Observador ciudadano/Enrique Bautista
TLAHUELILPAN Y LA CONSTITUCIÓN MORAL
Los trágicos hechos sucedidos el viernes 18 por la tarde-noche en las afueras del poblado de San Primitivo, del Municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, dejan una serie de dolorosas lecciones y conducen a profundas reflexiones entre la población del país.
El número de defunciones debidas al siniestro referido ascienden a 85 y el de las personas con quemaduras hospitalizadas en diferentes hospitales públicos a 58, hasta el momento de escribir este comentario la noche del domingo 20. Aun cuando comentaristas y opinadores han señalado como responsables directos o indirectos, lo mismo a los líderes huachicoleros, que a técnicos de Pemex por no cerrar la fuga de inmediato, a los miembros del Ejército que llegaron al lugar de la tragedia una vez que fueron enterados de la fuga de gasolina producida por la perforación del ducto afectado y no fueron capaces de detener el flujo de varias centenas de personas que se acercaron con la intención de llenar bidones, cubetas y tambos, que a los ciudadanos que se acercaron al lugar de los hechos con ese objetivo, y a la postre resultaron víctimas del estallido de los chorros de gasolina que se fugaban a borbotones.
Muchos de los opinadores reparten culpas y sugieren que si la tarea de desmantelamiento del fenómeno del huachicol y robo de combustibles se hubiera dado de otra manera (?) la desgracia no hubiera ocurrido; otros disculpan a los ciudadanos afectados por la explosión, señalándolos como personas honestas y trabajadoras, que solo se acercaron al lugar de los hechos para obtener unos litros de gasolina dada la escasez del combustible experimentada en fechas recientes.
La realidad es que los responsables primarios de este terrible siniestro son los delincuentes, tanto de organizaciones criminales como los funcionarios públicos que directa o indirectamente participaron y solaparon el robo de combustibles de Pemex en todas sus variantes durante los últimos 20 años. Entre ellos desde luego deben considerarse los trabajadores operativos, sindicalizados y no, los funcionarios de Pemex, y los altos funcionarios del gobierno que solaparon estos delitos y resultan corresponsables en algún grado en estos hechos. A todos ellos habría que imputarles la responsabilidad jurídica que les corresponde y aplicarles todo el peso de la Ley.
Pero también debe asumirse la responsabilidad en el robo de hidrocarburos, ya sea por omisión o comisión parcial, de vecinos de los ductos afectados que se volvieron cómplices y partícipes de manera colateral de tales hechos, como es el caso en muchas comunidades aledañas a los lugares donde esta actividad creció explosivamente durante los últimos años.
No es moralmente aceptable o excusable que ciudadanos por causa alguna, ya sea pobreza extrema, necesidad, o casualidad, se apropien de bienes que no les pertenecen. Tristemente este tipo de conductas se han venido generalizando en el país como una práctica frecuente durante las últimas décadas; es común que cuando algún furgón de ferrocarril o tracto-camión se accidenta derramando su carga, sea esta de granos básicos, otro tipo de alimentos, o cualquier género de bienes de consumo, salgan de la nada multitudes de personas a llevarse lo que pueden para beneficio personal.
Las causas de estas conductas reprobables, que hace años no eran frecuentes en el país independientemente de la necesidad de la gente, parecieran asociarse al reprobable ejemplo de desarrollo de actos ilícitos e inmorales por parte de autoridades corruptas de todos los niveles, de individuos protegidos por las mismas, de programas televisivos, películas, historietas y corridos musicales que hacen apología de los mismos, y desde luego de la actitud omisa de los gobiernos anteriores para frenar la ilegalidad, aplicar la Ley, e impartir justicia.
Este género de conductas ha ido erosionando paulatinamente la moral y el sentido ético de la sociedad, no la marginación ni la pobreza como muchos señalan. Hay países con más pobres en términos cuantitativos y cualitativos de los que hay en México. En este sentido hay que observar a la India, Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, entre muchos otros, en los que la moral pública, el respeto al prójimo, la solidaridad social, entre otros valores, son fundamentales para la conformación una filosofía de vida.
Tristemente estos principios se han perdido en buena medida en nuestro país y hay que recuperarlos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene claro y ha dado al clavo. Afortunadamente el crecimiento en su popularidad al asumir la lucha contra la corrupción y la ilegalidad, como lo viene haciendo, demuestran que la mayor parte de la población del país comparte sus expectativas de terminar con la corrupción, la delincuencia, la ilegalidad, y recuperar la impartición de justicia, la honestidad, la igualdad, la solidaridad, como valores cívicos fundamentales.
Por ello adquiere también relevancia su iniciativa de promover la difusión de textos como los de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, e impulsar la formulación de una Constitución Moral con la participación de la sociedad.
Estas tareas, aunadas a la demostración de que se perseguirá y sancionará con el peso de la Ley a quienes hayan con su acción contribuido a hacer de la corrupción y la destrucción de los valores cívicos una práctica cotidiana, contribuirán sin duda a que el país recupere el rumbo de desarrollo equitativo y justo que la mayor parte de los ciudadanos demandamos.
Sería deseable que en el caso de la desgracia de Tlahuelilpan se dé con los responsables primarios y directos de los hechos y se les sanciones con todo el peso de la Ley; que en la medida de lo posible se repare el daño sufrido por las víctimas de la tragedia, y que esta desgracia nacional constituya un parteaguas para que la sociedad contribuya de manera activa a extirpar el cáncer de la corrupción, que nos heredaron los pésimos gobierno recientes y que han marcado al país.
