Observatorio ciudadano/Enrique Bautista Villegas
LA POLARIZACIÓN FRENTE A LAS ELECCIONES
La polarización entre grupos de la ciudadanía que se viene manifestando cada día con mayor intensidad en las campañas para la elección presidencial del próximo 1º de julio es obviamente preocupante para la tranquilidad social de los mexicanos, pero pareciera inevitable ante el fortalecimiento de las preferencias ciudadanas a favor de Andrés Manuel López Obrador según lo muestran todas las encuestas, y quienes los cuestionan por sus propuestas de alto contenido social, ya que en realidad significa la única opción de cambio real para el futuro del país.
Todos los demás candidatos proponen en esencia la continuidad de un modelo de desarrollo que ha sumido a México en una profunda crisis de estagnación económica en términos reales durante los últimos 35 años; modelo que se caracteriza por: la polarización en la distribución del ingreso con una consecuente concentración de la riqueza en pocas manos y un crecimiento de la pobreza y la marginación que afecta a la mayor parte de la población, tanto en términos relativos como absolutos; un incremento sostenido en el desempleo, la caída de la capacidad de compra de los salarios, una reducción en la cobertura de la educación y la salud públicas de calidad en todos sus niveles, el crecimiento del crimen, de la inseguridad pública, y de la corrupción, a grados insoportables para la población.
Afirmar y probar que los candidatos presidenciales, con la excepción de López Obrador, proponen la continuidad del modelo que ha generado la situación señalada resulta sencillo a partir de dos hechos: 1) tanto el PRI como el PAN han gobernado al país durante los últimos 35 años, siendo sus políticas públicas con relación a los temas que han generado la crisis esencialmente las mismas, y 2) los otros cuatro candidatos, que no López Obrador, avalan esas políticas y proponen su continuidad, a partir del fortalecimiento y consolidación irrestrictos de las llamadas reformas estructurales.
La única propuesta que busca modificar el estado de cosas referido y las políticas públicas que lo han ocasionado es la que sostiene López Obrador, que busca el desmantelamiento de tales acciones y la rectificación de las omisiones de gobierno que han llevado al país a la situación de crisis estructural que padece, así como la revisión y, en caso necesario, la reversión de las reformas estructurales que pretenden ser institucionalizadas a perpetuidad por el actual gobierno y por los otros cuatro candidatos presidenciales.
En realidad la oposición a las propuestas enarboladas por López Obrador provienen, no de la mayoría de los militantes y simpatizantes de los partidos que sostienen las candidaturas de Meade y Anaya o de los escasos ciudadanos que respaldan a Margarita y al Bronco, sino de éstos y sus círculos de apoyo, pero sobre todo de los grupos de poder económico que se han beneficiado al amparo de las políticas y favores del gobierno, y de los políticos que se han aliado con tales grupos (muchos de los cuales se han enriquecido por esa vía de manera ilegal y escandalosa) para imponer el modelo de desarrollo que ha permitido la entrega paulatina de los recursos estratégicos nacionales a intereses económicos trasnacionales, a los que desde luego sus corresponsales mexicanos pertenecen.
En este contexto, los grupos locales de poder económico que se oponen a López Obrador son principalmente aquellos que han generado o acrecentado su riqueza al amparo de políticas públicas sesgadas y de las triquiñuelas que desde el gobierno se han implementado para beneficiarlos.
En esta categoría se encuentran: los receptores a precios de remate de las empresas conocidas como paraestatales, hasta antes de las privatizaciones, a cuyos procesos fueron sometidas tales empresas durante los gobiernos de De la Madrid, Salinas de Gortari, y Zedillo Ponce de León; esto es: la banca nacionalizada, Teléfonos de México, Altos Hornos, Sicartsa, Diesel Nacional, la constructora de carros de ferrocarril, Fertimex, Imevisión, la industria pertroquímica, Ferrocarriles Nacionales, Aeroméxico, entre las principales. También a esta categoría pertenecen los dueños de cadenas de radio y televisión beneficiarias de las concesiones del Estado, que constituyen un auténtico oligopolio y han recibido el beneficio de no pagar al gobierno ingreso alguno por el uso de las concesiones que usufructúan, que reciben un trato impositivo de excepción, y que son beneficiarias de cuantiosas transferencias de recursos públicos por concepto de publicidad gubernamental.
En la misma categoría entran los propietarios de las empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno adquiere para su operación mediante asignaciones directas y poco transparentes; fundamentalmente los gigantes de la construcción, cuyas asignaciones se hacen de manera discrecional, obscura, mañosa, a través de asignaciones directas, a cambio de sobornos en forma de comisiones y regalos, para quienes las otorgan; basta revisar casos como los de OHL, Odebrecht, el grupo Higa, la estafa maestra, las casas blanca y de Malinalco, por mencionar solo algunos; todos, hechos ignorados por las autoridades judiciales a pesar de constituirse en escándalos y motivo de indignación de la sociedad.
Los grupos de poder económico que se oponen con mayor vehemencia a las propuestas de López Obrador, y que también se consideran en esta categoría, lo constituyen aquellos empresarios que por su posición frente a la reforma energética son ya, o se sienten, beneficiarias de la privatización de los activos del subsuelo que pertenecen a la Nación; esto es: de las reservas petroleras que hasta finales de la década de los setentas del siglo pasado eran aprovechadas de en forma exclusiva por mandato Constitucional, por Petróleos Mexicanos, para beneficio del país; los beneficiarios de las concesiones mineras, principalmente de minerales estratégicos para el desarrollo nacional, y los beneficiarios de las privatizaciones en proceso, principalmente de las filiales de Pemex y de la industria eléctrica nacional.
Habría que señalar que tales grupos locales tienen su contraparte en los grupos económicos trasnacionales que se han venido apropiando paulatinamente de los sectores estratégicos en materia energética, y de los recursos naturales no renovables (las reservas minerales del subsuelo), sobre todo de las naciones menos desarrolladas y más vulnerable, y por tanto susceptibles de sometimiento ante las presiones de los intereses geopolíticos mundiales; tal es el caso de México y del resto de los países latinoamericanos con respecto a los intereses económicos trasnacionales que tienen su sede en los centros financieros del mundo occidental.
A los ojos de muchos analistas bisoños y de opinadores resulta incomprensible el motivo por el cual se ha mantenido a José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI y sus aliados, cuando a escasos 50 días de que concluyan las campañas electorales no solo no ha logrado levantar cabeza, sino por el contrario parece estar cada día más abajo y lejano del puntero en las encuestas de opinión.
La respuesta pareciera ser que, en los hechos Meade no es el elegido de los priístas, ni siquiera del dedo elector que por la tradición priísta se impone por encima de la estructura del partido, sino es en realidad el candidato de los grupos de poder económico trasnacional, a los que pertenecen los grupos de interés económico local y que ven con temor que llegue a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López Obrador. Temor que, como se ha dicho, se traduce en una actitud de rechazo hacia su candidatura, así cuente con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, por el hecho de que representa una amenaza real a sus intenciones de continuar usufructuando los recursos estratégicos nacionales para provecho propio.
Estos intereses, que en México han conformado su “think tank” mediante la integración de un selecto grupo compacto de egresados del ITAM, que son los mismos que han dominado la al gobierno federal durante los últimos sexenios y han impuesto la políticas económica, financiera, y monetaria, que a sus intereses convienen, determinaron, en su momento y de acuerdo a los intereses superiores a los que sirven, que en orden de prioridad el candidato a la presidencia del país para el 2018 que se encargaría de implementar hasta sus últimas consecuencias las reformas estructurales aprobadas por el Congreso durante el actual sexenio, debería se Luis Videgaray Caso, llevando como sustituto en caso fortuito a su amigo y compañero de aulas, José Antonio Meade Kuribreña. Y al haber fallado en sus propósitos el primero, fue ungido su suplente, quedándo sin tercera opción.
Resulta interesante para sustentar la afirmación anterior consultar en los medios especializados sobre quienes incidieron desde México y desde el exterior en el diseño, la construcción y el desarrollo de las llamadas reformas estructurales. A manera de ejemplo vale la pena consultar en el espacio de youtube el video de la productora Opinión Anónima, https://youtu.be/u-DncXXUAw0 “Laurence D. Fink, el Nuevo Dueño de Pemex luchará para que no gane AMLO”. En el mismo aparece en el minuto 10 de la emisión una declaración del Presidente y Consejero Delegado de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, con gran influencia ante el gobierno de México y en las reformas estructurales que este pretende llevar adelante, en la que afirma con magistral autosuficiencia que: “Las reformas permitirán a México crear un futuro más grande; especialmente las reformas energéticas vinculadas con la electricidad, permitirán la cogeneración de energía eléctrica con gas natural, y darán a México un rol muy importante en el mundo. Si estas reformas se llevan a cabo de manera correcta, creo que inversionistas de todo el mundo estarán muy interesados en participar con México en su momento económico….”
Fink, a quien le debe tener sin cuidado el respeto al voto ciudadano de los mexicanos, con tal de que Meade resulte triunfador en los proceso electorales, parece ser actualmente el representante visible de los grupos económicos trasnacionales que pretenden someter a México a sus intereses, pasando si es necesario por encima de la voluntad mayoritaria de los mexicanos, como lo han hecho en diversos momentos para que prevalezca la hegemonía del gran capital que representan en el mundo, y en particular de América Latina.
La polarización de opiniones entre los grupos de poder económico arriba señalados y amplios sectores de la sociedad mexicana muestran que lo que en realidad está en juego en las elecciones del 1º de julio son dos proyectos de nación diferentes; uno, el de mantener con algunos matices, dependiendo de qué candidato la impulse, el statu quo que prevalece en el país a partir hace casi 36 años, en el que la inmensa mayoría de los mexicanos se mantengan sometidos a los intereses de los grupos de poder económico y político, y otro, el que impulsa López Obrador, que se propone recuperar la potestad plena sobre los recursos de la nación y el manejo transparente y racional del servicio público para impulsar un desarrollo con justicia social y acceso equitativo a oportunidades para todos los mexicanos y no solo para unos cuantos.
Ante ese escenario resulta fundamental que la ciudadanía del país cierre filas desde ahora y se organice de manera efectiva para hacer que se respete el voto mayoritario, que con seguridad representará el interés superior del pueblo de México.
