Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas
OBSERVADOR CIUDADANO
NO MÁS DINERO A PARTIDOS POLÍTICOS
Enrique Bautista Villegas.
Con motivo de los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado se generó un movimiento de solidaridad entre la población mexicana, principalmente entre los jóvenes, que sorprendió a propios y extraños. Los ciudadanos, sobre todo de las regiones afectadas, se volcaron a las calles y puntos donde colapsaron casas y edificios que albergaban viviendas, escuelas, oficinas, centros de trabajo, de toda naturaleza, para buscar contribuir a rescatar a los heridos y fallecidos.
Además de la solidaridad de países amigos, en todo México se generaron iniciativas de voluntarios y donadores de alimentos, medicinas, ropa y recursos económicos para coadyuvar con los damnificados. Los gobiernos de todos los niveles pretendieron, por lo menos en el discurso, colaborar de la misma forma y en ocasiones, al supuestamente pretender ordenar la ayuda, generaron el descontento ciudadano que señaló que los gobernantes pretendían apropiarse de la ayuda ciudadana y entregarla como si fuera aportada por las instituciones gubernamentales que ellos encabezan.
Un caso ejemplificativo de lo anterior fue el sucedido en el Estado de Morelos, en el que sus autoridades intentaron hacer pasar todas las donaciones que llegaban de ciudadanos de otras entidades por el DIF estatal; la reacción de los ciudadanos fue de indignación. Por algo reza el refrán popular que “el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla”.
Los partidos políticos no fueron la excepción, generándose una verdadera subasta para ganar el reconocimiento de los damnificados. Tras asumir Andrés Manuel López Obrador la iniciativa para que Morena entregara a los damnificados el 50% de sus prerrogativas de lo que resta del año y de las asignaciones presupuestales para las campañas políticas del 2018, el dirigente del PRI se le fue encima, en una respuesta de bote pronto como acostumbra, acusándolo de demagogo. El INE por su parte señaló que la propuesta del morenista era ilegal, ya que nadie podía desviar el uso de los recursos asignados por Ley a los partidos políticos para fines diferentes a los señalados en el Presupuesto.
Después de pensarlo bien, en un acto de incongruencia de los que lo caracterizan, el líder del tricolor anunció que presentaría ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la renuncia de su partido al presupuesto que le corresponde para 2017, el cual asciende a 258 millones de pesos.
No acababan Morena y PRI de afinar sus propuestas cuando los dirigentes de los tres partidos que integran el Frente Amplio Democrático (sic), Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado, anunciaron a través de un video su deseo por renunciar al 100% del presupuesto para las campañas del 2018 para apoyar a los damnificados “sin simulaciones y de largo alcance”.
Las propuestas de los dirigentes partidistas fueron recibidas con escepticismo por la opinión pública. Y aunque muchos analistas los señalaron como oportunistas, la inmensa mayoría de los ciudadanos opinaron que había que agarrarles la palabra, no solo en esta coyuntura sino de manera permanente: “No más dinero público a los partidos políticos”.
Serenados los ánimos, muchos analistas políticos y especialistas en materia electoral han venido debatiendo en torno a la pertinencia de retirar total o parcialmente el financiamiento a los partidos políticos, señalando que los mismos son organismos de interés público. Hay quienes opinan que dejarlos sin financiamiento público abriría la puerta al financiamiento privado y de origen ilícito, induciendo a los dirigentes partidistas y candidatos a eventuales posiciones de representación, a hacer compromisos de reciprocidad con los financiadores de sus causas al margen de la Ley; esto es, de comprometerse a asignar obra pública, privilegiar intereses particulares, y proteger actos ilegales de parte de los financiadores privados.
Muchos de los analistas señalan que dado el ambiente de emergencia que se vive y la emotividad detrás de las iniciativas señaladas, no es el momento para pretender legislar en la materia, y que el tema debe dejarse para más adelante.
Si bien es indispensable que este tipo de asuntos sean analizados con la cabeza fría para no provocar decisiones equivocadas que a la postre debieran revertirse, me parece que el momento actual es no solo propicio, sino el ideal, para abordar el tema en el Congreso y de ser necesario, reformar la Constitución, de manera que se establezcan los ordenamientos expresos para que en lo futuro el financiamiento a partidos políticos y campañas sea el mínimo posible.
No se deben dejar pasar las iniciativas de los dirigentes partidistas señaladas en renglones anteriores, ni el ánimo que prevalece en la opinión pública para poner orden en materia presupuestal, por lo menos en esta materia. Tampoco se debe ignorar que la Legislatura en funciones en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión ha entrado en su última etapa de actividad legislativa, y lo que decidan en los siguientes meses en materia de financiamiento a partidos políticos y campañas deberán asumirlo quienes llegarán al Congreso y al gobierno de la República como resultado de las lecciones del primer domingo de julio del 2018. Dejar la responsabilidad de legislar en la materia a los que llegarán a la siguiente Legislatura, conlleva el riesgo de que el tema se enfrié y los futuros legisladores se hagan patos, como ha sucedido hasta ahora con los actuales.
La coyuntura que vivimos en estos días constituye además una magnífica oportunidad para que la sociedad civil fortalezca su empoderamiento y genere las iniciativas ciudadanas adecuadas para determinar los recursos con que los partidos políticos deben contar para el exclusivo cumplimiento de sus fines legales, evitando generar condiciones que los induzcan a hacer compromisos con quienes les ofrecerían financiamiento privado obscuro, de no acceder al financiamiento público.
Pero además, las organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil están en este momento en una posición inmejorable para generar iniciativas que obliguen al Congreso a legislar en materia de presupuesto, con objeto de limitar el financiamiento excesivo en otros ámbitos, conceptos, y acciones de gobierno, que resultan inequitativos e irracionales en un país sumido en la desigualdad y en la desgracia por obra de los desastres naturales sufridos en los últimos meses y la ineficiencia de sus gobiernos. Entre estos temas estarían; el presupuesto excesivo para el propio Congreso de la Unión, para el Poder Judicial y los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el desproporcionado gasto corriente del Poder Ejecutivo, y los altísimos salarios a funcionarios de alto nivel, además de muchos otros.
Es momento de tomar acciones en esta materia; la palabra la tenemos los ciudadanos.
