Opinión/Erik Avilés Martínez

Después de haber transcurrido más de 500 días sin clases, ante la proximidad del inicio del próximo ciclo escolar y dado el compromiso presidencial de impulsar el regreso a la presencialidad escolar en México, por fin se han acelerado las declaraciones sobre los pasos a darse y las decisiones a tomarse. El tema ya ocupa un espacio preponderante en la agenda pública y se discute ampliamente. 

En línea con lo anteriormente mencionado, la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP participó en la conferencia matutina presidencial de ayer, 12 de agosto de 2021, en la cual presentó una serie de lineamientos y pasos a seguir para alcanzar un regreso a clases.

Sin duda hay coincidencias con las afirmaciones del presidente de México, en torno a que no existe algo que pueda sustituir a la escuela como espacio educador por antonomasia, por lo cual deben de reconocerse plenamente las afectaciones suscitadas por la persistencia en el cierre de escuelas. A respecto se mencionó que se presentarán los resultados de un estudio en torno al tema. Es importante señalar que, Mexicanos Primero ya presentó en dos ruedas de prensa previas, hallazgos del estudio denominado Equidad y Regreso, obtenidos en una investigación de campo, los cuales versan respecto al deterioro socioemocional y la pérdida de los aprendizajes que se han suscitado durante el confinamiento en diversas entidades de la república. 

Si bien, es de reconocerse que hubo más contenido en el mensaje vertido en la rueda de prensa citada, aún es insuficiente como para infundir confianza respecto a un posible regreso presencial a las escuelas. Es cierto que el decálogo rumbo al regreso a clases es mucho más claro que los anuncios, declaraciones y comunicaciones previas que ha emitido el gobierno federal, aún no logran constituir los elementos completos que requeriría un protocolo ajustado a la realidad concreta de cada escuela mexicana. 

Es de apreciarse que, gracias a CONAFE, por fin se hace una mención al aprendizaje. Mexicanos Primero invita a la SEP a considerar el Aprendizaje basado en la Convivencia y el Diálogo, el llamado “Modelo ABCD” de CONAFE como estrategia central en el regreso y la recuperación, para todos los niveles y modalidades, y no sólo para las comunidades apartadas con servicios multigrado.

El haberse hecho un reconocimiento público a la labor que los maestros desarrollaron es positivo, pero doblemente justo sería visibilizar que muchos de los mejores logros fueron por instrucción local o por propia iniciativa, no por apoyos, que de la SEP ni del SNTE, los cuales no fueron universales, pertinentes ni suficientes. Lamentablemente, el acuerdo presentado por la representación sindical institucional es una pieza genérica, que sigue sin recoger preocupaciones reales de los maestros, tales como la organización con los varios turnos o escalonamiento de alumnos, los apoyos concretos a cada escuela, el posible refuerzo a la vacuna, el resguardo y la sustitución en aula de las y los docentes con comorbilidad, entre otros.

Instaurar procesos de gobernanza en el sistema educativo nacional en general, así en torno al regreso a clases en particular ya es impostergable. Urge diálogo verdadero y continuo con los actores educativos. Por ejemplo, la reunión con los titulares de la autoridad educativa de los estados se hizo después de los anuncios, no como resultado de ellos. El orden federal del poder ejecutivo sigue sin reconocer ni aprender de las buenas experiencias locales, por lo cual no favorece que la dinámica sea el aprendizaje de pares. Además, a pesar de ser un acuerdo vinculante del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es fecha en la cual no se ha instalado la Comisión Intersectorial para el Regreso, que reúna -como está previsto- a las autoridades educativas, de salud, de bienestar, a las representaciones de las familias y de la sociedad civil, en una colaboración auténticamente plural y no en la comunicación unidireccional que hasta ahora ha sido la tónica.

El punto clave es la flexibilidad basada en la evidencia. Unas escuelas pueden abrir y otras todavía no. Las comunidades deben acordar el regreso, con el apoyo de la autoridad. El compromiso es que se pueda asegurar las condiciones mínimas, y que no se impida iniciar actividades a quienes sí pueden hacerlo, así como tampoco arriesgar desproporcionadamente en las comunidades que no cuentan con los elementos mínimos. La responsabilidad de las autoridades sanitarias federales y las locales para crear un certificado o sello de confirmación es una buena práctica que debiera adoptarse. Igualmente, para basarse en evidencia, desde Mexicanos Primero a nivel nacional presentaremos próximamente un “Índice de Regreso” el cual permitirá visualizar la armonización que debe lograrse entre la mayor necesidad, es decir atender a los planteles con alumnos que tuvieron la menor posibilidad de aprender a distancia y que tienen los con mayores retos a su desarrollo en sus hogares y la mayor factibilidad, es decir, las condiciones objetivas del plantel y la comunidad de aprendizaje que permiten iniciar actividades presenciales.

Para lograr el regreso a clases es importante considerar con todos sus términos la posible modificación del Acuerdo del Consejo General de Salubridad, para que la educación sea considerada “actividad esencial” y así, puedan ofrecerse actividades en la forma de Centro de Aprendizaje Comunitario, así como destinar fondos extraordinarios, más allá del complejo y todavía opaco sistema de La Escuela es Nuestra, que ya ha demostrado tener brechas por las cuales transita la corrupción y el desvío de recursos. 

Es importante reiterar que, la apertura es un proceso, no un evento. Las escuelas que han abierto exitosamente en México y el mundo se prepararon, acordaron tareas y responsabilidades, redistribuyeron los recursos, identificaron los espacios, establecieron burbujas y escalonamiento de turnos para evitar las concentraciones peligrosas, trazaron un plan para la detección y reacción ante sospecha de contagio, verificaron las rutas de transporte y las condiciones a tomar en cuenta en el entorno físico que rodea la escuela. Eso está en la mano de familias y docentes, y Mexicanos Primero invita a que se den esos pasos en acuerdo, y sin esperar que la autoridad llegue a organizar, pues es visto que su alcance y visión no están en este momento para ello.

Es plausible volver, sí, pero solamente con gobernanza, acuerdos, con protocolos, con las condiciones mínimas verificadas, con un plan de diagnóstico y recuperación tanto en lo socioemocional como en los aprendizajes fundamentales que no puede durar unas semanas, sino que debe abarcar todo el curso. Ya hay buenas experiencias; propiciemos buenas experiencias para todos a través de dar a conocer las buenas prácticas que son respuestas locales. Las condiciones deben exigirse, no esperarse pasivamente; que las comunidades que puedan abrir, que lo hagan; no negar oportunidades a quienes más lo necesitan, mientras que las que aún no puedan hacerlo reciban el apoyo real que demanda la justicia con equidad. Invitamos a las familias y docentes a tener sentido de urgencia, así como también serenidad; a ocuparse más que preocuparse, y a no pensar en la apertura como algo único en una fecha, sino un proceso en el que todos tenemos mucho que aportar.

Por otra parte, también es importante resaltar que se presentó un modelo de carta responsiva, para ser circulada entre los paterfamilias y tutores, en aras de corresponsabilizarles. La primera parte de la responsiva es correcta, toda vez que brinda posibilidades de elección de la modalidad de retorno seguro a clases para los padres de familia.

La cuestión de los compromisos con las modalidades presencial y mixta es que son amplios, pero sin corresponsabilidad institucional. Es decir:

• La revisión de síntomas y signos de posible contagio requerirán termómetros y oxímetros, que no todos están en posibilidad de comprar.
• El mantener hijos en casa implica también tener los medios para tales efectos, especialmente, condiciones armónicas para sobrellevar el confinamiento sin afectaciones socioemocionales mayores. 
• Llevar a los niños a recibir atención médica, también implica recursos y tener acceso al primer nivel de los servicios de salud. 
• La notificación implica que haya conectividad y comunicación entre familias y maestros. 
• La promoción de hábitos de higiene y salud son favorables, pero requieren también que existan condiciones y consumibles para su debida práctica cotidiana.
• Colocar un filtro sanitario en casa implica a su vez recursos. 

De todos estos factores, no se lee en la responsiva ni solidaridad ni subsidiaridad de parte de la autoridad educativa para apoyar a las familias ante la inaplazable necesidad de restituir los derechos humanos perdidos desde el inicio del confinamiento.  

En suma, no existe mayor corresponsabilidad con los padres de familia respecto a las condiciones que se solicita construyan en sus propios hogares. En medio de la peor crisis económica, de seguridad y sanitaria de este siglo resulta excluyente para el pleno ejercicio del derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes esta serie de requisitos que se incluyen en la responsiva. 

Por ende, quedan cuestionamientos irresueltos, respecto a qué tanto están contribuyendo las autoridades federales, estatales y municipales rumbo al regreso a clases. Especialmente, en Michoacán se requiere que, indelegablemente, el poder ejecutivo estatal rinda un informe detallado y minucioso, de cara a la sociedad, respecto a las acciones, obras, proyectos y medidas de política pública que se han emprendido de cara a la restitución plena de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en torno al regreso a clases. 

Asimismo, a la fecha no se sabe qué han hecho los representantes legislativos federales y estatales para que sus hijos vuelvan a ejercer su derecho a aprender. Y queda la duda también respecto a los organismos autónomos, sobre si han hecho acciones rumbo al regreso a clases, desde la perspectiva de derechos humanos, de la transparencia y acceso a la información, del control y combate a la corrupción.

La respuesta a esta clase de preguntas dimensiona el nivel de prioridad que tiene el regreso a clases entre las autoridades y representantes populares. De ahí partimos, es lo que hay. En otras entidades federativas, como Sinaloa y Jalisco se han explorado posibilidades para el retorno a clases y se han construido condiciones, que bien pueden servir de marco referencial para hacer lo propio en Michoacán.

Sin embargo, el regreso a clases, además de ser una política pública, también será una construcción social endógena. Por lo cual, a usted, amable lector, le consulto respetuosamente: ¿cuáles le parecen los factores fundamentales para garantizar un regreso seguro y pleno a clases para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán? ¿Tenemos condiciones para un regreso a clases? ¿Quiénes deben de impulsar la política pública para el regreso a clase? ¿Cuáles deben ser las prioridades de inversión al respecto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para lograr restituirles sus derechos a los hijos de los michoacanos? 

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles