y el derecho a un medio ambiente sano.

La concurrencia de la ambición aguacatera, la ceguera e impunidad consentida por las instituciones y el desdén presupuestal del gobierno federal, está propiciando las condiciones perfectas para que el ritmo de destrucción irremediable de bosques, aguas y tierras, avance a una velocidad mayor que como ya venía ocurriendo en años pasados. Difícil pensar en que esto se detendrá, muchos menos en que logremos la remediación.

Bajo estas condiciones es claro que la acción de los defensores del medio ambiente tenderá a complicarse. Si de facto los ecocidas asumen -como realmente es- que la indiferencia gubernamental constituye una patente de Corso para continuar su labor destructiva, la conciencia medio ambiental habrá de ser perseguida. El incremento del asesinato de activistas ambientales en lo que va del sexenio es expresión lamentable de ello. Así que los cerros se seguirán calcinando sin consecuencia alguna porque hay "derecho" consentido para destruir el futuro. Pareciera que el derecho ambiental ha muerto. Los hechos tienen la palabra.