Opinión/Gerardo A. Herrera Pérez
Migrantes y sus familias.
Gerardo A. Herrera Pérez.
Los derechos humanos de las personas se positivizan en los documentos internacionales y de dimensión regional, nacional y estatal, y que, para el caso de México son reconocidos y protegidos y no pueden suspenderse ni restringirse salvo bajo los casos que señala la Constitución; dichos instrumentos jurídicos constituyen un aporte para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Este conjunto de instrumentos, ha permitido fortalecer los principios de legalidad para preparar la normativa del tema migratorio, pero también el mandato de ley permite ir construyendo los andamiajes para ordenar, diseñar y operar las estructuras operativas que atenderán los mandatos legales y definir los lineamientos estratégicos para el diseño de la política pública.
Que Michoacán, haya realizado acciones desde 1992, cuando se creó la Dirección de Atención Legal y Administrativa para Trabajadores Emigrantes del Estado de Michoacán, dependiente de la Secretaría de Gobierno, una de las primeras en el país, señala su compromiso con los migrantes; y que ahora cuente con un marco normativo aprobado, una estructura operativa y un diseño de política publica de apoyo a las familias de los migrantes, da cuenta de la importancia del esfuerzo que realizan los migrantes en el extranjero y la manera en que se puede apoyar a sus familias en sus lugares de origen por parte del Gobierno del Estado.
Actualmente estas acciones descansan en las reformas constitucionales realizadas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos del 2011 y da sentido a los principios de los derechos humanos, fundamentalmente a los correspondientes de interdependencia y progresividad. En este sentido la estructura operativa que coadyuva a los derechos de los Migrante, resume la existencia de una institución pública y el diseño de política pública para atender funcionalmente a las familias de los migrantes.
De manera frecuente la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, pero también, para el trabajador migratorio, debido a la dispersión de la familia. Los problemas que plantea la migración para las familias de la persona migrante son diversos, complejos y requieren de un diseño de política pública que permita dar respuestas a la multiplicidad de situaciones que viven los migrantes y sus familias en sus lugares de origen.
Que el gobierno de Michoacán, reconozca el fenómeno migratorio, a través de una Ley de los Migrantes y sus Familias única en su tipo y una Secretaría de Estado enfocada al tratamiento de la migración, habla de la transcendencia y la vanguardia que mantiene la entidad en la política pública migratoria en el país. El que los Migrantes actúen de manera organizada, solidaria y desinteresada en mejorar la calidad de vida de sus lugares de origen, es fomentar, reforzar y respaldar la identidad de un Michoacán que se mantiene en la convicción de elevar su desarrollo humano y cultural.
Por ello, contar con un instrumento de política de estado para atender las problemáticas de las personas migrantes y sus familias genera confianza; confianza de las familias que se acercan a recibir los apoyos institucionales de diverso tipo, pero también de contar con un instrumento para atender trámites binacionales migratorios, civiles, penales, y otros relacionados con la vida y la vida que muere, es decir la muerte y el traslado de cuerpos de personas, así como tramitar visas humanitarias para atender diferentes necesidades.
Desde esta dependencia se busca promover el respeto a los derechos humanos de los migrantes y sus familias, coadyuvando al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades de origen de los migrantes, y fomentar la organización de las comunidades de michoacanos más allá de las fronteras para impulsar las inversiones hacia el estado; en este sentido, la Secretaría del Migrante, constituye un importante aporte a la atención de la población migrante y sus familias.
Los derechos humanos son progresivos, y ello, permite avanzar en generar mejores condiciones para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes y de sus familias. El trabajo realizado por los migrantes y sus organizaciones y líderes constituyen años de trabajo organizativo y de esfuerzos en construir las redes que soporten la sostenibilidad de un diseño de política pública que ayude a su comunidad.
Por ello, se debe seguir insistiendo en mantener, pero, con una orientación definida y apoyada financieramente a la Secretaria del Migrante para: Fortalecer la Presencia del Gobierno en los lugares de destino con mayor número de michoacanos; profesionalizar a los servidores públicos que impulsan la política de atención a los migrantes en el Estado, en cuya actividad debe también permanecer la vocación de servicio; fortalecer los diferentes servicios que brindan otras dependencias estatales como la de salud y educación, entre otras en beneficio de las familias de migrantes; y desde luego, la de consolidar las estructuras sociales expresadas en las federaciones, organizaciones y clubes de michoacanos en el exterior.
