Los muertos hablan/Óscar Sánchez
En México se intenta normalizar desde la narrativa gubernamental la tragedia nacional de la violencia y sus miles y miles de víctimas, directas y colaterales, que a diario se generan por todo el territorio nacional. Tratar de vender como un “logro” que en los doce meses anteriores solo fueron asesinados 30 mil 968 mexicanas y mexicanos, muchos de ellos apenas unos niños, es una desfachatez.
La narrativa que utiliza la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez es maniquea, pero el llamado que se hace desde Palacio Nacional para que los periodistas y los medios concentren su atención en otros temas, como el juicio que ha iniciado en EU en contra de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no solo es un despropósito, es evidenciar un pavor a la realidad.
El titulo de este texto no es ironía, ni juego de palabras para llamar la atención. Nada más alejado de eso. Cuando se señala que “los muertos hablan”, nos referidos a que el número de homicidios dolosos cometidos el año pasado a nivel nacional revela, indica, señala, apunta, o como le quieran nombrar, a una realidad: la política pública para reducir la violencia, enfrentar el crimen organizado, acabar con el asesinato de personas, no ha dado los resultados que se ofrecieron.
La secretaria referida asegura que hay un decremento de 7.1 de homicidios dolosos respecto al cierre del año anterior al informe, es decir durante el 2021. Sin embargo, a esa cifra habrá que agregar a los cientos o miles de mexicanos y mexicanas que han sido “levantados”, como se dice en ese escabroso mundo de la delincuencia, al secuestro y desaparición de personas.
Frente al tamaño de la tragedia nacional, la reducción de 7 puntos porcentuales en los indicadores de homicidios dolosos a nivel nacional -es decir asesinatos- no es nada. Porque resulta que, de acuerdo a esas mismas cifras que intentan vender como un avance, cada día del 2022 le quitaron la vida por medios violentos a 84.8 personas diarias, en promedio; o lo que es lo mismo se dio muerte a 3.5 mexicanos cada hora o lo que es lo mismo, cada 17. 14 segundos se asesinó a una persona en nuestro país.
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 140 mil homicidios dolosos -asesinatos-. La narrativa oficial de la SSPC indica que el numero es 10 por ciento menos respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero, como decimos, los muertos hablan y las cifras de muertes violentas en nuestro país indican que México es un territorio peligroso, con muchas zonas dominadas por el crimen organizado y otras tantas donde existe una descarada connivencia entre criminales y autoridades municipales, estatales y federales.
Tan los muertos hablan que en la reciente encuesta del INEGI respecto al nivel de percepción de la inseguridad que se vive en México, los datos aportados muestran claramente que derivado de ese entorno de violencia -aún y con las supuestas reducciones dadas a conocer- la mayoría de la población cree que México no es un país seguro para vivir y, lo que es peor, se siente acorralado por ese clima de violencia constante.
Veamos algunos datos del INEFGI.
De acuerdo con los resultados de la cuarta encuesta trimestral del 2022, en diciembre pasado un 64.2 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, en zonas urbanas, percibió como inseguro vivir en su ciudad. Es decir, 64 de cada cien mexicanos describió su entorno como inseguro, contrario a las cuentas alegres del gobierno que hablan de reducción del indicador de homicidios dolosos.
No se trata de especulaciones con los datos de la principal fuente estadística en México, sin de esa realidad a la que muchas veces se le quiere dar la vuelta.
Quienes contestaron que consideran “inseguro” vivir en su ciudad, en realidad se referían en conjunto a la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, porque atestiguaron conductas delictivas o antisociales, cambiaron rutinas por temor a ser víctima del delito, por la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, saber o conocer de hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y/ o extorsión, víctimas de corrupción y saber de víctimas de acoso o violencia sexual, de acuerdo con el comunicado oficial del INEGI.
Es claro que el Gobierno Federal y las instancias gubernamentales encargadas de atender este problema de la violencia y la inseguridad en México no quieren que se aborde esa narrativa, porque saben que ese clima social adverso puede crecer y salir de control, al grado de que pueda definir una elección, la próxima elección presidencial el 2 de junio del 2024.
