Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas
El anuncio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del pasado 31 d enero, en el sentido de que el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en menos 0.1 % durante el primer año de la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, si no resulta sorpresivo, tampoco debe subestimarse ni dejarse pasar como un dato sin importancia.
La desaceleración económica es una constante al inicio de cada administración federal por diversos motivos: el presupuesto que se ejerce durante el primer año de funciones fue preparado con criterios específicos por una administración diferente a la que inicia, la nueva administración de manera natural inicia con nuevos programas y políticas públicas de gobierno propias que toma tiempo implementar; además, en esta ocasión, el Presidente entrante anunció desde antes de su toma de posesión la decisión de iniciar una transformación profunda del modelo de desarrollo. Sin embargo, también es una realidad que la población del país no esperaba que el principal índice de crecimiento se registrara a la baja.
De acuerdo a los motivos que generaron esta leve baja en el principal indicador de crecimiento económico (Dora Villanueva, la Jornada, 31 de enero de 2020), los analistas señalan como causas: la caída por 10 meses consecutivos en la inversión en maquinaria y equipo, la desaceleración del consumo, el retraso en el gasto público, así como elementos externos tales como la incertidumbre por la ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el conflicto comercial entre China y el gobierno de Donald Trump, las tendencias a la baja en la actividad económica global.
En lo particular, el director general de análisis de la calificadora HR Ratings, consideró que no ayudaron las altas tasas que se llegaron a tener por efecto de la inflación, y el alto grado de endeudamiento que arrastran las finanzas públicas desde años atrás.
Otros especialistas señalan como causales de la desaceleración: la contención del gasto, la curva de aprendizaje de la nueva administración, pero según algunos algunos, el principal inhibidor del crecimiento fue un choque de confianza generado por las acciones tomadas por el gobierno federal.
Ciertamente el Presidente señaló en diversos momentos durante el primer año de su gestión que su administración prefería el desarrollo frente al crecimiento. No obstante, es importante señalar que sin crecimiento económico no hay inversión, crecimiento en el empleo, distribución de la riqueza y desarrollo compartido.
Habría que agregar a lo anterior la falta de certidumbre y el temor en los inversionistas nacionales, aun los más pequeños, por el ambiente de inseguridad que se vive en el país; la actividad de la delincuencia organizada, que ha hecho de la extorsión y del cobro de piso, prácticas cotidianas que afectan hasta a los más modestos negocios y trabajadores humildes.
Como parte de las acciones que impulsará la administración a partir del inicio del segundo año de la administración, el Presidente López Obrador ha anunciado medidas tales como la integración de un Gabinete para el Crecimiento Económico, que estará coordinado por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, cuya tarea será el fomento a las inversiones y la generación de condiciones para dinamizar el crecimiento de la economía del país.
Sin embargo, es necesario que estas medidas se complementen con un ambiente de unida nacional y una percepción de tranquilidad y paz en materia de seguridad pública. Se debe trabajar en generar confianza en todos los sectores sociales; entre los inversionistas de todos los tamaños, ofreciendo certidumbre en materia económica y seguridad física y personal, tanto a los grande como a los pequeños y muy pequeños empresarios, a sus trabajadores, a sus familias, y a todos los ciudadanos.
Ese es sin duda un gran reto y condición necesaria para para los cambios que los mexicanos esperamos de una Cuarta Transformación.
