Antes Niños que Ladrillos/Erick Avilés Martínez
¿Están las instalaciones educativas en Michoacán debidamente preparadas para una contingencia natural, entre las cuales se encuentran las sismológicas?
Ante los recientes fenómenos naturales, la respuesta al cuestionamiento la ha dado la cifra oficial de escuelas dañadas en la entidad, así como la gran cantidad de denuncias ciudadanas y comentarios en los medios de comunicación y redes sociales, aunadas a la avalancha de quejas interpuestas ante las instancias respectivas.
Al respecto, resulta pertinente mencionar que el Gobierno Federal ha brindado las primeras estimaciones en cuanto al monto económico necesario para realizar la debida reconstrucción y reparación de los planteles dañados en diez entidades federativas, que ascienden a alrededor de 12 mil millones de pesos para reparar o renovar aproximadamente 13 mil escuelas que resultaron siniestradas.
Esta situación se acentúa y toma matices especiales en la entidad dado que muchas escuelas públicas no están construidas debidamente, ya que por principio de cuentas, la gran mayoría fueron construidas por la necesidad de las personas que recién habitaban una nueva unidad habitacional o comunidad, por lo que muchas escuelas están construidas con materiales precarios sin esperanza pronta de dignificarse, ya que ni siquiera cuentan con la certidumbre de la posesión legal del terreno que ocupan, por lo que no son susceptibles de que se radiquen recursos de las instancias encargadas de construir infraestructura física educativa en ellas.
En paralelo, muchas escuelas privadas, lamentablemente, no cuentan con instalaciones dignas. En su mayoría son muy pequeñas y carentes de espacios recreativos y áreas deportivas que cumplan con las medidas reglamentarias, por lo que la comunidad escolar las tiene que emplear por turnos muy acotados.
Hay algunos planteles de esta modalidad de sostenimiento que llegan al descaro de emplear la unidad deportiva pública de enfrente o un terreno baldío para impartir educación física, obteniendo por supuesto, ganancias producto de las colegiaturas percibidas a partir del usufructo de un bien público.
El sismo nos ha marcado como generación y es a partir de ahora inaplazable que se tomen las medidas pertinentes para que no ocurra una tragedia producto de un fenómeno natural, pero también, para aprovechar y reestructurar los planteles en torno al derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, para lograr que en plantel educativo alguno exista un solo ladrillo mal colocado o faltante que lesione la dignidad de los estudiantes o limite su derecho a aprender.
Por principio de cuentas, es necesario que cada plantel cuente con los debidos dictámenes de protección civil, para que se cuente con un diagnóstico oficial que en caso de ser necesario, se profundice mediante la intervención de peritos en la materia el análisis estructural de los edificios educativos y sus recomendaciones seguidas al pie de la letra por parte de las autoridades competentes.
Es necesario abundar que en Michoacán acentúa la problemática en materia de infraestructura educativa, la falta de información censal, exhaustiva y con año base de referencia. Lamentablemente, el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) no tuvo la cobertura debida en Michoacán. Debido al bloqueo promovido por la Sección XVIII de la CNTE y que quedó impune como consecuencia de la omisión y pasividad de la autoridad educativa de aquel entonces, ahora padecemos las consecuencias de no tener la información precisa ni periódica respecto al verdadero estado de la infraestructura educativa, ni un año de referencia comparable con el resto de las entidades federativas con el que deberíamos contar a partir del CEMABE.
Menos de la mitad de las escuelas michoacanas participación en el CEMABE, acumulando apenas un 47 por ciento, siendo el antepenúltimo lugar nacional en este sentido. En las cifras de los planteles que sí participaron se aprecia que la gran mayoría de los rubros están escasamente cubiertos, contándose con indicadores inaceptables respecto a señalización en cuanto a rutas de evacuación, puntos de reunión y salidas de emergencia, lo cual exhibe que las escuelas censadas no se encuentran preparadas ante una contingencia sismológica de gran magnitud ni han sido debidamente supervisadas al respecto, por lo que debe de haber una gran coordinación interinstitucional para diagnosticar y con ello, estar en condiciones de determinar las acciones preventivas y correctivas a emprenderse.
En ese contexto, sorprende el anuncio de suspensión temporal de la evaluación docente, ordenada por la SEP y el INEE. Sin duda es un posicionamiento que resulta ambiguo e incompleto, ya que no estuvo acompañado de una explicación fehaciente que permitiera que lo que podría aplaudirse como una postura flexible fuese sostenida sin elucubraciones de por medio.
Debido a que esta medida fue difundida sin el contexto ni el sustento metodológico definido, ya hay quienes festinan la suspensión de la evaluación docente como un triunfo propio, ya que se dio la coincidencia de que las afectaciones sismológicas fuesen precisamente en las entidades federativas donde tiene mayor presencia la CNTE, hecho que no debería ser interpretado más allá de una casualidad, pero que ante la pérdida de credibilidad de las cúpulas de la mencionada organización y su desmesurada necesidad de legitimación, han recurrido a colgarse del comunicado oficial para festinar la suspensión temporal como un logro propio ante sus bases.
Por lo anterior, la argumentación de parte del INEE debe ser categórica para que se desvanezca la versión que señala que fue una acción oportunista el aprovechamiento de la coyuntura sismológica para evitar cumplir con una responsabilidad difícil de solventar o peor aún, que fue una medida electorera.
De antemano es preciso subrayar que no es procrastinando la evaluación docente como habría de mejorar la coyuntura electoral para la actual administración federal, sino cumpliendo y haciendo cumplir la ley, de acuerdo al contexto específico que las circunstancias estrictamente de fuerza mayor acoten.
En caso de no aclarar profusamente el comunicado emitido, resultaría inevitable visualizar la posible presencia de un factor político-electoral en relación con la medida tomada, ya que posponer la evaluación después de las elecciones federales de 2018 y a solamente dos meses del relevo gubernamental aparenta ser una simple medida táctica para aplazar el costo político que pudiera acarrearle la aplicación de la evaluación docente.
Desde Mexicanos Primero Michoacán decimos no a la suspensión desacotada e indiscriminada de la evaluación docente, que daña el derecho a aprender de los niños y jóvenes y a la vez se presta a interpretaciones perversas y faltas de sustento, de las cuales los actores político-sindicales sin duda obtendrán ganancia. Por ejemplo, en Michoacán, tanto la geografía como las condiciones de la infraestructura educativa son desiguales, lo cual se reflejó en las afectaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre, ya que, si bien hubo cientos de escuelas afectadas en la entidad, también es cierto que hubo miles de planteles que no sufrieron afectaciones, por lo que por parte del INEE deben generarse y difundirse criterios definidos para conocer si en determinada escuela se pospone la evaluación docente o no. Un primer indicio de la necesidad de postergar el proceso evaluativo debe partir del dictamen de protección civil respecto al estado de la infraestructura de cada plantel educativo.
Al respecto, tanto las autoridades estatales deben tomar cartas en el asunto y proponer a la SEP y al INEE que se expliciten criterios objetivos, escuela por escuela para suspender o continuar con el proceso evaluativo, ya que ello difuminará los mitos que los grupos fácticos intentan consolidar, en detrimento de la rectoría de la educación estatal.
Más aún, por extensión, sería un gran logro que la Secretaría de Educación Pública y el INEE definieran conjuntamente un protocolo de suspensión temporal de los procesos educativos por causas de fuerza mayor, para que no sea de manera discrecional la toma de decisiones, sino conforme a un reglamento debidamente acotado, que proteja el derecho a aprender de los estudiantes y los derechos de los maestros, que garantice la administración transparente y efectiva de los recursos educativos.
Lo más preocupante es que, a la fecha, se aprecia la falta de un programa de soporte y apoyo socioemocional que debería de formular e instrumentar la Secretaría de Educación en el Estado en todas las comunidades de aprendizaje, la cual debe ser una alta prioridad en la política pública educativa, ya que para poder haciendo efectivo el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos es menester garantizar que puedan asimilar de la mejor manera posible los eventos naturales de gran magnitud y que puedan encontrarse en condiciones que les permitan reincorporar su atención al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, Mexicanos Primero ha emprendido una campaña a nivel nacional al respecto, en donde se elaboró un decálogo de atención a los niños, el cual promueve la concientización de que debemos centrarnos en ellos y atenderlos debidamente. Esto se difunde mediante el hashtag #AntesNiñosQueLadrillos y se incluyen numerosos materiales de apoyo para los docentes, estudiantes y padres de familia, de libre acceso en el sitio web http://www.mexicanosprimero.org/index.php/actua-se-parte-del-cambio/ciudadanos/campanas-e-iniciativas/antes-ninos-que-ladrillos
Este es el momento para que levantemos la voz al respecto, para que el movimiento telúrico sirva para hacer las cosas extraordinariamente bien en la infraestructura educativa estatal, tanto pública como privada, poniendo orden y erradicando todo ápice de corrupción, omisión, abandono y lucro indebido, que indefectiblemente acabarán pagando los michoacanos, pero siempre poniendo en el centro de cada acción, garantizar el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos.
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