Opinión/Julio Santoyo Guerrero
¿Qué realidad ambiental observa el gobierno?
Julio Santoyo Guerrero
Un solo dato bastaría para agudizar los criterios que definirán la política ambiental para Michoacán durante el presente sexenio. Es un dato repetido hasta la saciedad, que por tanto decirlo pareciera que el rojo intenso de su alarma ya no representara gran cosa: Michoacán ha perdido de 1990 a la fecha el 68 % de sus bosques.
La tolerancia con que se ha tratado esta realidad ha motivado un discurso complaciente desde las políticas ambientales de los sexenios previos. En el fondo se ha buscado normalizar esta anomalía, pero lo grave es que lo han logrado.
Se ha antepuesto a la fatal pérdida de 1 millón 818 mil hectáreas de bosques las “contraprestaciones” de un progreso económico que se reflejan en el incremento del Producto Interno Bruto. Se ha privilegiado, desde un solo ángulo de observación, lineal en su historicidad y estático en los efectos sobre la naturaleza, la generación de riqueza financiera sin más.
Con mayor o menor empeño —casi siempre menor— los gobiernos precedentes han aplicado políticas para atacar semejante monstruosidad. Lo que hoy está a la vista es que dichas políticas han resultado en el fracaso. En poco más de 30 años ninguna de esas políticas han podido siquiera contener la destrucción, mucho menos revertirla.
Tal vez, incluso, la manera de presentar el sólo dato del porcentaje de bosques arrasados omita la dimensión verdadera del problema. Junto a ello no se suele decir casi nada sobre la pérdida masiva de ecosistemas, de especies y de caudales de agua.
El solo indicador de bosques desaparecidos resulta un medio para ocultar los daños ecosistémicos y con ello de los daños al derecho a la salud, a la cultura, a la economía de la población excluida del productivismo ecocida y de la inviabilidad civilizatoria para el futuro inmediato. Es decir, reforestar es importante pero no es suficiente ante la pérdida generalizada de vida.
Por estas razones es que es muy pertinente la pregunta sobre cuál es la realidad ambiental que observan los gobernantes, o sea, cuál es el diagnóstico que se han formado y más particularmente cuál es el proyecto ambiental que han diseñado para el estado de Michoacán.
Debe preocuparnos que estén partiendo de las mismas premisas en que sustentaron sus políticas ambientales los gobiernos previos. Si sus concepciones están estructuradas con las ideas de progreso-productivismo-mercantilización de la naturaleza, tendremos entonces los mismos resultados desastrosos, más allá del discurso ideológico con el que se puedan justificar.
La propia idea del desarrollo de Michoacán debe ser deconstruida para comprender las trampas que pueda suponer y crear otras alternativas que se propongan conciliar la actividad humana productiva y la existencia de la naturaleza y alcanzar la sustentabilidad.
Si seguimos insistiendo en ver a la naturaleza con ojos financieros y como entidad subordinada a los intereses apropiatorios del hombre terminaremos muy mal, más mal de lo que ya estamos.
Si los criterios de sustentabilidad no están presentes en el programa general de gobierno como orientación de todas las políticas públicas será una muy mala noticia. Querrá decir que el diagnóstico que se tiene sobre la realidad ambiental de Michoacán es desdeñoso de los hechos y de la cifra fatal de pérdida de bosques y de todas las consecuencias que ello está acarreando.
Hay un tema emblemático que marcará el éxito de las políticas ambientales por aplicarse: el cambio de uso de suelo. No podemos aspirar a menos que no sea la contención inmediata de este mal. El punto de inflexión, o frontera límite, de este fenómeno quedó atrás hace algunos años. Que hayamos perdido más de la mitad de los bosques con sus ecosistemas y sus potencialidades de agua en tan sólo 30 años, debería tenernos en alarma y preocupación.
Aplicando la frase muy justa de Reyes Heroles de que en política la forma es fondo, preocupa y bastante, que el nuevo gobierno haya desdeñado el talento y experiencia de personajes de altísimo nivel de su misma filiación en la conformación de su gabinete ambiental y esté dejando de lado la opinión del ambientalismo académico y social, que hasta ahora, ha representado la única defensa enérgica y consecuente de ese ente vital para lo humano llamado naturaleza.
Que el presente gobierno crea que la agenda ambiental la va a desarrollar con la Apeam (principales promotores y actores de la destrucción de bosques), y le dedique guiños recurrentes de simpatía, no es circunstancial. En política, pues, la forma es fondo.
Si el diagnóstico que tienen sobre la cuestión ambiental se los ha proporcionado Apeam, habremos caminado muchos pasos atrás, la tragedia ecocida continuará.
