Lo ambiental en el debate electoral

Ahora los políticos quieren hablar del medio ambiente, no importa si hasta hace unos cuantos días esta asignatura les importaba un bledo. A los aspirantes a puestos de elección popular se les ha despertado de manera súbita el interés por abordar la crisis ambiental que ha estado ahí.

Muchos de los competidores han sido legisladores, han ejercido funciones en los gobiernos, han sido gobernantes, y poco o nada se ocuparon de la agenda ambiental de sus territorios, pero el milagro de las candidaturas los ha transformado en vehementes ecologistas.

Si cuando tuvieron la función hubieran promovido al menos una iniciativa o política para contener y revertir los graves daños que siguen ocasionando los sistemas productivos insostenibles, a estas alturas otro gallo nos cantara.

Prefirieron a conveniencia ser omisos y en algunos casos ser protagonistas para desmantelar las instituciones cuya propósito es la preservación de los equilibrios ecosistémicos. La última víctima fatal de esta barbarie fue la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la que desaparecieron tras quitarle los recursos con que operaba.

Los candidatos, todos, hoy quieren vestir ropajes verdes y alzarse como adalides de la naturaleza. Buscan articular agendas ambientales para atraer el voto de ese amplio sector de votantes cuya conciencia ha evolucionado al punto de comprender que sin la vitalidad de los ecosistemas la vida humana no podrá seguir.

Es tiempo de elecciones y como es archisabido es tiempo para prometer sin límites. El acceso o continuidad en el poder justifica los costos. Parecería que debemos resignarnos a esta torcedura.

Por una tradición del poder ―no del poder de un partido, sino de las estructuras que deciden los impulsos del poder en sí mismo, el que trasciende a partidos y épocas―, se ha dejado a los partidos y a sus políticos, la determinación para marcar las pautas de cómo se hace una campaña. En esas pautas la ciudadanía aparece en un segundo plano, como objeto, no como sujeto.

En ese modelo interesa el político y el partido, no el ciudadano. El ciudadano es desprovisto de su dignidad y libertad para imponerle mecanismo corporativos, clientelares, se le empuja a la ignominia con el acarreo, se le compra cual mercancía para ser usado y se le infunde miedo para que su voto sea para su comprador.

Las prácticas actuales del poder siguen siendo las mismas que florecieron durante la época del partido casi único. En ese sentido el México actual ha tenido una regresión lamentable que ha borrado gran parte de los avances democráticos de casi tres décadas.

Por la anterior razón es que el acto de ciudadanía, libre, crítico a todo poder, autónomo, debe ser reivindicado como el recurso vital que este país necesita para construir y reconstruir alternativas más allá de las narrativas partidarias y las tendencias autocráticas que están tomando forma.

Por esta misma razón es que la construcción durante el proceso electoral de una agenda ambiental debe estar soportada en una participación cívica vigorosa y crítica, no subordinada, no alineada, sino libre en su análisis de las prácticas de poder que han llevado a México y al estado a la crisis ambiental que a todos preocupa.

Dicha agenda ambiental, como ya se ha prefigurado por distintos actores cotidianos, debe abordar esa cara que no le gusta al poder: el cuestionamiento a las políticas estructuradas en función de un paradigma cuyos resultados han llevado al ecocidio actual, es decir a la crisis del agua, a la deforestación, al cambio de uso de suelo y a la violación sistemática de las leyes bajo el manto de la impunidad, la simulación y la corrupción.

Es tiempo de que las políticas ambientales del país sean consecuentes y congruentes con los principios de sustentabilidad y sostenibilidad que el gobierno de México ha firmado al lado de la mayoría de las naciones del mundo.

El paradigma o modelo de productividad al infinito aplicado a la naturaleza ha sido un desastre. México debe hacer un viraje definitivo para asegurarle a los mexicanos el derecho a un medio ambiente sano y con ello garantizar la supervivencia y recuperación de bosques y aguas.

La continuidad de las políticas ambientales comparsas del arrasamiento de ecosistemas debe romperse sí o sí. La legislación e institucionalidad ambiental deben fortalecerse al punto en que se constituyan en un medio para soportar el desarrollo sustentable del país y no en medio para justificar la destrucción ambiental; un desarrollo que debe contar con la participación viva, no simulada, de los ciudadanos y los actores productivos.

No puede, entonces, convertirse la agenda ambiental en un traje a la medida de ideologías o de políticos, debe constituirse incluso a contrapelo de ellos. Debe construirse, en esta época electoral, con los pies puestos en la realidad no apostándole a las quimeras ideológicas de quienes a priori creen ser dueños de la verdad. Esto obliga a la ciudadanía a llevar su visión autónoma a todos los foros electorales. O hay cambio de paradigma o no habrá cambio de nada.