Matando la lluvia a cañonazos/Julio Santoyo Guerrero
-Si no los mandan silenciar tenemos que entrar y tirarlos-. La irritación de hombres y mujeres que participaron firmando la solicitud al gobierno de Michoacán para que se prohíban los cañones antigranizo se expresaba en cada momento de las 7 horas en que estuvieron abiertos los módulos en Villa Madero y Acuitzio del Canje. Más de 5 mil personas participaron en este ejercicio de expresión cívica que exige a sus gobernantes aplicar la ley y garantizar el derecho humano a un ambiente saludable, como lo establece el artículo 4° de nuestra Constitución.
-No podemos tolerar más, nos quitan el agua con ollas gigantescas que acaparan todos los escurrimientos, perforan pozos por todos lados, y no conformes con ello con los cañones ahuyentan las nubosidades que pueden traernos agua. Nuestros cultivos se están muriendo-. No hubo un sólo momento en que las personas dejaran de arribar a los módulos para escribir su nombre, la comunidad de procedencia y su firma. Llegaron de Carácuaro, Huiramba, Morelia, de Tacámbaro, y desde luego un torrente de Madero y de Acuitzio.
-Los que tienen cañones nos dicen que somos ignorantes que tienen estudios que demuestran que los cañones lo único que hacen es desbaratar los granizos para que la lluvia caiga suavemente-. El saber popular, el acumulado por cientos de años, transmitido de generación en generación, que sintetiza la observación sobre el comportamiento del clima local y que sirve a la gente del campo para tomar decisiones sobre sus cultivos, el cuidado de animales, las cosechas, el corte de árboles, les indica, sin lugar a equivocarse, que los cañones han modificado por completo la periodicidad y la intensidad de las lluvias. Con todo y la canícula, la cual siempre han considerado en sus cálculos, las lluvias se han modificado.
-En el 2012 también hubo un gran movimiento, con mucha participación, exigiendo que los cañones no siguieran haciendo daño, pero el gobierno no quiso escuchar y las cosas siguieron igual-. Los participantes tienen claridad en que esto deja muy mal parados a los diferentes niveles de gobierno que a 6 años de aquellas protestas no hayan trabajado a este respecto. No se aprobaron entonces normas legislativas para evitar que tecnologías que afectan al medio ambiente se siguieran instalando. Al no hacerlo la proliferación de cañones, según se sabe, llegaría a los mil doscientos en todo el estado. Sin embargo, su operación estaría al margen de la ley. De entrada no cuentan con estudios de impacto ambiental para justificar su procedencia y al parecer ninguno estaría registrado y autorizado por las autoridades federales o estatales competentes. Es decir, operan en la clandestinidad, en la marginalidad legal ateniéndose sus dueños al poder económico que detentan.
La anarquía que sigue privando en diferentes sectores productivos con respecto al tipo de tecnologías utilizadas es la puerta de ingreso para todo tipo de irregularidades que suelen convertirse en problemas sociales. Por ejemplo, la franca inutilidad o complicidad descarada de Conagua para permitir la construcción de decenas de miles de ollas para acaparar agua y la autorización o permisividad para la perforación indiscriminada de pozos está creando en todo el estado las condiciones para detonar cientos de conflictos sociales. Lo mismo ocurre con los cañones antigranizo y con el imparable cambio de uso de suelo que destruye grandes cantidades de hectáreas de nuestros bosques. Atrás de este caos -y la gente del campo lo sabe y lo expresa-, hay un problema bien claro: corrupción.
Si las leyes ambientales tanto federal como estatal prevén este tipo de problema no debiera haber dudas en la actuación para prohibir dichas tecnologías, aún más pueden recurrir al principio jurídico precautorio que suscribió México en la Declaración de Río, derivado de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y que señala que "frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta".
-Tenemos que irnos a todas las instancias para que los cañones nos dejen en paz, pase el tiempo que pase y lo que pase-. Y es que este no es un problema que pueda dejarse pasar, la tensión se agudizará año con año por los estragos económicos que está generando en la agricultura y ganadería tradicionales, en los ecosistemas y en la salud de las personas. La legislatura estatal debe tomar en sus manos este problema y legislar para su prohibición como ya lo hizo Colima y las cámaras federales deben hacer lo mismo dentro de su amplísima y decisiva competencia. No bastan los exhortos, es preciso que le den a las instituciones correspondientes los instrumentos legales para silenciar estos cañones para siempre.
