Letras de cambio/Isabel Arvide

APENAS 600 INTERNOS EN ISLAS MARÍAS…

Llegaron a haber ocho mil internos, separados según su grado de peligrosidad, algunos viviendo con sus familias. Huracanes, decisiones políticas, motines, la falta de condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, redujeron la población penitenciaria de Islas Marías a seiscientos presos.

Hubo mujeres que vivían con mucha libertad, reos recluidos en un penal que se suponía de “altísima seguridad”. Y en su momento llegaron presos políticos que se pretendió alejar del resto del país.

Para las autoridades penitenciarias, para los marinos y militares que vigilan la seguridad, vivir en Islas Marías era muy difícil, situación que se fue convirtiendo en una pesadilla. Un barco llega una vez a la semana, y por avión únicamente autoridades del centro del país.

Es una isla con gran riqueza de flora y fauna que se ha respetado. Es también el peor lugar de castigo que quedaba en el país.

Baste citar que los familiares de los internos muy difícilmente podían cumplir los requisitos para visitarlos, tanto legales como económicos, lo que ocasionaba su aislamiento. O que el agua es mala y escasa. Que la calidad de la comida, pese a su elevado costo, no es buena. Y que los internos estaban a la “buena de dios”, en manos de los custodios, de sus castigos, sin posibilidad de quejarse ante ninguna otra autoridad.

Agréguese la falta de atención médica. Y el acceso a sólo dos cubetas de agua por día para todo lo relacionado con el aseo físico, en un lugar con temperaturas muy elevadas. Es decir, ni siquiera podían bañarse.
Sobre todo, Islas Marías era un símbolo de la corrupción del poder público, que podía enviar a esta “prisión” a cualquiera que no estuviese de acuerdo con sus políticas, como hizo con José Revueltas.

Muchos niños que no conocen el mar, adolescentes interesados en la naturaleza podrán viajar a esta isla que se convertirá en un centro de conocimiento ambiental.

Esta prisión era, también, negocio de unos cuantos. Se gastaban 700 millones de pesos al año para que seiscientos delincuentes sentenciados vivieran muy mal, lejos de sus familias, sin ninguna posibilidad de readaptación social. Se llegó a pagar hasta 450 pesos por los tres alimentos de un interno.

Simplemente, como tantas otras “instituciones” oficiales, no tenía ningún sentido conservar esta prisión. ¿Por qué no se le ocurrió, por ejemplo, a Peña Nieto hacer algo al respecto? Porque para los hombres de poder, sucede también en las entidades federativas, las cárceles no son tema de interés político.

Por esa misma razón, porque a los mandatarios no les interesa la realidad del sistema penitenciario mexicano, nos enteramos de que, en los penales federales, donde sí existe disciplina y control, sobran lugares. Según Francisco Garduño, responsable nacional del tema, estas cárceles tienen espacio para “albergar” a 22 mil internos más. ¿Por qué no han sido trasladados, de las cárceles locales, los responsables del autogobierno, los que venden droga, los que extorsionan desde sus celdas?

Mucho comienza a cambiar cuando se pueden cerrar prisiones símbolo del terror.