Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas
Cumplimiento de compromiso con ex braceros: aún pendiente
La corrupción no es nueva en México ni se inició durante los gobiernos neoliberales que llegaron al poder a partir de 1982 y se mantuvieron ejerciéndolo a hierro y fuego hasta 2018, cuando logró arrebatárselos Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México. Ciertamente el control hegemónico del poder económico y político en las manos de unos cuantos resultó en que la corrupción se generalizara y se practicara cada día que pasaba con lujo de cinismo. Por eso, actualmente donde quiera que el actual gobierno le rasque, brota pus.
Menciono esto a partir de la llamada de atención que tuve al leer el libro “Historia de un ahorro sin retorno. Despojo salarial, olvido y reivindicación en el movimiento social de ex braceros, 1942-2012”, del Historiador Abel Astorga Morales, publicado por la Universidad de Guadalajara (2017).
Es este un exhaustivo trabajo de documentación y análisis en el que el autor ilustra la dureza con la que fueron tratados por las autoridades estadounidenses los miles de trabajadores mexicanos, sobre todo de origen campesino, que se acogieron al programa Bracero (cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil permiso, de acuerdo al autor), convenido entre las autoridades de los dos países durante el periodo señalado en el párrafo anterior.
El programa buscaba en un principio suplir en labores agrícolas, y durante el periodo 1943-46 en las de construcción y mantenimiento de vías férreas, a miles de jóvenes estadounidenses que fueron reclutados por su gobierno para incorporase al frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que esta conflagración concluyó el programa continuó hasta 1962 para atender la creciente demanda de mano de obra que el crecimiento de la economía estadounidense experimentó durante los más de tres lustros posteriores a la posguerra.
Como parte de las reglas establecidas por el gobierno estadounidense para hacer efectivo este contrato de trabajo temporal, las autoridades gubernamentales de ambos países convinieron durante algunos años que se retuviera el 10% de los salarios de los braceros, para la creación de un fondo de ahorro campesino. “Se trataba de una especie de seguro de desempleo con el que se pretendía que los trabajadores compraran insumos e implementos agrícolas para el campo, además de aplicar los conocimientos (supuestamente) adquiridos en los campos estadounidenses”, una vez que estos regresaran a sus comunidades de origen.
El dinero de las deducciones era depositado en bancos de aquel país que tenían la obligación de transferirlos al gobierno mexicano a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco del Ahorro Nacional, entre otros. Sin embargo, los hechos no sucedieron conforme estuvo planeado. “El gobierno mexicano recibió millones de dólares procedentes de dicho país, pero no lo regresaron integro a los braceros, y además se presentaron grandes irregularidades de los bancos y las autoridades encargadas de salvaguardar los fondos”.
De acuerdo al autor el programa de deducciones al salario de los trabajadores se dio entre los años de 1942 y 1948 de manera generalizada, aunque posteriormente no está documentado hasta donde, éstas se hayan mantenido de manera obligatoria.
Lo que es un hecho es que el reclamo de los ex braceros afectados fue casi olvidado hasta el año 1998. En ese año, Ventura Gutiérrez Méndez, originario de Puruándiro, Michoacán, que había emigrado de niño con sus padres “al otro lado”, y se desempeñaba hasta entonces como maestro de educación primaria en Coachella, condado de Riverside, California, conoció de boca de su abuela la historia vivida por su abuelo Joaquín Méndez Méndez, quien fuera bracero a principios de la década de los cincuenta. La frustración de su abuela incidió para que Gutiérrez Méndez iniciara un movimiento reivindicatorio de los derechos conculcados a su ancestro y a miles de ex braceros más, cinco décadas antes.
Su iniciativa, y la de quienes se sumaron a él en un principio, fue paulatinamente creciendo y esparciéndose a lo largo y ancho del país, generando un gran movimiento que en algunas regiones se volvió botín de supuestos líderes que buscaban el beneficio propio.
La lucha por la reivindicación de los ahorros retenidos, y no entregados a los ex braceros por las instituciones financieras del gobierno de México, ha sido larga desde entonces, pero a la fecha no ha sido atendida de manera integral.
Gracias a las presiones de los ex braceros organizados a partir del movimiento denominado Braceroproa, originalmente constituido a partir de la iniciativa de Ventura Gutiérrez, se logrado que aproximadamente el 8% de los dos millones de afectados, de acuerdo a los cálculos de Ventura Gutierrez Méndez hayan la cantidad de MN $38,000 pesos, que si bien no significarían el 10% de retención de los salarios que obtuvieron en su momento a precios actuales, constituyen un apoyo simbólico y de gran ayuda dada la situación de pobreza y olvido que la mayoría de ellos padece.
La presión ejercida por los ex braceros incluyó en su momento la toma del rancho San Cristobal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde habitaba la madre del entonces Presidente Vicente Fox, el 7 de febrero del año 2004. Dada la falta de respuesta a las demandas de los ex bracero afectados hubo una segunda toma del rancho del Presidente el 21 de marzo del mismo año.
Las protestas continuaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluyendo también plantones frente a las casas donde habitaban sus respectivas madres en Morelia y en Toluca.
A partir de 2016 un grupo de ex braceros, liderado por Gutiérrez Méndez estableció un diálogo con el entonces aspirante y hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en los Mochis Sinaloa. En enero y noviembre del 2017, y en Septiembre de 2018, de nueva cuenta se reunieron con él. “El Presidente conoce y reconoce la legitimidad de nuestras demandas y ha ofrecido buscar una solución definitiva a las mismas” señala el líder de los ex braceros.
En ese contexto López Obrador instruyó a la Secretaria de Gobernación atender a los quejosos. En noviembre del año anterior se celebró una reunión entre representantes del movimiento en la sede de la dependencia para dar seguimiento al tema. Sin embargo existe preocupación y molestia en el seno del movimiento, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 no se incluye una partida especial para dar una solución final a esta añeja demanda.
A partir de lo anterior Ventura Gutiérrez y sus seguidores han anunciado que pretenden emprender una marcha desde Mexicali, B.C el próximo 27 de enero para llegar al Rancho La Chingada, en Palenque Chiapas, propiedad del Presidente López Obrador, el 7 de febrero entrante para hacer patente su descontento.
