Michoacán, los otros datos de la pobreza/Elizabeth Juárez Cordero

En los últimos 4 años Michoacán disminuyó 11% su población en pobreza, pese al Covid y la tendencia nacional, según Coneval.

Pareciera que los fines de sexenio, no son buenos momentos para destacar lo alcanzado o favorecido por la administración que termina. Sobre todo, cuando parece inminente el cambio de estafeta frente al gobierno estatal, en manos del morenista Alfredo Ramírez, contrario al todavía gobernador en funciones Silvano Aureoles.  

Y porque quizá, la posición más cómoda y de ruta fácil es negar cualquier logro alcanzado ante la nueva realidad y las expectativas que siempre ofrece la llegada de un nuevo gobierno. Sin embargo, sin ánimo de ufanarse, pero sí de evidenciar que algo ocurrió en Michoacán, en materia de pobreza y carencias sociales, bien valdría revisar detenidamente la medición presentada recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).

No está de más recordar que el Coneval, es una institución de autonomía técnica y de gestión, que además de realizar la medición de la pobreza en el país, es la encargada de evaluar las políticas y programas de desarrollo social, actualmente precedido por el  Doctor en Economía José Nabor Cruz, nombrado por el  presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.

Al inicio de la administración estatal actual, la proporción de población en pobreza era de cuando menos 55.9% esto es 2 millones 708 mil 600 personas, de acuerdo con la medición de 2014. Para los siguientes dos años 2016, ésta población en Michoacán registró  55.3%, es decir 2 millones 565 mil 900 personas.

Sin embargo, la mayor disminución en la historia de la entidad, desde 2005 año de surgimiento del Coneval, tuvo lugar entre 2016 y 2018, de poco más de 9.3 puntos porcentuales, con 46%. En ese mismo periodo de tiempo, la medición nacional con la que concluiría el sexenio peñista, fue de apenas una reducción de 1.7%, al pasar de 43.6 a 41.9%.

En este año 2018, México alcanzaba una cifra histórica en percepción de remesas, superando en poco más de 10.5 puntos porcentuales lo recibido en 2017, por su parte Michoacán se situaba en la posición número uno entre las entidades federativas, concentrando casi el 10 de las transferencias económicas nacionales por esta vía.

Además de los indicadores de ingresos en los hogares, en el que la entidad pasó de 33 mil 788 a 42 mil 653 pesos trimestrales promedio entre 2016 y 2018 (ENIGH, 2018), Michoacán presentó mejoraras en prácticamente todas las carencias sociales, principalmente en acceso a la alimentación de 25.9 a 21.1 y servicios básicos de la vivienda de 24.5 a 17.7%. Incluso las carencias en rezago educativo y acceso a la salud disminuyeron, aunque en menor proporción, al pasar de 27.4 a 24.2% y de 22.8 a 21.1%.

La reducción tanto de la pobreza por ingresos como de carencias sociales,  durante los primeros dos años de la administración silvanista, se enmarcan en el periodo de “luna de miel” del gobierno, cuyo bono de legitimidad electoral y expectativas generadas entre la ciudadanía, permitió pese a la conflictividad social cíclica en la entidad, dar cauce y atención a los problemas de gobernabilidad, seguridad y certeza jurídica; como estímulo para la inversión. Además de la cercana relación entre el estado y la federación que permitió en ese primer momento, gestionar recursos para Michoacán, entre ellos los de inversión en infraestructura educativa como en el sector salud.

Otro elemento que no podemos obviar y que ha favorecido de manera importante las condiciones socioeconómicas para la entidad,  aun iniciada la contingencia sanitaria del Covid-19, recae en su productividad agrícola, que de acuerdo con la propia Secretaría del ramo en el país, Michoacán es la entidad que obtiene mayores ingresos por exportación derivado de la venta de productos como el aguacate, fresa y zarzamora, entre otros. Y de ahí que esta sea la principal actividad económica para la entidad y dicho sea de paso, el sector menos golpeado por la contingencia.

Tras el Covid en 2020, pese a los malos pronósticos internacionales como los del Coneval, la pobreza si bien aumento a nivel nacional; poco más de 5 millones de  personas, no alcanzó lo proyectado de casi 10 millones, el país incrementó su población en pobreza en términos relativos de 41.9 a 43.9%, de 2018 a 2020. Los resultados de acuerdo con el propio Coneval pudieron ser peores, de no ser por el impulso de los programas sociales federales.

Sin duda el dato más preocupante para el país, en el contexto de la crisis sanitaria, además del retroceso en pobreza, se observa en el aumento de la carencia en salud de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020, y que tras el cuestionado proceso de transición de Seguro Popular a Insabi, impulsado por el gobierno federal, no logró mantener las coberturas, y por el  contrario ha sumado cada vez más exigencias por la falta de medicamentos especializados e insumos médicos.

En el caso de Michoacán pese el impacto de la pandemia, el ingreso promedio en los hogares se mantuvo, incluso presentando un ligero aumento al pasar de 45 mil 704 a 46 mil 410 pesos (ENIGH, 2020), por su parte la pobreza pasó de 46.2 a 44.5%,  2 millones 133 mil 700 personas, de 2018 a 2020. De modo que, la disminución de 1.7% se suma a la del 9.3% alcanzados en 2018, en este contexto vale recordar las acciones emprendidas por la administración estatal, relacionados con algunos estímulos económicos, como el subsidio de impuesto a la nómina y los  1000 millones de créditos, así como el programa si alimenta.

Sin embargo, el foco rojo en la entidad  se ubica en el aumento de la pobreza extrema, que pasó de 5.3% a 7.6%, mientras que la población en pobreza moderada se redujo de 40.9 a 36.9%, lo que explica que una parte de quienes ya de por si tenían al menos dos carencias sociales, empeoraron su situación al pasar a tres o más carencias sociales. En 2016 la población en pobreza extrema era de 435 mil 300 personas, en 2018 alcanzó 247 mil 700, para 2020 la cifra llega a las 363 mil 700 personas.

Los datos aun reflejan importantes desafíos en la garantía de derechos sociales, mientras sigamos teniendo población sin ingresos básicos para alimentación, en rezago educativo o en dificultades para acceder a los servicios de salud, no puede haber cifras que festejar. En estos dos últimos rubros, los datos son alarmantes, al pasar entre 2018 a 2020 de 27 a 29.4% y 21.2 a 38.7%, respectivamente.

A la víspera de concluir la administración actual estos datos bien podrían ser un insumo para la evaluación sobre las condiciones económicas alcanzadas de 2015 a la fecha, mientras que para la administración entrante, mantener a Michoacán en la misma inercia, fuera de la tendencia nacional de aumento de pobreza, y en el que las carencias en salud y rezago educativo, son los temas urgentes de atender como parte de la agenda social, se convertirán de manera inevitable en el primer examen; siendo la vara de medición, los resultados de su antecesor durante los dos primeros años de la administración.

El desafío no es menor, la importante productiva agrícola como el colchón económico que nos siguen significando las remesas, son por sí mismos piso firme para mejorar las condiciones sociales de los michoacanos, pero no suficientes. Al gobierno venidero le tocará generar condiciones de certeza y gobernabilidad para la inversión y el aumento del trabajo formal, ahí está el segundo reto, generar estrategias contextualizadas que logren potenciar las capacidades económicas de la entidad y al mismo tiempo crear condiciones de bienestar trasversales entre la población, más allá de los ingresos provenientes de los programas federales, que aun cuando positivos no alcanzan para permitir a las familias salir de su condición de pobreza y garantizar a la población derechos tan vitales como la salud.