Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López
Historias de Nepotismo y Corrupción
Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales: Tony Judt
La lucha contra la corrupción retomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es nueva como bandera de gobierno. En 1982, hace 50 años, el presidente Miguel de la Madrid la tomó como una de sus prioridades de gobierno.
El 29 de diciembre de 1982 se aprueba y publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, creada en enero de 1983.
Su creación obedeció al propósito del Gobierno Federal de tener un órgano central a través del cual instrumentar acciones que regularan el funcionamiento de sistemas sectoriales e institucionales de control, legalidad y responsabilidad en el manejo de recursos en la Administración Pública Federal.
Para ello se creó en enero de 1983, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación con el objetivo de poner fin al enriquecimiento inexplicable y a la corrupción moral de la sociedad que laceraba a los gobiernos priístas, a la par de la creación de la dependencia se promulgó la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De todas la nuevas obligaciones para las dependencias y entidades públicas, destacó que a partir de entonces los servidores públicos tenía que presentar su Declaración de Situación Patrimonial, como un instrumento para vigilar que los funcionarios reportaran su patrimonio al ingresar al servicio público, así como las modificaciones que sufría este a lo largo del cargo, hasta finalizarlo.
Solventar los gastos de la nueva dependencia y su estructura en combinación con las contralorías internas del aparato gubernamental era muy costoso, sin embargo, se valoraba que los controles servirían para renovar moralmente a una sociedad acostumbrada a ver con normalidad la corrupción.
Sólo como corolario recordemos que desde tiempos de los jefes revolucionarios militares, eran comunes frases como aquella atribuida al expresidente Alvaro Obregón: “no hay general mexicano que aguante un cañonazo de 50,000 pesos”.
La Secretaría de la Contraloría inició actividades bajo la titularidad de un contador público, Francisco Rojas Gutiérrez, muy cercano al entonces presidente de la República.
Su principal ación fue haber enjuiciado a Jorge Díaz Serrano, exdirector de PEMEX (1976-1981), luego de que el senador tuvo que ser desaforado por el Senado, en 1983, acusado de haber comprado dos buques-tanque con sobreprecio.
Fue enjuiciado y declarado culpable de fraude y por ello estuvo en la carcel 5 años, pero desde entonces y hasta la fecha se dudó de su plena culpabilidad. Fue considerado una víctima del poder presidencial, un chivo expiatorio.
El 28 de diciembre de 1994, la ley Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vuelve a reformarse mediante decreto, y se modifica el nombre de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, amplía su acción para intervenir en la aplicación de normas en adquisiciones, servicios, obra pública y bienes muebles.
En 2003, bajo la presidencia de Vicente Fox, la Secodam se trasforma en la Secretaría de la Función Pública, y su importancia crece al adquirir más y más facultades, como son inspeccionar el uso del gasto público; colaborar en todo momento con la Auditoría Superior de la Federación y el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción para el cumplimiento de sus respectivos trabajos y vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos gubernamentales de todas las áreas de la Administración Pública Federal.
Lo cierto es que en sus cinco décadas de existencia, la institución gubernamental no ha logrado el cometido de convertirse en un mecanismo de control eficaz para controlar y transparentar el gasto público y evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
Lamentablemente se ha convertido en una institución para castigar a quienes caen en desgracia al enfrentarse a quienes encabezan los poderes constituídos, especialmente al jefe del Ejecutivo y sus enorme cauda de intereses.
Existen indicios de que muchos de los integrantes de la entonces llamada familia revolucionaria, gracias al poder público que detentaron los presidentes y sus cófrades, logró atesorar tan magníficas fortunas que aún hay generaciones de nietos y binsnietos que pertenecen a las castas doradas sin haber realizado esfuerzo alguno.
Claro que hay quienes supieron administrar y acrecentar sus herencias, otros heredaron los talentos políticos de sus antecesores y lograron destacar por su propio esfuerzo en el poder público, e hicieron sus propias fortunas por si mismos o asociándose a los empresarios.
Lo cierto es que hemos visto a políticos amasar grandes fortunas gracias al poder político que les da ser parte del poder legislativo y litigar a favor de su pecunio; pertenecer a equipos afines al gobierno o ser parte del empresariado aliado al presidente en turno para recibir licitaciones millonarias sin concurso .
Y otra realidad preservada hasta nuestros días, pese a los costosos controles, es el nepotismo tan sancionado por las leyes de responsabilidades, pero tan socorrido.
De acuerdo al diccionario jurídico: "Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato".
Esto viene al tema, porque lrma Eréndira Salazar, ahora estitular de la SFP, desde 5 años antes de ser elegida por AMLO para integrarse a su gabinete fue puesta en evidencia junto con su pareja John Ackerman, por Guillermo Sheridan, en un artículo publicado en Letras Libres, titulado: Ackerman y Sandoval: las casualidades electivas.
El artículo data del 8 de julio de 2016, era el inicio de su ascendente carrera política, juntos, luego de abrazar en forma incondicional la causa de Andrés Manuel López Obrador.
Expone con sarcasmo como esta pareja de "distingidos académicos" y "destacados activistas" se las ingenia para mostrar en su curricula idénticos títulos académicos, asesorías y consultorías en muchos de los más importantes organismos multilaterales y hasta asesorías en la Cámara de Diputados.
Menciona que cuando Irma Eréndira acababa de retornar recién doctorada de California ingresa junto con Ackerman a la UNAM, como investigadores: ella al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), y él al Instituto de Investigaciones Jurídicas (a pesar de no ser abogado).
Con datos meticulosos, aquél artículo escrito, ahora premonitorio acusa a la dupla conformada por John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval de comportamiento nepotista, cuando menos, y no sólo abarca a la pareja, sino que comprende a los padres de Ackerman -Susan Rose y Bruce- y el hermano de Irma Eréndira, Pablo. Todos ellos se integran como equipo a proyectos profesionales y se benefician de recursos financieros públicos y privados.
El autor concluye en su escrito: "no se trata de nepotismo, esa cosa horrible contra la que han escrito todos los miembros de las familias Ackerman y Sandoval. No. Lo que sucede es simplemente que, en su lucha contra la falta de transparencia y los conflictos de interés y la corrupción y el nepotismo, todos ellos, ¿qué le vamos a hacer?, son los mejores".
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros fue despedida por el presidente López Obrador, y solo quedó para la historia la larguísima presentación de logros que enumeró ante el inamovible gesto de molesta indiferencia de su jefe.
AMLO nombró a Roberto Salcedo Aquino, quien dejó la subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, para atender la larga lista de pendientes que deja Sandoval Ballesteros.
El cese de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, mientras no haya una explicación oficial, ocurre a un año de que Carlos Loret de Mola la exhibiera en Latinus junto a su pareja, John Ackerman, como propietarios de bienes inmuebles con valor en el mercado de 60 millones de pesos, cifra cinco veces mayor a la reportada por la funcionaria en su declaración patrimonial como parte del gabinete de López Obrador.
Sus salarios como investigadores de la UNAM -durante 4 años- fue de alrededor de 28 mil pesos mensuales, que no daban para tal enriquecimiento. En su declaración patrimonial, Eréndira Sandoval detalló que los inmuebles reportados los adquirió en copropiedad con su esposo por un total de 9 millones 255 mil pesos. Por cierto, ella sí dio una lucha pero no a favor de la transparencia, sino para no declarar los montos de adquisición de los bienes en copropiedad.
Los especialistas enumeran una veintena de pendientes en las tareas sustanciales de la SFP, entre otras señalan: lograr la colaboración horizontal en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y con la Auditoría Superior de la Federación; así como estalecer formas legales de coordinación con la sociedad civil organizada y junto con la SHCP formular una nueva política de contratataciones públicas.
Durante el gobierno de la Cuarta Trasformación, Sandoval Ballesteros eludió cumplir el marco legal de las contrataciones con recursos públicos: en 2018 el 36.1 % de estos contratos se adjudicaron de manera directa y para 2020 esta cifra aumentó a 42.2%, en tanto que en el rubro "otras contrataciones" en 2019 y 2020 sumaron cerca de 75 mil millones de pesos.
Finalmente, mucho deberá hacerse en la SFP para eliminar la opacidad en el ejercicio del gasto público durante la Cuarta Transformación.
Están pendientes de publicarse los informes de avances y gastos en las grandes obras del gobierno (Aeropuerto, Tren maya, Dos Bocas...); hacer realidad la austeridad republicana con informes puntuales y mayor transparencia en la reorientación del gasto, por ejemplo, el ejercicio por Covid-19, adquisición de vacunas y aún falta dar a conocer el Informe sobre los trabajos de Fiscalización en 2020, entre otras acciones.
