Nicaragua: destierro de sacerdotes
La dictadura de Nicaragua a la cabeza de la “Familia Imperial”, como la calificaba el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal (1925-2020), viola sistemáticamente el derecho a la libertad religiosa.
Desde 2018 persigue a la Iglesia católica, a quien le confisca bienes y encarcela a sus sacerdotes por el “delito” de decir lo que no gusta a Ortega y Murillo, el presidente y la vicepresidenta.
La dictadura es quien decide qué festividades religiosas se pueden celebrar –ahora todas están prohibidas–, y qué se puede o no decir en las homilías. El gobierno trata de capturar el Evangelio y evitar que se difundan las provocadoras enseñanzas de aquel rebelde palestino del siglo primero.
En el marco de la persecución, el pasado 14 de enero desterró a 19 sacerdotes que estaban en prisión y los envió al Vaticano. La liberación de los religiosos se obtiene después de intensas negociaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la dictadura nicaragüense.
Entre quienes fueron deportados al Vaticano está el obispo Rolando Álvarez (57), encarcelado desde agosto de 2022, y que se había negado a salir del país. El carismático pastor quería estar con sus ovejas y seguir su suerte.
En febrero de 2023, en un juicio de caricatura, Álvarez fue sentenciado a 26 años de cárcel. La Fiscalía nunca pudo demostrar, con pruebas, ninguno de los delitos por los que se le acusaba, pero jueces y magistrados a modo lo condenaron. También salieron del país el obispo Isidoro Mora (53) y 15 sacerdotes de distintas diócesis.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez, ahora en el exilio en Estado Unidos, expulsada por la dictadura junto con otros 222 presos a los que se les quitó la nacionalidad, considera que la persecución contra la Iglesia católica va a continuar.
Plantea que la dictadura se ha propuesto “seguir con la desarticulación de la Iglesia. Todo sacerdote que le moleste será encarcelado y después desterrado”.
La persecución contra la Iglesia católica inicia en 2018 luego de qué sacerdotes protegieron en los templos a manifestantes que protestaban contra el gobierno. No hay que olvidar que en esos eventos fueron asesinados por policías y paramilitares de la dictadura entre 300 y 600 manifestantes.
A partir de entonces se han registrado 740 ataques del gobierno a la Iglesia y 176 sacerdotes y religiosas han sido expulsados o se les ha prohibido reingresar al país. La Iglesia de Centroamérica tiene una larga experiencia en lidiar con el abuso del poder y regresará a proclamar el Reino cuando termine la pesadilla.
