Opinión/David Colmenares Páramo
Fiscalización y cambio climático
Por David Colmenares Páramo
Se acaba de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 2013 con el fin de promover la concientización sobre el valor de la fauna y la flora salvaje. Para 2022, ha propuesto como lema “recuperar a las especies para la restauración de ecosistemas”, con el fin de propiciar una reflexión global en el Mundo, sobre el peligro que acecha a las especies de vida silvestre y destacar la multitud de beneficios que preservarlas tiene para la humanidad y para las generaciones que empiezan a crecer y las futuras.
La protección de la biodiversidad se relaciona tanto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en específico con el ODS 15, el cual busca detener su pérdida, como con el combate al cambio climático. El más reciente Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas destaca que la biodiversidad está siendo gravemente amenazada por el cambio climático, debido al colapso de los ecosistemas y la extinción de las especies silvestres. Las olas de calor, las sequías y las inundaciones ya están sobrepasando los umbrales de tolerancia de las plantas y animales y, desafortunadamente, en los últimos meses, estos fenómenos se han presentado de manera simultánea, causando efectos en cadena cada vez más complejos de gestionar. Al conjuntarse con otras problemáticas como el uso insostenible de los recursos naturales, la creciente urbanización, las desigualdades sociales, las pérdidas y daños causados por los desastres y la pandemia de COVID-19, es evidente que, a mediano y largo plazo, el bienestar de la humanidad y la habitabilidad de nuestro planeta están en riesgo.
A pesar de la dureza de este escenario aún existe la esperanza, si a nivel mundial, logramos restaurar los ecosistemas degradados y conservar de forma eficaz entre el 30% y el 50% de los hábitats terrestres, de agua dulce y oceánicos.
Un ejemplo de ello es la segunda edición de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas (ACADP), realizada entre 2019 y 2020, bajo el liderazgo de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y coordinada por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), en la que participaron las EFS de más de 17 países, incluyendo a la Auditoría Superior de la Federación, quienes evaluaron más de 2,400 áreas protegidas y verificaron su nivel de implementación y gestión, así como su contribución a la consecución de las metas de los ODS.
En seguimiento a los resultados de esta auditoría coordinada, la ASF como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, elaboró una evaluación de la política de medio ambiente enfocada en la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con el propósito de analizar la evolución de estas áreas durante el período 2015-2020, monitorear sus avances e identificar áreas de oportunidad y hacer sugerencias para mejorar las acciones del gobierno federal para garantizar la protección y conservación de las ANP. La investigación, análisis y elaboración de esta evaluación fue pensada bajo una perspectiva proactiva, considerando el impacto de la pandemia en su desempeño y no se centró simplemente en la generación de un cúmulo de observaciones, sino en proveer de criterios relevantes que coadyuven en la mejora de la implementación y gestión de las ANP y que favorezcan la deliberación pública sobre la importancia de apoyar y respaldar la política ambiental, la relevancia del desempeño de la CONANP como responsable de la protección de estas áreas y sus ecosistemas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes del Mundo y dar pasos firmes hacia el desarrollo sostenible.
