Mercado de tierras y aguas
Un alto en el camino
A mis Maestros Hernández Palacios y Careaga Olvera
* Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes
Toluca de Lerdo, Estado de México, a 31 de marzo de 2022.
A pesar de la gran extensión territorial de nuestro país, 1,960,189 km2 (INEGI, 2022), existen zonas que en este momento están sufriendo un profundo estrés hídrico y territorial. Las actividades humanas sin un soporte de sustentabilidad han roto los propios sistemas de generación de la naturaleza.
Los casos de sequía extrema en distintas partes del país, principalmente en la zona región norte, y la falta de agua no sólo para actividades primarias ligadas a la producción agropecuaria; sino también para el abastecimiento urbano, caso de Nuevo León y Coahuila. Esta difícil situación de deterioro ambiental nos obliga a hacer un alto en el camino para repensar la planeación del país a partir del territorio y los recursos naturales que tiene inmersos.
Si bien con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, se certificó la propiedad social con el propósito de tenerla plenamente identificada en favor de sus titulares, se abrió también un gran mercado de tierras que, en muchos casos, se celebran contratos de transmisión de derechos o de enajenación, en condiciones precarias y en detrimento de sus titulares originarios. De la misma manera, hay un mercado de aguas que quizá no se tenga plenamente “certificado”, es decir, identificados para saber quiénes son los titulares de esos derechos de agua, volúmenes otorgados y los que efectivamente usan o disponen.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha anunciado que realizará el censo agropecuario entre septiembre y noviembre de este año, que debería ir más allá para saber en qué condiciones se encuentra la propiedad social a 30 años de la reforma de 1992, y considerar en el abanico de preguntas del censo, sobre todo el tema de la situación territorial, la transformación de los usos y aprovechamientos del suelo; así como el aprovechamiento de las aguas y sus distintos usos y volúmenes en la diferentes actividades socioeconómicas. Nos obliga, pues, a hacer un alto en el camino y a lograr un acuerdo de política pública nacional para impulsar el desarrollo a partir del territorio y encaminar los esfuerzos a un uso racional de los recursos, ya que también es una realidad el fenómeno de los desplazados por la depredación de éstos. En dicho acuerdo de política nacional deben ser considerados los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y los núcleos agrarios de cada entidad, es decir, los ejidos y comunidades.
Gran esfuerzo se ha comenzado a realizar por el gobierno federal al impulsar los planes urbanos de desarrollo municipal; lo referente a las Áreas Naturales Protegidas y las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación de los recursos, actividades en las que participan, entre otras dependencias, SEMARNAT, SEDATU, CONANP y Procuraduría Agraria. Instituciones que, en algunos casos, trabajan con recursos limitados, pero, sí se explora también un mercado de tierras y aguas más adecuados a la realidad económica y de certeza jurídica, podrían inclusive obtener recursos económicos para fortalecerse, sí consideramos que en el país se realizan un promedio de 90 mil contratos de enajenación de derechos de tierras de propiedad social en el país (dato propio estimado), sin considerar los contratos que también se realizan al año en materia de aguas.
Es momento de hacer ese alto en el camino que nos haga reflexionar o repensar el modelo de desarrollo económico y ambiental a partir de, entre otros, los resultados que pueda generar el censo agropecuario (amplificado con el tema ejidal y comunal) y contener el aprovechamiento desordenado del territorio que nos pueda llevar a un colapso económico y social.
* El autor es Licenciado en Derecho, Maestro en Desarrollo Rural y en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Diplomado en la Unión Europea.
@gogaes
