Opinión/José Luis Camacho Acevedo
La realidad de la denuncia ante una violación en México
José Luis Camacho Acevedo
La violación es uno de los delitos de alto impacto que menos se denuncian a nivel mundial, en México no es la excepción, la principal razón es que este crimen es tratado de una forma deficiente e insensible por nuestro sistema de justicia penal.
Cuando una mujer se atreve a acudir al ministerio público a denunciar un ataque sexual, se enfrenta a la revictimización por parte de algunos servidores públicos que no están sensibilizados en la atención a este tipo de víctimas.
El primer diagnóstico sobre violencia sexual en el país a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), detectó que la principal causa para que una víctima de violación se niegue a denunciar es por la falta de confianza en las autoridades y porque teme el maltrato de las mismas, asimismo, porque en muchas ocasiones cuando una mujer es violada es estigmatizada por algunos sectores de la sociedad.
Otra de las causas que inhibe la denuncia son los escasos resultados en los casos que “si se investigan”, por lo menos en teoría. Según proyecciones hechas por la CEAV a partir de las encuestas de victimización del INEGI, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en México, pero el 94% ni siquiera fueron denunciados.
De las violaciones que, si fueron denunciadas por las víctimas, ni siquiera la mitad terminaron consignadas por las procuradurías y una mínima parte terminó en una condena del agresor.
El diagnostico encontró que la ineficacia del sistema de justicia penal en este tipo de delito, tiene su origen en la normativa, porque en México no existe una ley homologada o general para las violaciones y los ataques de tipo sexual, por lo que cada estado define a su criterio basándose en su código penal que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.
Por ejemplo, hay tres códigos penales: el de Zacatecas, Tamaulipas y el Federal, que para sancionar el hostigamiento sexual piden como requisito que haya un daño o perjuicio comprobable, lo que debería ser irrelevante pues dicho ilícito atenta contra la libertad y seguridad sexual de la persona, sin que necesariamente llegue a consumarse.
Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora, que dejan de castigar el estupro si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal”.
Otro caso que ejemplifica el desorden en la legislación es el delito de violación el cual debería castigarse igual en los estados dada la gravedad que conlleva. La realidad es distinta. Resulta que la violación impropia (con objetos) en entidades como Aguascalientes, Nayarit Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia, mientras que, en otros estados como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.
Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde las violaciones no prescriben, es decir, donde no hay un límite de tiempo para que se indague el delito y castigue al responsable.
En las últimas semanas la impunidad en este tipo de delitos se hizo más evidente ante la opinión pública, ya que casos significativos fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación ante la inacción de las autoridades que llevaban sus procesos.
Hemos sido testigos de la pasividad de estas autoridades según el perfil de la víctima y de los agresores, no obstante, lo más grave en estos casos ha sido el escarnio de algunas personas hacia las víctimas, que las culpabiliza, ya sea por su forma de vestir, por salir a centros nocturnos, por viajar “solas” (aunque vayan acompañadas de otra mujer), entre otros señalamientos o acusaciones.
Resulta inconcebible que cuando una persona que se decide a denunciar (a pesar del miedo y la humillación que este tipo de delitos puede provocar o generar en las victimas), la respuesta de algunas personas, medios de comunicación y, más grave aún, de algunos servidores públicos, sea culparla por lo que le sucedió, es como si por salir a la calle, por ir a trabajar, por ir a bailar con un grupo de amigos, ya de facto se merece sufrir una agresión o ser víctima de un delito, no podemos retroceder como sociedad lo mucho que ya hemos avanzado.
